Rescate de Julen
Un minero trabaja en el túnel horizontal para llegar hasta Julen. GUARDIA CIVIL

El delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha anunciado este miércoles que la Junta de Andalucía ha abierto un expediente "muy grave" por el pozo de Totalán (Málaga) donde falleció Julen, el niño de dos años localizado sin vida a los 13 días después de caer en él. El expediente se  dirige contra el propietario de la finca y la empresa de perforación del pozo en el que cayó y murió el pequeño Julen el pasado mes de enero.

Así lo ha manifestado el delegado en rueda de prensa tras presidir la reunión interadministrativa para intensificar el control de los pozos ilegales en la comunidad andaluza. En este marco, Gómez de Celis ha explicado que el Ejecutivo andaluz ha abierto el citado expediente administrativo que concluirá en el "procesal oportuno". Será a partir de ese momento cuando se impondrán las "sanciones pertinentes" por el pozo ilegal donde falleció el pequeño.

Sobre los costes del rescate, situados en torno a los 700.000 euros, que la Junta anunció que asumirá este pasado martes, el delegado ha subrayado que "no es que el Ejecutivo andaluz asuma los costes, es que su competencia". Por otra parte, ha apuntado que la labor del Gobierno fue la de gestionar el dispositivo de Guardia Civil, Ejército y mineros de Asturias, así como la coordinación de la obra y la labor de comunicación con medios de comunicación, entre otras tareas. "Cada uno asumió sus competencias", ha señalado.

Al respecto, ha tildado de "total y excelente" la disposición y relaciones con la Junta de Andalucía —tanto la saliente como la entrante— durante el proceso de rescate, valorando la disposición del actual presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), días antes de su toma de posesión para conocer cómo se estaba desarrollando la operación.

Además, la Delegación del Gobierno en Andalucía ya está tramitando con los ministerios correspondientes los diferentes reconocimientos de todas aquellas instituciones, empresas y particulares que participaron en el rescate de Julen. Así, por ejemplo, se ha solicitado el ingreso en la orden del mérito civil a la Brigada Minera de Salvamento Hunosa, así como a la propietaria de la vivienda cedida a los padres de Julen y a la dueña de la casa en la que se instaló en puesto de mando.

Plan "de choque" para analizar y denunciar pozos ilegales en Andalucía

El Gobierno de España, la Junta de Andalucía, la Guardia Civil y otras instituciones han unido sus fuerzas para llevar a cabo una cruzada contra los pozos ilegales de la comunidad, como en el que cayó el pequeño Julen en Totalán (Málaga) el pasado enero con un trágico desenlace. Así lo ha explicado Gómez de Celis, que ha anunciado la inminente puesta en marcha de un plan de choque para el control de estos pozos ilegales, destinados a los sondeos o a la extracción de agua sin concesión, para su correspondiente inspección y denuncia.

La primera fase del plan, que se llevará a cabo entre el 1 y el 15 de marzo, consistirá en recabar información sobre la situación de los pozos en la comunidad. Mientras que la segunda fase, que se desarrollará hasta el 15 de septiembre, supondrá la intervención directa para elevar las posibles denuncias.

El pasado año, se llevaron a cabo en la comunidad cerca de un millar de inspecciones para detectar extracciones ilegales de agua, que derivaron en 656 actas de denuncias. La mitad de ellas (328) correspondieron a pozos ubicados en el entorno de Doñana, donde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) tiene previsto cerrar "a corto plazo" 77 prospecciones irregulares, concretamente en el acuífero.

Pese a todo, Gómez de Celis ha querido "romper una lanza a favor de los agricultores" andaluces y aseguró que "de manera muy mayoritaria" cumplen la ley y hacen un uso del agua "de manera excelente y legal". Se trata solo, dijo, "de una minoría que lo hacen de manera ilegal y perjudican a los propios agricultores".

La iniciativa para poner fin a estos pozos ha sido una de las conclusiones de la reunión interadministrativa que ha presidido Gómez de Celis en Sevilla, y en la que han participado miembros del Seprona, de las consejerías de Hacienda, Industria y Energía y la de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y de las confederaciones hidrográficas del Guadalquivir, el Guadiana y el Segura.

Un nutrido grupo de participantes que, en palabras del delegado del Gobierno en la comunidad, reflejan "la importancia que todas las Administraciones implicadas le otorgamos a esta materia y la complejidad de la misma". Esta mesa interadministrativa va a "institucionalizarse" con carácter trimestral, para "hacer un seguimiento de la situación de los pozos y resolver incidencias en la coordinación".

El plan de choque persigue un triple objetivo, como es "preservar el uso responsable de un recurso escaso y fundamental para la vida como es el agua; preservar la competencia leal entre productores y agricultores; y preservar la seguridad de las personas para evitar casos con el rescate de Julen en Málaga", ha señalado Gómez de Celis.