"No sé cuánto vamos a poder recuperar, ni siquiera si vamos a recuperar un euro o 500". Así de pesimista se ha mostrado este martes el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, tras anunciar que el Gobierno andaluz acudirá a un nuevo procedimiento por la vía civil para intentar recuperar el dinero defraudado por los ex altos cargos condenados por malversación en la pieza política de los ERE. 

La medida se llevará a cabo una vez que el Tribunal Supremo (TS) haga firme la sentencia tras el recurso que los condenados van a presentar, aunque el proceso, han admitido desde el Ejecutivo, será "complicado" y "llevará mucho tiempo", ya que la Junta tendrá que estar personada en muchos casos durante años para reclamar las cantidades.

En estos momentos, las consejerías de Hacienda y de Empleo están cruzando datos para conocer hasta dónde llega el perjuicio para las arcas públicas –cifrado en 680 millones de euros por la sentencia– y lo que se puede recuperar, datos que el Gobierno dará a conocer la próxima semana.

Y es que, según han explicado, la tarea de rastreo está siendo "muy dificultosa" por la "maraña que estaba muy bien tejida".

Tanto Marín como el portavoz de la Junta, Elías Bendodo, han vuelto a señalar a la expresidenta Susana Díaz como responsable de la actual situación por haber tomado una "decisión política" al retirarse la Junta en 2016 de la causa. 

Si el anterior Gobierno socialista, han dicho, hubiera "mirado el interés" de los andaluces, los ex altos cargos ahora condenados tendrían sus bienes embargados y podría recuperarse una parte del dinero gracias a la imposición de fianzas, que "decayeron" tras retirar la Junta la acusación.

Fianzas que, por ejemplo, ascendían a 4,2 millones de euros en el caso del expresidente José Antonio Griñán; a 6,2 millones para el exconsejero José Antonio Viera; a 3,7 millones para el exconsejero Francisco Vallejo; a 807 millones para el exconsejero Antonio Fernández; y a 686 millones para el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero. 

La vía de los "intrusos"

A la vía civil se suma otra opción para la recuperación de parte del dinero de los ERE, que consistirá, "hasta donde la justicia lo permita", en "perseguir" a los 200 "intrusos" para que devuelvan el dinero recibido ilegalmente, con reclamaciones a las empresas que percibieron las ayudas. 

Mientras, el resto de los "prejubilados de buena fe" que se acogieron a un ERE de manera lícita seguirán cobrando sus prestaciones "con total normalidad" hasta 2025, para lo que  la Junta tiene reservada una partida de 37 millones de euros. 

Asimismo, la Junta tiene previsto reclamar el reintegro de las cantidades que están cobrando las defensas de algunos de los condenados, aunque por el momento tendrá que seguir abonándolas porque "así lo marca el ordenamiento jurídico". 

El PSOE-A, por su parte, ha exigido este martes al Gobierno de coalición del PP-A y Cs que deje de "hacer propaganda" con el caso de los ERE, ya que las acciones para recuperar el dinero llevan en marcha "muchísimo tiempo". No en vano, han afirmado los socialistas, ya se han podido recuperar "más de 80 millones de euros con acciones ante el Tribunal de cuentas y en los juzgados de lo contencioso-administrativo".

Otro juicio para Guerrero

El juez de los ERE ha abierto juicio oral por prevaricación, malversación y tráfico de influencias contra Francisco Javier Guerrero por presuntamente beneficiar con pólizas a cuatro "amigos y vecinos" en una pieza separada del caso. También están procesadas dos personas de Vitalia, dos beneficiarios y la hija de uno de ellos.