El Real Decreto-ley aprobado en el penúltimo Consejo de Ministros del Gobierno en funciones antes del 10-N para frustrar la llamada ‘república digital catalana’ entró en vigor ayer, tras su publicación el pasado martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
A pesar de que Pedro Sánchez asoció la puesta en marcha de esta norma, que modifica varios puntos de hasta seis leyes –alguna de ellas tan importantes como la de Telecomunicaciones o la de Seguridad Nacional–, a la situación que vive Cataluña tras la sentencia del procés, lo cierto es que también afecta al común de las administraciones públicas españolas y, también, a los ciudadanos.
Porque el texto habilita al Gobierno central para acordar, con carácter "excepcional y transitorio", la gestión o intervención de infraestructuras, redes de conexión y servicios de comunicaciones electrónicas (como webs o blogs). Esta habilitación ya existía en temas de seguridad nacional, protección civil o emergencias y ahora también lo será por razones "de orden público".
Según precisa el propio Real Decreto-ley, la decisión del cierre de una web la adoptará el Gobierno a través del Ministerio de Economía y Empresa, que además ve reforzada su potestad de control y sancionadora con el objetivo de hacer "efectivas y reales" estas nuevas facultades dirigidas "a preservar o restablecer el orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional".
Además de la intervención de redes y servicios, el Gobierno también ha regulado en la norma que el DNI es el único documento para acreditar la identidad, en lo que constituye otra medida para parar el llamado ‘DNI catalán’.
Igualmente, el Ejecutivo socialista se sirve de este decreto para obligar a las administraciones que manejen datos personales de ciudadanos (como padrones o censos fiscales) a tener sus servidores en territorio europeo. Aquellas que los tengan en otros territorios, tendrán seis meses para adaptarse al nuevo marco, que también deberá ser respetado por las empresas que contraten con el sector público y manejen datos sensibles. Su compromiso con la privacidad será ahora aún más férreo, bajo amenaza de rescisión de contratos y de no poder trabajar más con la administración.
La Generalitat ya ha anunciado su intención de recurrir al Constitucional. "(El Gobierno) quiere otorgarse el poder para intervenir internet sin orden judicial, un hecho que les acerca más a China que a la UE", aseveró esta semana el consejero catalán de Políticas Digitales, Jordi Puigneró.
Precisamente en la inconstitucionalidad de la norma pone el acento Jordi Ferrer, abogado especialista en derecho digital, que cree que la norma podría chocar con la Constitución tanto "en la forma como en el fondo". En el primer aspecto, porque los Reales Decretos-ley tienen que fundamentarse en "razones de extraordinaria y urgente necesidad" y en este caso "podrían no darse", explica Ferrer, y en el segundo porque estima que debería ser un juzgado quien ordenara el cierre de una web. "No acabo de ver que sea una autoridad gubernativa la que tome la decisión", opina.
"Me parece una medida poco útil en la práctica", asevera Javier Prenafeta, abogado especialista en tecnologías de la Información. Este experto detalla que si a través de una página web se está cometiendo un hecho delictivo, antes de este decreto el sistema ya establecía "otras vías más garantistas con autorización judicial para combatirlo". "Lo lógico", añade, "sería pedirle a un juez que bloqueara estos servicios".
En la exposición de motivos queda claro que es una medida para ir contra las últimas iniciativas del Gobierno catalán, sostiene Prenafeta, pero destila "cierta ambigüedad que se presta a que se pueda decir que el Gobierno va a poder cerrar las webs que le dé la gana".
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