La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide penas de seis años de cárcel para los cinco máximos responsables del Grupo iDental por un fraude a la Seguridad Social, valorado en 23,6 millones de euros, y de tres años para dos colaboradores, así como multas que van de los 3,5 millones a los 90,3 millones de euros.
En su escrito de acusación, la Fiscalía, que considera a todos ellos responsables de un delito continuado contra la Seguridad Social perpetrado entre 2015 y 2018, solicita las máximas penas de 6 años y multa de 46,1 millones de euros para Antonio Javier García Pellicer y Vicente Castañer Blasco. La misma pena de cárcel que reclama también para Luis Sans, y los hermanos José María y Juan Garrido López, a los que pide abonar 90.304.807 euros de multa.
Los dos colaboradores -José Luis González Sánchez y Domingo Bejarano-, a los que considera cooperadores necesarios en el delito, se enfrentarán por su parte a 3 años de prisión, y multas de 41,9 y 3,2 millones de euros, respectivamente. Para la Fiscalía se ha producido "un perjuicio millonario a las arcas de la Seguridad Social que se empezó a acumular con la gestión de los acusados Antonio García Pellicer y Vicente Castañer Blasco cuando ocupaban los cargos de responsabilidad en las empresas que conforman el Grupo Idental". Perjuicio que, tras "el relevo de estos y el nombramiento de José Luis González Sánchez como administrador, con la dirección efectiva de los acusados Luis Sans Huecas" y los hermanos Garrido "ha llegado hasta la cifra, incluidos intereses, costas y recargo" de 23.620.980 euros.
En este procedimiento, una pieza separada de la causa en la que se investiga el presunto fraude de las clínicas odontológicas Idental, también es parte acusadora la Seguridad Social que según su escrito de calificación, pide las mismas penas de cárcel para los procesados que las solicitadas por la Fiscalía. En cuanto a las multas, a los siete encausados les reclama el "séptuplo de la cuantía defraudada", que, en el caso de la Seguridad Social, se cree alcanza los 23.757.460 euros.
Dos etapas de fraude
La causa distingue dos etapas en el fraude de iDental, una primera en la que se acumularon 8,5 millones de deuda y una segunda en que llegó hasta los 16,6 millones. A esto suma un tercer periodo, cuando se trató de repetir la estafa con el Instituto Odontológico Asociados (IOA) en el que los impagos fueron de 1,7 millones.
En una primera etapa, estando al frente de las 55 empresas del Grupo iDental Castañer y García Pellicer, la Seguridad Social concluye que los impagos acumulados de febrero de 2015 a octubre de 2017 alcanzaron 8,9 millones de euros, por los que les reclama 11,5 millones en concepto de responsabilidad civil.
En cuanto a las 21 sociedades cuyas participaciones fueron transmitidas en octubre de 2017, acumularon 16,1 millones de deuda, por los que reclama 20,9 millones en concepto de responsabilidad civil a Sans, a los hermanos Garrido y a sus dos colaboradores.
A esto se añaden las deudas acumuladas por el Grupo IOA, que ascienden a 1,3 millones, por la que Sans, los hermanos Garrido y Bejarano deberán ser condenados también como responsables civiles a pagar 1,6 millones. Tras la presentación de los escritos de acusación, a finales de octubre, el juez del caso, José de la Mata, dictó recientemente el auto de apertura de juicio oral por estos hechos, que serán los primeros relacionados con el caso Idental en ser juzgados.
Según De la Mata, el grupo iDental empezó a acumular irregularidades cuando García Pellicer y Vicente Castañer ocupaban los cargos de responsabilidad en sus empresas y que continuaron creciendo tras el relevo de éstos y el nombramiento de González Sánchez. El auto detalla las distintas etapas de iDental y del IOA entre 2015 y 2018, en las que los imputados desarrollaron maniobras que "señalan el ánimo defraudatorio de los responsables del grupo, que revelan el vaciamiento patrimonial del mismo mediante la salida de fondos o generando ficticias obligaciones para su provecho en caso de convenio concursal".
En la causa que se sigue por este fraude en la gestión de iDental, el juez de la Mata requirió a decenas entidades financieras que cesaran de reclamar a los afectados la devolución del dinero que abonaron por unos tratamientos que no llegaron a recibir o que quedaron interrumpidos.
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