La exhumación de Franco, los juicios por el asesinato de Diana Quer o el del niño Gabriel, la sentencia de los ERE... Con el verano dando sus últimos coletazos, la Justicia pone rumbo a un nuevo curso con la mochila cargada de asuntos, entre los que sobresale una sentencia histórica: la del 'procés'.

Sin la certeza de si se conocerá en septiembre o ya en octubre y con la incertidumbre de si para entonces habrá un gobierno constituido para afrontarla, la sentencia del "procés" es, sin duda, la de mayor expectación, debido a sus connotaciones políticas y a las reacciones que puede provocar.

De ella depende el futuro procesal del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, de nueve exconsellers de Carles Puigdemont -que sigue huido en Bélgica-, y de dos líderes sociales, los Jordis, por la celebración del referéndum y la declaración unilateral de independencia (DUI) de 2017, ambas ilegales.

Rebelión -defendida por la Fiscalía-, sedición -por la Abogacía del Estado-, malversación y desobediencia. Esa es la horquilla de delitos que pesan sobre los doce que, pese a sus esfuerzos en proclamar su inocencia durante el juicio en el Supremo, se enfrentan a penas de entre siete y 25 años de cárcel, la más alta para Junqueras.

La sentencia contra los responsables del "procés" será crucial en el juicio que comenzará el 20 de enero en la Audiencia Nacional contra el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero; la intendente Teresa Laplana; el entonces jefe de la Policía autonómica, Pere Soler, y el exsecretario general de Interior, César Puig, -segundo de Joaquim Forn, juzgado en el Supremo-.

La Fiscalía acusa a Trapero, Soler y Puig de haber consentido el 1-O y de no frenar el cerco a la comitiva judicial que registró la Conselleria de Economía el 20 de septiembre de 2017, por lo que les acusa de rebelión y pide 11 años de prisión a cada uno. A Laplana le atribuye sedición, en su caso por el 20S, y solicita cuatro años.

De sentencia histórica en sentencia histórica, el Supremo prevé decidir pronto si avala la exhumación de Franco del Valle de los Caídos -promesa del Ejecutivo de Pedro Sánchez- y su posterior reinhumación, bien en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio, como quiere el Gobierno, o bien en la cripta de la Almudena, lugar elegido por la familia.

Otra resolución de gran calado político que se espera, siete años de instrucción después, es la del primer juicio de la macrocausa de los ERE. En ella han sido juzgados los expresidentes socialistas andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, seis de sus exconsejeros y otros 14 exresponsables políticos acusados de los ERE fraudulentos, que hicieron que parte del dinero (741 millones, según Anticorrupción) acabara en manos de "entidades y personas que no cumplían los criterios".

Chaves se enfrenta a 10 años de inhabilitación por prevaricación (el PP-A añade otro de asociación ilícita por el que pide dos años de cárcel), y para Griñán piden seis años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

La sentencia que se prevé inminente es la del borrado de los ordenadores del extesorero del PP Luis Bárcenas, donde están acusados el partido y tres empleados, para quienes, sin embargo, la Fiscalía pide la absolución, motivo por el que las defensas pidieron la aplicación de la "doctrina Botín". Está por ver lo que dice el juez.

Dos casos que conmovieron a todos llegan a juicio en los próximos meses. El primero, el del asesinato del niño Gabriel Cruz, de 8 años, por Ana Julia Quezada, entonces pareja de su padre, que comenzará el 9 de septiembre en la Audiencia de Almería. La autora confesa se enfrenta a prisión permanente revisable, la misma pena que piden para José Enrique Abuín Gey, el Chicle, por el asesinato de la joven Diana Quer, cuyo cuerpo estuvo desaparecido más de un año. Acusado de asesinato, agresión sexual y detención ilegal, será juzgado el 29 de octubre por la Audiencia de A Coruña.

Además de las citadas sentencias, a partir de septiembre se juzgará a los etarras Garikoitz Aspiazu Rubina, Txeroki; Mikel Kabikoitz Carrera Sarobe, Ata; y Soledad Iparraguirre, Anboto.  También la presunta connivencia entre Ausbanc y Manos Limpias para extorsionar, y se retomará el juicio de la trama Gürtel, en concreto la pieza sobre la visita del papa a Valencia en 2006, con Juan Cotino, expresidente de las Cortes valencianas y exdirector general de la Policía, como principal acusado.