La convocatoria electoral del 28-A obligará a los partidos que obtengan representación en el Congreso a retratarse con respecto a Vox, que previsiblemente entrará con fuerza en el Parlamento, justo unos días antes de la siguiente cita electoral, las municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo.

Entre todas ellas, Ciudadanos aparece como el principal posible perjudicado de esta circunstancia, por ser uno de los principales partidos y por su reticencia a confirmar si repetirá en otros parlamentos el acuerdo que le ha llevado al Gobierno de Andalucía junto al PP y con el apoyo externo de la formación de ultraderecha.

La clave para todo esto estará en los tiempos para la constitución Parlamento después de las elecciones del 28-A y su cercanía con el 26-M.

Según el artículo 68 de la Constitución, "el Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones". Si los comicios son el 28 de abril, el plazo terminaría el 23 de mayo, en plena campaña electoral a las municipales y autonómicas y a tres días de la nueva llamada a las urnas del 26 de mayo.

Por convocar el Congreso hay que entender formar su principal órgano rector, la Mesa del Congreso, formada por presidente o presidenta, cuatro vicepresidentes y cuatro secretarios. Este reparto de cargos, el primero de cada legislatura, refleja las intenciones de los partidos con respecto a pactos para la posterior investidura, con intercambio de apoyos y con la figura del presidente o presidenta de la Cámara como principal eventual moneda de cambio para desbloquear una investidura del presidente del Gobierno.

En este escenario, si resulta que PP, Ciudadanos y Vox tienen votos suficientes tras el 28-A para investir a Pablo Casado o Albert Rivera, los plazos que marcará la convocatoria electoral obligaría a estos dos partidos a revelar antes del 26 de mayo si están dispuestos a negociar entre ellos y con Vox un acuerdo que permita la investidura.

Por sus declaraciones, Casado no tendría tanto problema, porque el frente anti Pedro Sánchez al que ha llamado ya integra a Vox. El problema sería mayor para Rivera, que, a pesar de la experiencia de Andalucía, mantiene que Ciudadanos no pactó con la ultraderecha y tampoco confirma si lo hará de cara al 28-A o al 26-M.

Un pacto con Vox en la Mesa del Congreso a tres días de las elecciones del 26 mayo podría acarrear a Ciudadanos malas consecuencias en municipales autonómicas o europeas. O a candidatos bajo su ala como el aspirante a la alcaldía de Barcelona, Manuel Vals, una de las voces naranjas que son más críticas con la tolerancia de la ultraderecha.

Si no lo hiciera, podría ocurrir que el PSOE tuviera más peso en la Mesa del que le correspondiera por resultado electoral si Ciudadanos evitar a Vox en la Mesa aunque terminara llegado con esta formación y con el PP a un acuerdo para apoyar la investidura de un mismo candidato a la Presidencia del Gobierno.

No obstante, este cálculo, que sin duda ha tenido un peso importante en la decisión de convocar el 28 de abril, podría volverse contra el PSOE si los resultados de las generales arrojan un escenario en el que Sánchez pudiera seguir siendo presidente pero volver a necesitar el apoyo de los independentistas catalanes que debería sustanciarse en algún puesto en la Mesa para ERC o PDeCAT, o para ambos.

No obstante, esta posibilidad estará pendiente hasta el cierre de las urnas a los resultados electorales, a los escaños que obtenga cada partido.

Un elemento que sí es real como consecuencia de la convocatoria electoral el 28 de abril tiene que ver con el margen que esta primavera tendrán gobiernos autonómicos y alcaldes para promocionar sus gestiones.

La ley electoral (LOREG) impide que "durante el periodo electoral" tanto "candidatos concurrentes" como "resto de autoridades públicas" hagan "inauguraciones y campañas institucionales de logros o realizaciones" que "induzcan directa o indirectamente al voto de alguna candidatura".

En condiciones normales, alcaldes y presidentes regionales no podrían llevar a cabo acciones de esta naturaleza a partir del 10 de mayo, cuando empezará la campaña para las elecciones del 26 de mayo.

Sin embargo, el 28-A restringirá aún más estos actos, que tampoco podrán celebrarse durante la campaña previa a las generales, que empezará el 12 de abril.