El Supremo, los políticos presos, la Mesa del Congreso y ahora también el grupo parlamentario popular. En esta película -que aunque no lo sea, se le parece- hay múltiples actores. El último en entrar en escena es el PP, que registrará en la Cámara una modificación de la ley de indultos para prohibir el ejercicio como diputados a aquellos condenados por delitos de sedición y rebelión.

El anuncio oficial se ha hecho oficial durante el acto de campaña en el que el secretario general del partido, Teodoro García Egea, ha acompañado al candidato a la Alcaldía de Madrid, José Luis Martínez Almeida. El siguiente paso es llevar a cabo registro en el Congreso, tal como han apuntado fuentes populares.

En la proposición de ley, el PP explica que se ha dado "una situación insólita para la mayoría de los ciudadanos que ha generado una enorme alarma social" y aclara que el indulto solo es "asumible cuando en su concesión concurran las razones de justicia, equidad o utilidad, algo que en absoluto se da en este caso".

"Utilizar esta figura jurídica como moneda de cambio con fines políticos partidistas subvertiría la propia naturaleza de la gracia del indulto, supondría un ataque a los pilares básicos de la democracia como son la separación de poderes y la igualdad ante la ley", prosigue.

Esta decisión se ha confirmado poco después de que el Tribunal Supremo devolviera a la Mesa, y por tanto desdijera a la presidenta Meritxell Batet, la potestad para decidir sobre la suspensión o no de los políticos presos electos como diputados.