Los peritos designados por el Banco de España para investigar la resolución del Banco Popular han concluido que las causas de la resolución de la entidad fueron tres episodios de fuga de depósitos.

Esta fuga deriva de la pérdida de confianza de los depositantes que "pareció perderse por un conjunto de factores", entre los que el Banco de España cita la mala evolución en Bolsa por no alcanzar los objetivos anunciados en la ampliación de capital de 2016, la incertidumbre sobre los objetivos anunciados en la ampliación de 2016, los nuevos requerimientos de solvencia, las bajadas de rating y noticias y declaraciones a la prensa "no siempre fundadas en la situación real del banco".

Así lo indica el informe que el Banco de España ha remitido al Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, en el que los inspectores Santiago Jesús Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández Romeo han analizado la documentación sobre Popular en el marco de la investigación sobre su proceso de venta.

Según apuntan los peritos, la crisis de la entidad, que terminó con su resolución, derivó de tres episodios de fuga de depósitos durante el segundo trimestre de 2017, el que se origina el 31 de mayo de mayor gravedad, que sumaron 16.347 millones de euros, de los que 5.742 millones salieron los tres primeros días de junio, lo que provocó que los activos líquidos pasasen de 11.324 millones a 971 millones de euros.

La "especial gravedad" del último episodio, en mayo, procede de su elevado importe, de perder el único rating por encima del grado de inversión y por afectar a los depósitos minoristas. "Las pérdidas de los inversores no se derivan de la insuficiencia del patrimonio del banco para absorber las pérdidas de sus activos, sino de la imposibilidad de atender las elevadas e inesperadas solicitudes de retirada de depósitos", según explican los peritos.

El desenlace se tradujo en pérdidas a los accionistas y bonistas por la aplicación de la novedosa normativa de resolución, y la decisión de no apoyar públicamente a la entidad "obligaba a optar por su venta para evitar su liquidación", lo que condicionó el resultado de la resolución, ya que el comprador tenía que asumir el riesgo de estabilizar el banco, que sufría una fuga de depósitos, lo que se unía al tiempo muy limitado para hacer una subasta competitiva.

En consecuencia, la situación impidió disponer de una valoración fiable de los activos y pasivos del banco y disminuyó el número de participantes y el tiempo disponible para estudiar la operación.

Los peritos también han dictaminado que las cuentas de los ejercicios de 2015 y 2016 publicadas por Popular y reflejadas en el folleto de la ampliación "no respetaban determinados aspectos de la normativa contable", en especial la clasificación de las operaciones refinanciadas en dudoso.

Las pérdidas sufridas en diciembre de 2016 fueron consecuencia de la corrección parcial de estos aspectos en las cuentas del año anteriror, una fecha en la que el saneamiento de sus NPAs no había finalizado, por lo que en 2017 las correcciones por deterioro estimadas para este ejercicio por el propio banco eran de 1.700 millones de euros.

La necesidad de continuar con el saneamiento de los NPAs derivó de elevar el ratio de cobertura hasta el objetivo anunciado en la ampliación, pero la estimación resultó insuficiente debido a un control interno "que presentaba debilidades".

El Banco de España no ha podido cuantificar el impacto de los incumplimientos a la normativa a diciembre de 2016, pero ha aclarado que nada de lo anterior implica que Banco Popular fuese inviable, ya que a diciembre de 2016 su patrimonio neto era de 11.088 millones y tenía una capacidad de generación recurrente de beneficios antes de provisiones de 1.150 millones, además de la posibilidad de materializar plusvalías por venta de negocios.

Sin embargo, "era previsible" las pérdidas de fondos de los accionistas por el reducido margen para cumplir con los requerimientos de solvencia del BCE.

Otro punto a investigar fue si el folleto y la documentación correspondientes a la ampliación de capital lanzada por la entidad en mayo de 2016 ofrecían la imagen fiel del banco y estaban libres de cualquier tipo de manipulación o deformación, y si las hipótesis para la estimación de posibles pérdidas por importe de 2.506 millones de euros que estaban incluidas en el folleto de la ampliación de capital eran razonables.

Algunas de las hipótesis para llegar a las estimaciones contenidas en el folleto eran "demasiado optimistas", sobre todo las referidas a la evolución prevista de dudosos, que, unido a la baja cobertura planificada para los adjudicados, invalidaba también las de cobertura, pérdidas y solvencia.

Esta operación tenía la finalidad de cubrir las pérdidas que se producirían al reforzar sus coberturas contables al cierre de año y con la que el consejo daba respuesta a la presión del mercado en su cotización en Bolsa y del Banco Central Europeo (BCE), que había establecido como prioridad acelerar la reducción de los NPAs.

Los miembros del consejo, que poseían el 20,9% del capital, suscribieron la ampliación, lo que los dos peritos encargados de realizar este informe consideran que mostraba su "buena opinión" sobre la salud financiera del banco.

No obstante, la decisión de la ampliación no fue unánime y se discutió mucho, ya que los miembros Antonio del Valle y José María Arias pensaban que no había sido lo "suficientemente" explicada.

El Banco de España ha determinado que este momento parece haber sido "el detonante" del enfrentamiento en la cúpula sobre la gestión estratégica del Popular, que causaría el cambio "no muy ordenado" de la presidencia y que supondría un cambio estratégico "trascendental", ya que implicó la llegada de Emilio Saracho, que veía la venta como la mejor salida para la entidad.

Por último, los peritos han señalado que el importe de esta operación no fue suficiente para cubrir las pérdidas por deterioro de activos, que fueron mayores que las anunciadas en el momento de la ampliación. Así, con independencia de otros posibles déficits de provisiones, el importe de la ampliación "hubiera debido ser mayor" para alcanzar los objetivos anunciados para diciembre de 2016.

El Banco de España cree que la ampliación de capital "era pequeña" en comparación con las necesidades establecidas por el BCE, por lo que no había mucho margen para desviaciones como las decisiones que se tomaron de comprar o financiar acciones propias, entre otras.