Berlín se ha convertido en la última ciudad que ha anunciado medidas para luchar contra la gentrificación. Para ello, ha anunciado que a partir de 2020 congelará el precio de los alquileres durante cinco años.

El gobierno regional de la capital alemana ha introducido un tope al precio de la vivienda de alquiler, según el cual los arrendamientos no podrán subir durante cinco años y quedarán congelados a niveles acordes a los alquileres de referencia en sus respectivas zonas. El plan entrará en vigor el próximo año, pero para evitar que los propietarios traten de subir los alquileres hasta entonces se prevé que sea con efectos retroactivos a partir del próximo julio.

El plan aprobado por el ejecutivo liderado por el socialdemócrata Michael Müller y con los Verdes y La Izquierda como socios de coalición afectará a 1,6 millones de viviendas. Este programa llega después de que a nivel federal se implantara un programa que incluye ayudas a la compra de la primera residencia, la construcción de más vivienda social y un plan para aumentar la oferta de suelo, que aspira a levantar 1,5 millones de viviendas.

Esta ley berlinesa contempla también limitar el precio de los alquileres, si bien todavía no se ha establecido dicho tope. Además contempla multas de hasta 500.000 euros para los infractores.

Además de Berlín, otras grandes capitales de todo el mundo han tomado medidas para proteger a los inquilinos. En España, el anterior equipo de Gobierno de Manuela Carmena intentó controlar el fenómenos de los pisos turísticos en Madrid pero la Justicia anuló su moratoria, mientras que la Generalitat aprobó en mayo un decreto ley para limitar los precios de alquiler y que no superaran en un 10% el índice de referencia en barrios y ciudades con una "falta acreditada de vivienda asequible".

En el caso de las viviendas que ya estén alquiladas previamente a la declaración de área con mercado de vivienda tenso, el propietario puede continuar arrendado al precio anterior, y también se contempla que se puedan excluir de la limitación las viviendas con una superficie útil superior a los 150 metros cuadrados. El objeto de la norma es regular la contención de rentas en contratos de arrendamiento de vivienda que sean residencia permanente del arrendatario, que se sitúe en las áreas declaradas con mercado de vivienda tenso y que no sea de protección oficial.

Las características para declarar área de vivienda densa son: que el precio del alquiler de vivienda experimente un crecimiento sostenido claramente superior al de la media de Cataluña; que la carga media del alquiler en el presupuesto familiar supere claramente a la catalana; que el aumento de la densidad demográfica no se corresponda con el aumento del parque de vivienda; que haya poca vivienda vacante en situaciones de fuerte incremento de la demanda, o que el precio suba más que el IPC en el área afectada.

Se trata de una medida pionera en España, aunque la limitación catalana se inspira en el Código Civil alemán, que regula los alquileres desde hace 30 años, según informó la Conselleria de Justicia, que destacó que otros países como Italia, Portugal, Austria y Suiza también las tienen.

En Barcelona, el negocio de alquilar los pisos para estancias vacacionales a través de portales como Airbnb incrementó desde 2010 un 35% el precio de los arrendamientos. Por eso, en marzo de 2017, el Ayuntamiento de la ciudad condal regido por Ada Colau puso en marcha el Plan Especial Urbanístico de Alojamiento Turístico (PEUAT) con el objetivo de regular los alojamientos de uso turístico, "responder a la demanda ciudadana" y "garantizar el derecho a la vivienda", según la web oficial del proyecto.

El PEUAT dividió Barcelona en 4 zonas -parecidas a los anillos madrileños- en las que se restringía, en mayor o menor medida, la concesión de licencias para estos fines. Dos años después de su puesta en marcha, el plan especial ha contentado a los vecinos de la ciudad y a las personas que buscan piso, pero ha recibido críticas del sector hotelero, que incluso ha recurrido a través de varias demandas el documento.

La capital austríaca se conoce como "la capital con las casas más asequibles" gracias a su larga protección de la vivienda. Allí, seis de cada diez vecinos viven en apartamentos que son de propiedad pública o pertenecen a fondos sin ánimo de lucro, lo cual ha ayudado a frenar el aumento de los precios.

En Viena, una vivienda social no puede costar más de 3.317 euros a una persona o 6.245 euros a una familia de cuatro miembros al año. Los apartamentos pueden pasarse de generación en generación de una misma familia, un aspecto que los críticos con este sistema aseguran que no se tienen en cuenta los cambios en los ingresos y la estructura de las familias. Para sostener este sistema, el 0,5% de los salarios pagados en Viena se destina a dotar de recursos a los poderes públicos para que tengan un peso decisivo en el mercado inmobiliario local.

A partir del 1 de julio la capital francesa recupera una medida que había sido suspendida pero que ya se puso en marcha entre 2015 y 2017 y que tiene como objetivo limitar el precio de los alquileres, especialmente cuando los propietarios cambian de inquilinos y aprovechan para dar un estirón a su renta.

La capital francesa está además estudiando medidas que controlen el alquiler de pisos turísticos, como su prohibición para estancias cortas en el centro de la ciudad.

En la capital sueca los alquileres están también regulados y el 44% de las viviendas arrendadas son alquiladas por propietarios individuales. Sus rentas se fijan cada año teniendo en cuenta tanto a propietarios como a inquilinos.

Para acceder a uno de estos alquileres regulados, los suecos tienen que apuntarse en una lista de espera de hasta 20 años o ganar un sorteo. La espera se hace larga pero a quienes lo consiguen logran una casa que puede conservar toda la vida o cambiarla por otra (aunque el subarrendamiento se limita a los militares).

Este sistema ha dado lugar a un mercado negro en el que los posibles inquilinos compran contratos de arrendamiento con recarga o subarrendan ilegalmente. De hecho, en 2017 se publicó un estudio realizado por el Gobierno en el que se observó que uno de cada cuatro contratos de alquiler son fraudulentos.

Los legisladores de Nueva York aprobaron este viernes 14 de junio un proyecto de ley que busca proteger a las familias de rentas bajas de la escalada de los precios del alquiler. Para ello, se prohíbe que un inquilino suba el precio del arrendamiento cuando cambia de inquilinos o que les cobre a estos por renovaciones en el piso.

Esta medida afecta a unos 2,4 millones de neoyorquinos, de un total de 8,5 millones de residentes que viven en cerca de un millón de apartamentos en alquiler con el precio controlado.

Desde 1994, unas 300.000 alquileres controlados se han perdido en Nueva York. Estas cifras han obligado a muchos vecinos de la Gran Manzana de clase media o con bajos ingresos a desplazarse a otras zonas más asequibles.