Los partidos políticos ya suspendieron en verano el examen de la negociación para sacar adelante una investidura. La falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios después de cuatro meses ha originado que los españoles vayan de nuevo a elecciones, con el coste que eso supone -cerca de 140 millones- y, en esta ocasión, tampoco han sido capaces de ponerse de acuerdo en recortar en gastos electorales.

Conscientes del coste que supone volver a las urnas, el PSOE propuso que todos los partidos se comprometieran a reducir parte de esos gastos evitando poner publicidad exterior mediante banderolas y carteles electorales -no se incluía la colocación tradicional de carteles y pancartas de la noche del inicio de campaña que recoge el artículo 55 de la Loreg-.

Así, los distintos grupos con presencia en el Congreso debían firmar su documento ante notario antes de las 18.00 horas del pasado miércoles. Prácticamente todos los grupos acudieron salvo el PNV, que no quiso sumarse y, dado que en el documento firmado señala explícitamente que está condicionado a que firmen todos los partidos del Congreso, la falta de unanimidad deja en manos de las propias formaciones decidir si quieren reducir gastos por su cuenta y cómo hacerlo.

Unidas Podemos ya anunció que se ceñirán al acuerdo con independencia de lo que hagan el resto de partidos. De hecho, en la repetición electoral de 2016, la formación morada fue la única, junto con el PSOE y Bildu, que no gastaron en este tipo de publicidad electoral. También los socialistas han anunciado que, pese a no conseguir la unanimidad, "eliminarán la publicidad comercial exterior y la instalación de banderolas en pro de una campaña más sostenible".

Los populares también se mantienen fieles al comunicado que enviaron tras la firma del acuerdo, en el que avanzaron que no colgarían este tipo de publicidad por "coherencia", puesto que los españoles merecen "más propuestas y menos propaganda". Por su parte, Ciudadanos considera invalidado el acuerdo por no haber reunido todas las firmas requeridas, por lo que estudiarán si finalmente eliminan o no este tipo de propaganda.

El argumento de los nacionalistas vascos para no sumarse a esta iniciativa es que su formación no puede competir con el resto de partidos nacionales, pero también la "ridiculez" y el "cinismo" de la propuesta, que según sus cálculos solo reduciría un 10% el total de los gastos al tratarse solo de publicidad exterior. Denuncia que se intente ahorrar con esta medida mientras que no se toca la inversión en medios o en grandes actos de campaña, que es "donde reside el grueso del gasto".

La publicidad exterior mediante carteles y banderolas que emplearon los partidos en la última campaña electoral fiscalizada por el Tribunal de Cuentas, correspondiente a las elecciones de junio de 2016, costó más de 2,4 millones de euros, aunque formaciones como el PSOE, Podemos y Bildu no gastaron nada.

En concreto, el importe total del dinero dedicado a estos fines contabilizados por el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización de las elecciones generales de junio de 2016 asciende a 2.428.508 euros repartidos entre la mayoría de los 18 partidos y coaliciones que se presentaron a aquellos comicios, una cantidad que podría reducirse con el acuerdo de los partidos y que finalmente volverá a gastarse.

De las distintas partidas propuestas para reducir gastos, ésta era precisamente la que más consenso tenía. Ciudadanos, al igual que Podemos, quería ir más allá e incluir un único envío de propaganda electoral que supondría, según los cálculos de la formación naranja, un ahorro de unos 20 millones a las arcas públicas. El partido de Albert Rivera proponía, además, la celebración de al menos dos debates electorales con los candidatos de los cinco principales partidos nacionales, pero ninguna de ellas ha salido adelante.