La Audiencia Nacional ha admitido a trámite, en contra del criterio de la Fiscalía, el recurso presentado por el Banco Santander contra su imputación en calidad de heredero en la causa que investiga la quiebra y liquidación del Banco Popular y deja sin efecto su condición de investigado.

El Ministerio Público rechazó, el pasado 11 de abril, el recurso de la entidad que preside Ana Botín ya que, pese a que el banco no tenía antes de la fusión responsabilidad penal en los hechos, si se le debe atribuir a la nueva sociedad.

El titular del juzgado central de instrucción nº 4, José Luis Calama, ya rechazó el pasado 20 de marzo otro recurso del Santander, al considerar que es necesaria su presencia "en concepto de investigado, con todos los derechos propios de tal condición".

En el auto conocido hoy, la Sala recuerda que el Santander deja de estar imputado "sin perjuicio de lo que más adelante y, resultado de las diligencias de investigación, pudiera resultar, manteniéndose su legitimación como responsable civil".

El Banco Santander, prosigue el auto, no tenía "ninguna imputación ni responsabilidad penal como consecuencia de los hechos que se investigan, por lo que no se pueden trasladar sin más los posibles defectos de organización de la entidad absorbida, el Banco Popular.

No hay "dato alguno" que indique la participación "ni siquiera indiciaria" del Santander en los hechos, pues no intervino en la ampliación de capital investigada ni en la supuesta manipulación del valor de las acciones del Popular. Por eso, entiende la Sala que el Santander no tiene que responder por hechos en los que no ha tenido ninguna intervención "ni culposa ni dolosa".

Los magistrados recuerdan, además, el precedente de Banco de Valencia, no se comprende que en aquella ocasión una entidad que había recibido 6.500 millones de euros de dinero público fuera apartada de la investigación sobre su quiebra, en tanto que ahora se trata de un proceso privado en el que no ha intervenido el Estado y no ha habido desembolso de fondos públicos.

Tras la venta al Santander del Banco Popular por un euro en junio de 2017, el entonces titular del juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, admitió a trámite diversas querellas contra los expresidentes del Popular Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos Consejos de Administración, PwC y su socio auditor, por presuntos delitos de falsedad societaria, administración desleal y apropiación indebida, entre otros.

El magistrado acordó entonces la apertura de dos piezas separadas, la primera de ellas por la ampliación de capital de 2016, y la segunda por una posible manipulación del mercado tras la publicación de noticias con datos e información presuntamente falsos para hacer caer el valor de las acciones y obtener beneficios.