El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ve "margen" para redefinir la cesta de impuestos en España para favorecer al crecimiento, así como para revisar los "elevados" beneficios fiscales, como las "dudosas exenciones", deducciones y tipos especiales reducidos que generan "pérdidas importantes" de recaudación y "distorsionan la eficiencia y la equidad del sistema impositivo".

Así lo ha señalado  durante su intervención en la asamblea anual de socios del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), en la que ha abogado por una revisión de la composición de los gastos y de los ingresos públicos, ya que podría contribuir de forma "decisiva" a la mejora del crecimiento potencial de la economía.

Hernández de Cos ha alertado sobre el elevado endeudamiento público como una de las principales vulnerabilidades de la economía española, al cerrar 2018 en el 97% del PIB, más de 60 puntos por encima del registrado en 2017, así como del elevado déficit público, que se situó en el 2,5% del PIB el año pasado, ya que hay un componente estructural que no se ha reducido "prácticamente nada en cuatro años".

Por ello, aboga por retomar el proceso de consolidación presupuestaria, por el cumplimiento de las directrices del denominado brazo preventivo del Pacto de Estabilidad y por que España siga cumpliendo con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento suscrito con Bruselas, ya que las directrices del brazo preventivo en el que entrará España tras abandonar el procedimiento correctivo son las "adecuadas".

Asimismo, ha apostado por una revisión de la composición de los gastos y de los ingresos públicos, puesto que ve "margen" tanto para aumentar la eficiencia del gasto público y reorientar su composición hacia aquellas partidas con mayor incidencia sobre la acumulación de capital físico, tecnológico y humano como para redefinir la estructura de la cesta de impuestos con el objetivo de que favorezca más el crecimiento.

"La existencia de elevados beneficios fiscales en nuestro sistema impositivo, derivados de la presencia de numerosas exenciones, deducciones y tipos especiales reducidos, que generan pérdidas importantes de recaudación y distorsionan la eficiencia y la equidad del sistema impositivo, es un buen ejemplo de los márgenes existentes en esta materia", ha subrayado.

El Gobierno incluyó en el Programa de Estabilidad remitido la semana pasada a Bruselas una revisión encargada a la AIReF del gasto público en el que se incluían 57.187 millones en beneficios fiscales y la revisión de doce exenciones.

No obstante, Hernández de Cos prevé que la actual fase de expansión de la economía española se prolongue durante los próximos años, apoyada en el mantenimiento de factores como las mejoras competitividad, el reforzamiento de la situación patrimonial de empresas, familias e instituciones financieras, el tono acomodaticio de la política monetaria y la prolongación de la orientación ligeramente expansiva de la política presupuestaria.

En todo caso, espera una "desaceleración" gradual del PIB a valores más alineados con su tasa potencial de avance, que se situaría en el entorno del 1,5%, por el agotamiento de factores como la política monetaria y el contexto global "complejo e incierto", como la economía de la zona euro, el Brexit o; en el ámbito interno, las dudas sobre el futuro de la política presupuestaria y las reformas estructurales.

Además de advertir sobre el elevado endeudamiento público y la deuda, Hernández de Cos ha hecho hincapié en la disparidad de las regulaciones a escala municipal y autonómica y en la existencia de determinadas regulaciones (fiscales o laborales) destinadas a favorecer a las pequeñas y medianas empresas que, sin embargo, pueden desincentivar su crecimiento.

Por otra parte, sobre el sistema de pensiones ha vuelto a alertar de que garantizar la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones y salvaguardar la equidad intergeneracional requerirán medidas adicionales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos.

A este respecto, ha apuntado que las reformas de 2011 y de 2013 incluyeron algunos elementos de ajuste que permitían contrarrestar de manera "significativa" el efecto del incremento esperado de la tasa de dependencia en el largo plazo. En cambio, las últimas medidas en esta materia "han retrasado la aplicación del factor de sostenibilidad hasta 2023 y han reintroducido un sistema de revalorización anual de las pensiones en línea con el IPC".

En este punto, ha alertado sobre el envejecimiento poblacional y ha indicado que la tasa de dependencia (porcentaje de población mayor de 66 años en relación con la población comprendida entre 16 y 66 años) superará en España el 50% a mediados del presente siglo, muy por encima del 25% actual. El envejecimiento impacta ya en las finanzas públicas y lo hará de manera notoria en el gasto público en pensiones, sanidad y cuidados de larga duración.