Justo un año después de que comenzara –el 13 de diciembre de 2017–, el primer juicio de los ERE, correspondiente a la pieza política, ha quedado visto para sentencia. Los 21 acusados no han hecho uso de su derecho a la última palabra más que para dar las gracias al tribunal, y en el caso del expresidente de la Junta Manuel Chaves, éste ha destacado que las intervenciones de todos los letrados han supuesto para él "una experiencia vital".

Un proceso cuyas cifras hablan por sí solas de la envergadura de la causa: casi siete años de instrucción, 152 sesiones (153 si se prolonga hasta el martes) de juicio, cerca de 600 vídeos grabados, más de un centenar de testigos y una docena de peritos, penas de hasta 8 años de prisión y una sentencia que no se conocerá, como muy pronto, hasta el verano.

Estas son las principales claves del proceso que ahora termina.

¿Qué se ha juzgado?

La supuesta creación por parte de altos cargos del Gobierno andaluz de un "procedimiento específico" para eludir los controles de fiscalización previos de la Intervención General de la Junta en la concesión de ayudas sociolaborales a empresas en crisis entre los años 2000 y 2011.

¿Cuántos acusados se han sentado en el banquillo?

El proceso judicial arrancó con un total de 22 ex altos cargos de la Junta acusados, entre ellos, los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y seis exconsejeros. El número final de procesados es de 21, tras retirar la Fiscalía su acusación contra el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa.

¿De qué delitos se les acusa?

El Ministerio Público les imputa presuntos delitos de prevaricación y, en algunos casos, como el de Griñán, también de malversación. Este último marca la diferencia entre la solicitud de penas de cárcel e inhabilitación (prevaricación y malversación) o solo inhabilitación (prevaricación). Se piden penas de hasta ocho años de prisión y 30 de inhabilitación (listado de todos los acusados y las penas que afrontan al final de la noticia).

¿Cuáles han sido las conclusiones finales de la fiscalía anticorrupción?

Los fiscales han cifrado finalmente en 680 millones de euros la cantidad destinada por la Junta entre 2000 y 2009 para el pago de las ayudas investigadas y que "no debieron salir de las arcas públicas", por lo que se generó un "evidente" riesgo de menoscabo de fondos. Afirma que los expresidentes Chaves y Griñán, así como los exconsejeros Zarrías, Vallejo y Fernández no hicieron nada por frenar el sistema de ayudas, pese al "conocimiento de las irregularidades", tanto por su parte como por parte del resto de acusados. Incide en que el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero no pudo actuar solo.

Habla la Fiscalía de un sistema de concesión ayudas "totalmente opaco" en el que las "ansias de rapidez y agilidad" a la hora de dar las ayudas eliminó "todos los mecanismos de control establecido". Y apunta también a un "enriquecimiento" de ciertas empresas y personas mediante un sistema "injusto y arbitrario".

¿Qué alegan las defensas y la acusación particular?

Los acusados han reiterado su inocencia durante los interrogatorios, alegando tanto Chaves como Griñán que desconocían el programa de concesión de las ayudas. Sus letrados han pedido la absolución de sus clientes.

Por su parte, la acusación particular ejercida por el PP se ha adherido al informe de la Fiscalía, con la misma petición de penas. Sin embargo, el sindicato Manos Limpias ha retirado todas sus acusaciones contra Chaves y otros dos acusados y ha retirado igualmente el delito de malversación para todos los procesados.

¿Cómo se ha desarrollado el proceso?

Apenas se han producido incidentes destacables durante la celebración del juicio. Si bien el presidente del tribunal tuvo que llamar la atención en numerosas ocasiones a las partes por lo mucho que se estaba alargando el proceso debido, según explicó, a la reiteración innecesaria de muchas preguntas. Esto provocó que se tuviera que incrementar el número de sesiones semanales para evitar una prolongación en el tiempo.

Los acusados no han tenido que estar presentes en la sala durante todo el proceso, tan solo al principio, durante su declaración, y en la recta final del juicio.

¿Cuándo se conocerá la sentencia?

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) no se aventura a dar una fecha concreta. Pero la experiencia previa de otras macrocausas indica que el fallo no se conocerá antes de los seis meses. Y, atendiendo a otros casos, probablemente sea más tiempo. El juicio por la trama Malaya duró casi dos años y la sentencia tardó en salir un año y dos meses. El de la Gürtel se prolongó algo más de un año y el fallo se conoció seis meses después. Y del caso Nóos, proceso que duró seis meses, no se conoció hasta ocho meses después.

¿Es este el único juicio de los ere que va a haber?

No, este proceso ha sido solo el principio de la macrocausa. A partir de ahora, se irán desarrollando los juicios relativos al resto de piezas abiertas por la jueza María Núñez, correspondientes a ayudas concretas.

Manuel Chaves, expresidente: 10 años de inhabilitación

José Antonio Griñán, expresidente: 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación

José Antonio Viera, exconsejero de Empleo: 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación

Antonio Fernández, exconsejero de Empleo: 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación

Francisco Vallejo, exconsejero de Innovación: 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación

Gaspar Zarrías, exconsejero de Presidencia: 10 años de inhabilitación

Carmen Martínez Aguayo, exconsejera de Economía: 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación

Magdalena Álvarez, exconsejera de Hacienda: 10 años de inhabilitación

Agustín Barberá, exviceconsejero de Empleo: 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación

Jesús María Rodríguez, exviceconsejero de Innovación: 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación

José Salgueiro, exviceconsejero de Economía: 10 años de inhabilitación

Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo: 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación

Juan Márquez, ex director general de Trabajo: 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación

Manuel Gómez, ex interventor general de la Junta: 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación

Antonio Vicente Lozano, ex director general de Presupuestos: 10 años de inhabilitación

Francisco del Río, ex jefe del gabinete jurídico de la Junta: 10 años de inhabilitación

Miguel Ángel Serrano, ex director general de la agencia IDEA: 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación

Jacinto Cañete, ex director general de la agencia IDEA: 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación

Juan Francisco Sánchez, ex secretario general técnico de Empleo: 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación

Lourdes Medina, ex secretaria general técnico de Empleo: 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación

Javier Aguado, ex secretario general técnico de Empleo: 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación