"Cada vez que Sánchez gobierna, sube el pan el diésel y la luz". Esta es una de las acusaciones que el presidente del PP, Pablo Casado, ha vertido contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la campaña electoral. Dejando a un lado la luz y el diésel, el Ejecutivo ha intentando contradecir el reproche referente al pan y este viernes, en el último Consejo de Ministros a dos días de las elecciones, ha aprobado una nueva norma de calidad del pan que, a la postre, bajará el precio de algunas de sus modalidades, entre ellas el pan integral, porque pasarán de gravarse con un 10% de IVA al tipo superreducido del 4%.

El cambio fiscal y, por tanto, de precio, se produce porque el plan amplía la categoría de "pan común", que se grava al 4% y que hasta ahora se refería al pan blanco de trigo. A partir de ahora, también tendrán esta consideración otro tipo de panes elaborados con otro tipo de harinas. Así, el pan integral, los panes de otros cereales distintos al trigo y los panes elaborados con salvado pasarán a ser también "pan común" y su IVA descenderá del 10 al 4% y con ello, su precio.

El plan también concreta la definición de "masa madre" para poder etiquetar como tal la elaboración de este de pan, define la elaboración "artesana" del pan, en la que debe "primar el factor humano frente al mecánico" y contempla "requisitos más estrictos" para considerar que un pan es integral. Lo será cuando el 100% de la harina empleada en su elaboración lo sea.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación es responsable de fijar estas nuevas normas relacionadas al pan, un alimento el que, según ha indicado en un comunicado, cada español consumió de media 31,77 kilos el año pasado y a cuya compra destinaron el 5% de su presupuesto para alimentación y bebidas, es decir, 76,13 euros.

Si el Gobierno ha enmendado la plana al PP con el precio del pan, la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha tratado también de refutar el pésimo horizonte económico que pintan los adversarios electorales de Sánchez. Tras valorar positivamente el dato de déficit y deuda públicas y los de empleo que arrojó la EPA, ha señalado que la intención del Gobierno es que el paro quede por debajo del 14% a final de 2019 desde el 14,7% que arrojó la última EPA; el déficit, en el 2% y la deuda pública, en el 96% del PIB.

Según ha explicado en la rueda de prensa, el Gobierno estaba esperando dos datos para enviar a Bruselas el borrador del plan de estabilidad presupuestaria que deber estar listo el 30 de abril, los datos de déficit y deuda públicas de 2018, el primero de 2,5% una décima inferior al previsto, y el segundo, 97% , un punto menos, y la EPA del primer trimestre, que "ha confirmado la evolución positiva del mercado de trabajo", ha dicho Calviño.

Los consumidores de pan integral no ha sido el único colectivo beneficiado por las medidas que ha adoptado este viernes el Gobierno en su último Consejo de Ministros antes de las elecciones. Por la importancia de la decisión, otro han sido las mujeres, puesto que a partir del 1 de julio las comunidades autónomas tendrán que poner en marcha la financiación pública de los cribados de cérvix para prevenir el cáncer de útero.

Esta medida forma parte de la ampliación de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud que el Gobierno ha aprobado este viernes tras pactarlo con las comunidades autónomas y que también se centra en las personas con minusvalías, con nuevos criterios para financiación de audífonos o de un sistema de seguimiento ocular en el caso de las personas con discapacidad severa, entre otros implantes.

Además, el último Consejo de Ministros antes de que el Gobierno pase a poder gestionar solo asuntos corrientes en funciones ha dado luz verde por fin a la norma que permitirá a los artistas compatibilizar sus pensiones de jubilación con el cobro de sus derechos de autor. Se beneficiarán de esta medida unas 1.300 personas, según ha afirmado la ministra portavoz, Isabel Celáa.

Asimismo, el Gobierno ha aprobado este viernes varias ayudas y becas destinadas científicos o a la continuidad de sus proyectos de investigación y ha más que duplicado con 507 millones de fondos europeos FEDER, la dotación de un plan de ayudas ya existente para impulsar una economía baja en carbón. Los principales beneficiarios de estas ayudas serán los municipios más pequeños, porque se eliminan dos criterios que en la práctica los dejaban fuera, que la inversión fuera de al menos un millón de euros y que se destinara a localidades con al menos 20.000 habitantes.