Manuel Fernández Guerra, fiscal del caso de los ERE, considera que el expresidente andaluz José Antonio Griñán "ha sido plenamente acreditado" que, mientras era consejero de Hacienda entre 2004 y 2009, recibía informes del interventor y ante sus avisos de irregularidades "pudo y debió" poner fin a las ayudas investigadas. Por otro lado, subraya que el proceso de concesión y pago de esas ayudas debía contar con la aprobación de Manuel Chaves, expresidente de la Junta de Andalucía.

El fiscal ha expuesto este martes su informe final, en el que concrerta la aparición de cada uno de los 21 ex altos cargos de la Junta procesados en los hechos investigados.

En el caso de Griñán ha señalado que "no cabe la menor duda" de que como consejero de Hacienda era uno de los destinatarios de los informes de control financiero de la agencia IDEA, encargada de pagar las ayudas. El fiscal pide para él 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

El interventor alertó en sus informes del uso inadecuado de las transferencias de financiación de Empleo a IDEA y de que la Dirección General de Trabajo estaba dando ayudas "prescindiendo del procedimiento legalmente establecido".

El fiscal ha reproducido la declaración que voluntariamente hizo en 2015 el exinterventor general Manuel Gómez —también procesado en este juicio— ante el Tribunal Supremo, en la que explicó que sus avisos eran "suficientemente relevantes" como para que Griñán tomara medidas.

Entonces el exinterventor sostuvo que Griñán, como consejero de Hacienda responsable de velar por las arcas públicas, pudo ordenar a la Consejería de Empleo dejar de tramitar las ayudas, informar al Consejo de Gobierno de las irregularidades detectadas y "podía perfectamente ordenar que se suspendieran los pagos".

Aunque entonces el Supremo no vio indicios de malversación en la actuación de Griñán, el fiscal ha defendido que desde 2015 hasta el fin de la instrucción por el Juzgado 6 de Sevilla en 2016, las diligencias practicadas sí permitieron concluir la existencia de tales indicios que "han sido plenamente acreditados" en este juicio.

Los fiscales han incidido en que, además de Griñán, conocieron los avisos del interventor sobre las irregularidades en la concesión de las ayudas, su viceconsejera Carmen Martínez Aguayo —que afronta la misma pena que Griñán—, los exconsejeros de Empleo e Innovación Antonio Fernández y Francisco Vallejo o los exviceconsejeros Agustín Barberá y Jesús María Rodríguez Román —8 años de prisión—.

Juan Enrique Egocheaga, fiscal Anticorrupción, ha afirmado este martes que el cambio que implantó en 2000 el "procedimiento específico" de concesión y pago de las ayudas de los ERE exigía la aprobación de Manuel Chaves, por entonces presidente de la Junta de Andalucía.

El Ministerio Público acusa a Chaves por un delito de prevaricación, y pide para él 10 años de inhabilitación por su participación en el diseño del llamado "procedimiento específico" con el que del 2000 al 2009 se dieron 680 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis con créditos "inadecuados" y sin fiscalización previa.

Para el fiscal, Chaves sabía que la modificación en la forma de presupuestar los fondos destinados al pago de las ayudas "no era un simple cambio menor" y que "la consecuencia lógica era que se suprimía la fiscalización previa de las ayudas que se dieran con cargo a esos fondos".

Por ello, la "trascendencia de esos cambios hacen difícilmente asumible que el consejero de Empleo tomara esta decisión por sí solo" y que "convenciera a la consejera de Hacienda" para que la asumiera, "sino que exigió la decisión aprobatoria del superior jerárquico de ambos, el presidente de la Junta de Andalucía, el señor Manuel Chaves".

Unos informes en los que fue "clave" el adicional elaborado en 2005, sobre el ejercicio 2003, para el que el interventor pidió a la Dirección General de Trabajo una muestra de 20 expedientes de concesión de ayudas de cuyo análisis sacó hasta 18 "graves deficiencias" que le llevaron a concluir que se estaba "prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento legalmente establecido".

"No cabe alegar que son numerosos los informes que llegan de la Intervención para justificar la no lectura", ha expuesto el fiscal en alusión a lo declarado por Aguayo durante la instrucción y en el juicio.

Ha incidido en que incluso el informe adicional de 2005 motivó una reunión con el interventor Gómez; el consejero Antonio Fernández; el viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá; el director de Trabajo (Javier Guerrero), y el director de Presupuestos, Antonio Lozano, para abordar los problemas detectados aunque "nada cambió".

Los incumplimientos se mantuvieron y se siguieron recogiendo en los informes de control financiero de IFA (ahora IDEA), pese a lo cual el interventor "no volvió" a recabar más muestras de expedientes para comprobar si sus avisos habían causado cambios ni ordenó retener créditos, como en 2004, ante el "déficit" en IDEA que "provocó" el director de Trabajo Javier Guerrero, que comprometió ayudas superiores al crédito transferido a la agencia para su pago.

Ni los responsables de Empleo cambiaron el sistema de concesión y pago de las ayudas ni el consejero de Innovación Francisco Vallejo y los directores de IDEA Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete impidieron que la agencia pública, pese a que desde 2004 ya no dependía de Empleo, siguiera siendo utilizada para pagar ayudas que daba la Dirección de Trabajo, pese a que ello generaba un "déficit o desfase presupuestario" que recogían sus auditorías externas.