El sector del taxi y sus movilizaciones para solicitar la regulación de los vehículos de transporte con conductor (VTC) han tenido diversas respuestas en las principales ciudades españoles.

La Comunidad de Madrid sigue sin dar su brazo a torcer pese al duodécimo día consecutivo de huelga de los taxistas. En Barcelona, el Govern aprobó este martes el polémico decreto que regula los VTC. Por otra parte, en Sevilla, los taxistas alcanzaron un acuerdo con el Ayuntamiento para pedirle a la Junta que fije el tiempo de precontratación entre 30 y 60 minutos, con lo que se suman a las peticiones de sus compañeros de Madrid.

Los taxistas madrileños moverán de nuevo ficha este jueves,después de que los ofrecimientos que hasta ahora les ha hecho la Comunidad de Madrid sigan sin convencerles. Sin embargo, hay pocos motivos para el optimismo, ya que el Gobierno regional ya ha manifestado por activa y por pasiva que no está dispuesto a ceder en el tema de la precontratación del servicio por parte de los VTC, un punto clave para el taxi.

Las líneas maestras del taxi están claras: solicitan que los VTC tengan que contratarse con un cuarto de hora de antelación ampliable a una hora, que deban hacer un recorrido mínimo de cinco kilómetros y que no puedan usar parkings en superficie.

Para el presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, Julio Sanz, este documento "flexibiliza" la postura original de los taxistas y pretende servir de base para alcanzar "una alternativa que sea buena para todos". "Rebajando esas peticiones lo que vamos a hacerle ver a la Comunidad de Madrid es que si tiene ánimo de poder resolver la situación pues tiene ocasión (...) nosotros no nos cerramos en banda", declaró Sanz.

El vicepresidente de esta misma asociación, Jesús Fernández, por su parte, subraya que la principal reivindicación del sector es la definición por ley de un tiempo para precontratar servicios de VTC, y que la fórmula preferida por el taxi sería sustanciar un mínimo en una ley autonómica y que esta habilite a los ayuntamientos a fijar sus respectivos máximos en función de sus necesidades.

Por su parte, la Comunidad de Madrid deja claro que no legislará para "exterminar" el sector de las VCT. "No vamos a dar por buena la precontratación con un límite mínimo de 60 minutos", insistió el vicepresidente regional, Pedro Rollán. "Estamos abiertos a hablar pero no a abordar algunas cuestiones que consideramos que lejos de mejorar el entorno lo único que generarían es un conflicto aún mayor", agrega Rollán, quien recalcó que la precontratación es una de las "líneas rojas".

El dirigente  popular censuró las imágenes de los taxistas impidiendo el acceso a infraestructuras "tan sensibles" como el Metro de Madrid en coincidencia con la Feria Internacional de Turismo (Fitur) y secuestrando "las principales calles y carreteras de la ciudad de Madrid, sin las autorizaciones pertinentes".  El también consejero de Presidencia criticó las imágenes "agresivas" que se han visto en los últimos días, en las que se asedió lugares en los que se encontraban candidatos del PP, se rodeó la sede del PP en la calle de Génova y se lanzaron huevos contra la fachada del Gobierno regional.

Por otra parte, unos mil trabajadores de vehículos de transporte sin conductor (VTC) se concentraron frente a las sedes madrileñas de Podemos y del PSOE para denunciar que ambos partidos estén hablando de ellos "como si fueran multinacionales", cuando en realidad son "padres de familia que trabajan y tributan en España".

En Cataluña, además de aprobar el decreto ley que regula los VTC, el Govern anunció el martes que prepara una ley para regular la transmisión de licencias de taxi y VTC y frenar así la "especulación". Por su parte, los conductores de vehículos de alquiler abandonaron la concentración en la Diagonal de Barcelona, pero anunciaron más acciones de protesta en un futuro.

El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, explicó que el Govern pretende controlar la transmisión de licencias, que ahora depende del acuerdo entre dos particulares, mediante la futura ley catalana de regulación integral de transporte de viajeros en vehículo turismo (taxi y VTC), y que quiere que esta se someta a consulta pública "antes de abril", para iniciar acto seguido su tramitación. La idea del Govern es que cuando el dueño de una licencia se jubile y quiera transmitirla, esta pase a la administración, para lo que se plantea crear un fondo económico sustentado con algún tipo de tasa.

En cuanto al decreto ley, que entrará en vigor el viernes, Calvet señala que permitirá a los Mossos y a las policías locales imponer multas de hasta 1.400 euros si se incumple. Saltarse el periodo mínimo de precontratación, de 15 minutos y ampliable hasta a una hora si lo establecen ayuntamientos o entidades supramunicipales, implicará sanciones de 1.001 euros.

Las movilizaciones que protagonizarán en un futuro los conductores de VTC, apuntó este martes su portavoz, Carlos Segarra, las decidirán cuando conozcan al detalle el decreto. Así lo indicó Segarra después de que centenares de trabajadores del sector se concentraran en la plaza Sant Jaume de Barcelona y de que sus representantes entregaran al Govern 150.000 firmas ciudadanas que les apoyan.

Por su parte, el portavoz de la patronal Unauto VTC en Cataluña, Josep Maria Goñi, afirmó que presentarán una querella criminal contra la Generalitat y la alcaldesa de la capital catalana, Ada Colau, y que ya se ha presentado la documentación preliminar de un ERE de unas 1.000 personas de la empresa Vector. Calvet criticó que el sector anuncie un "ERE preventivo".

El Ayuntamiento de Sevilla mantuvo el martes una reunión con las tres principales asociaciones del taxi en la capital hispalense -Unión Sevillana del Taxi, Solidaridad Hispalense del taxi y Élite Taxi-, en la que acordaron pedir a la Junta de Andalucía que el servicio VTC esté sujeto a una precontratación de entre 30 y 60 minutos, a decidir por cada municipio, que los vehículos estén obligados a regresar a su base tras cada viaje, que se elimine la geolocalización de las aplicaciones digitales con las que se solicitan los servicios y que se declare al taxi como servicio "de interés general".

"La inmediatez es cosa del taxi", señaló este martes Pedro López, presidente de Élite, que señaló que con las medidas expuestas quedaría protegido dicho extremo. Por el momento, ninguna de las tres asociaciones tiene previsto llevar a cabo movilizaciones en la ciudad. Cabe recordar que la Policía Nacional tiene como investigados a más de 32 taxistas por supuesto acoso, violencia y amenazas a conductores de VTC y a otros taxistas. Y que un juzgado investiga a los dirigentes de Solidaridad Hispalense por supuestas prácticas coactivas en la parada del aeropuerto.