Banco Santander
Logo del Banco Santander en una oficina bancaria. JORGE PARIS

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha incorporado al Banco Santander como persona jurídica investigada por las presuntas irregularidades en la gestión Popular, al considerar al banco heredero de su quiebra desde que el pasado mes de septiembre se fusionaran ambas entidades, una decisión que será recurrida por el Santander.

En el auto conocido este miércoles, el magistrado aplica el principio de "sucesión procesal por absorción de sociedades", una vez acreditado que el Santander "absorbe y adquiere en bloque — y a título universal— todos los elementos patrimoniales integrantes del activo y del pasivo del Popular".

Según han informado fuentes de la entidad, el grupo que preside Ana Botín recurrirá la medida, en virtud de la cual podría ser llamado a declarar —a través de su representante legal— en la primera anda de interrogatorios, que tendrá lugar una vez los expertos designados a la causa elaboren su informe pericial.

Fuentes conocedoras del procedimiento sostiene que esta sucesión es la norma que establece el Código Penal en los casos en los que una persona jurídica investigada se transforma, se escinde, se fusiona o es absorbida.

En este sentido, no es la primera vez que un banco, que ha llevado a cabo un proceso de fusión con otra entidad, ha tenido que responder por la absorbida, como sucedió con la causa contra la excúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), en la que figuró como acusado el Banco Sabadell, finalmente exonerado por la Audiencia Nacional.

También, se han dado otros casos en la vía civil, con Bankia como protagonista, que debió hacerse cargo de responsabilidades civiles derivadas de conductas del Banco de Valencia, controlado por Bancaja.

La Junta de Resolución (JUR) decidió liquidar —en junio de 2017— el Banco Popular, convirtiendo en cero el valor de las acciones, una operación ejecutada por el FROB a instancias del Banco Central Europeo (BCE) y, posteriormente, el Santander se hizo con la entidad por un euro.

En octubre de ese mismo año, el entonces titular del juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, admitió a trámite diversas querellas contra los expresidentes del Popular, Ángel Ron y Emilo Saracho, sus respectivos consejos de administración, PwC, y su socio auditor, por presuntos delitos de falsedad societaria, administración desleal y apropiación indebida, entre otros.

El magistrado acordó, entonces, la apertura de dos piezas separadas. La primera de ellas por la ampliación de capital de 2016, y la segunda por una posible manipulación del mercado, tras la publicación de noticias con datos e información —presuntamente falsos— para hacer caer el valor de lsa acciones y obtener beneficios.

Tras conocer el auto del juez Calama, la asociación de consumidores Adicae, que representa en la causa de 934 accionistas del Popular, ha anunciado que exigirá al Santander "las explicaciones necesarias sobre la falta de transparencia, la oscuridad y la arbitrariedad" de un proceso que "acabó defraudando a más de 300.000 inversores".