El aumento exponencial del número de viviendas turísticas en España -gracias, en gran parte, a las aplicaciones online como Airbnb o Homeaway- ha hecho que los Ayuntamientos de las principales ciudades de nuestro país comiencen a regular su crecimiento.

Repasamos las medidas que han tomado algunos Consistorios para frenar la aparición de este tipo de alojamientos.

El Consistorio de la capital liderado por Manuela Carmena lleva varios meses estudiando cómo poner coto a los pisos turísticos en el centro de la ciudad. Para ello, el pasado mes de julio se aprobó de manera inicial el Plan Especial de Regulación del Uso de Hospedaje, un documento que divide la ciudad en tres anillos -siendo el anillo 1 el más saturado y el anillo 3 el menos-.

El Plan -que todavía no se ha puesto en marcha de manera oficial- exigirá un un acceso independiente para poder implantar el uso de hospedaje en edificios residenciales dentro de los anillos, lo que ilegalizaría el 95% de los pisos turísticos que operan en la actualidad, según las previsiones del Ayuntamiento.

Actualmente, los propietarios de una vivienda pueden alquilar sus pisos para uso turístico hasta un máximo de 90 días al año necesitar licencia. Hasta que se aprueben las nuevas medidas, existe una moratoria que impide que se concedan nuevas licencias en el centro de la capital.

En el mes de marzo del año pasado, el Ayuntamiento de la ciudad condal regido por Ada Colau puso en marcha el Plan Especial Urbanístico de Alojamiento Turístico (PEUAT) con el objetivo de regular los alojamientos de uso turístico, "responder a la demanda ciudadana" y "garantizar el derecho a la vivienda", según la web oficial del proyecto.

El PEUAT dividió Barcelona en 4 zonas -parecidas a los anillos madrileños- en las que se restringía, en mayor o menos medida, la concesión de licencias para estos fines.

Año y medio después de su puesta en marcha, el plan especial ha contentado a los vecinos de la ciudad y a las personas que buscan piso, pero ha recibido críticas del sector hotelero, que incluso ha recurrido a través de varias demandas el documento.

La ciudad del Turia ha sido una de las beneficiadas de la nueva Ley de Turismo de la Generalitat Valenciana, que obliga a cualquier propietario que quiera inscribir su vivienda en el registro de apartamentos turísticos de a Agencia Valenciana de Turismo a tener antes un informe favorable de su ayuntamiento.

El Consistorio pretende que solo puedan inscribirse en la capital los inmbuebles que  se sitúen en la planta baja o en el primer piso de los edificios para no perturbar el bienestar de los vecinos.

A pesar de estas medidas, residentes de distritos como Ciutat Vella creen que el problema más grave de su entorno es la proliferación de pisos turísticos, según un reciente estudio publicado el mes pasado.

Las ciudades más turísticas de Andalucía también han visto como las viviendas turísticas han proliferado. Según datos del Registro de Turismo de Andalucía a los que tuvo acceso 20minutos en el mes de octubre, había en la región un total de 42.408 pisos de este tipo, un 60,7% más que el año pasado.

El Ayuntamiento de su capital anunció en junio que pondría en marcha medidas -entre ellas, una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la Sevilla- para regular estas viviendas.

Recientemente, el concejal de Turismo de Sevilla, Antonio Muñoz, destacó en la Mesa para la Lucha contra la Oferta Ilegal de Alojamientos Turísticos de la urbe que va a promover "el máximo diálogo con todas las partes que puedan estar implicadas", incluida la Asociación de Viviendas Turísticas y Vacacionales de Andalucía (AVVA).

A lo largo de toda la provincia, y sobre todo en las ciudades de costa, han aumentado el número de viviendas turísticas, lo que acaba reduciendo el parque de vivienda disponible para los residentes.

A pesar de que la oposición al gobierno de la ciudad (liderado por el Partido Popular) ha pedido una regulación al respecto, el Consistorio achaca las competencias en esta materia a la Comunidad Autónoma.

Por ahora, se ha aprobado una ordenanza por la cual, a partir del 1 de enero del año próximo, los propietarios de pisos turísticos estarán obligados a pagar la tasa municipal de basuras (entre 63,9 y 255,6 euros).