El Gobierno catalán ha aprobado este martes el decreto que obliga a precontratar el servicio de un vehículo de alquiler con conductor con una antelación mínima, una normativa que ha entrado en vigor en Cataluña ya este jueves.

La decisión ha provocado que tanto Uber como Cabify hayan anunciado que a partir de este viernes dejarán de dar servicio en la ciudad de Barcelona. Estos son los motivos que han llevados a las dos plataformas digitales a tomar esta decisión:

Los usuarios de vehículos VTC no podrán contratar los servicios de estas plataformas sin una antelación mínima de 15 minutos. Ese era uno de los requerimientos básicos del gremio de taxistas para asegurar que el funcionamiento de estas plataformas no fuera inmediato y similar al del taxi. "La obligación de esperar 15 minutos para viajar en una VTC no existe en ningún lugar de Europa y es totalmente incompatible con la inmediatez de los servicios bajo demanda", protesta Uber.

El decreto habilita en todo caso legalmente al Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y a los ayuntamientos catalanes a ampliar ese tiempo de reserva de un VTC más allá de esos quince minutos previstos por el Govern de acuerdo a sus competencias específicas. Se alega que estos entes tienen competencias sobre utilización del dominio público viario, gestión del tráfico urbano, protección del medio ambiente y prevención de la contaminación atmosférica.

El decreto no hace excepciones ni para el caso del aeropuerto de Barcelona ni para otros grandes equipamientos, por entender que los 15 minutos de precontratación son "perfectamente anticipables para el usuario".

Otra novedad del decreto es que cuando un ciudadano quiera desplazarse con un vehículo con licencia VTC —un Uber o un Cabify, por mencionar las plataformas más conocidas—, la geolocalización de la aplicación no podrá estar activa hasta que se haya contratado el servicio. Es decir, no podrán mostrar dónde se encuentran sus vehículos antes de que el cliente les contrate. El Govern dejará "un mes" de margen a las empresas para adaptar sus sistemas.

Para controlar que se cumple el decreto, el Govern pondrá en marcha esta misma semana un registro de VTC donde las empresas del sector deberán darse de alta e informar de los servicios que están prestando sus vehículos diariamente, así como del origen y destino de los trayectos.

También establecerá que, como la legislación actual determina que los VTC no pueden captar clientes en la calle, estos vehículos no puedan circular por la calle en busca de clientes ni pararse para coger a aquellos que no hayan precontratado sus servicios. Es por ello que los VTC tendrán que permanecer estacionados fuera de las vías públicas, en aparcamientos y garajes, cuando no estén realizando ningún servicio.

Otro aspecto destacado del decreto, que el Parlament deberá convalidar en el plazo de un mes, es que permitirá a los Mossos d'Esquadra y a las policías locales, entre ellas a la Guardia Urbana de Barcelona, imponer sanciones que pueden llegar a los 1.400 euros. Saltarse el período de precontratación de 15 minutos se considerará una falta "grave" e implicará una multa de 1.001 euros.