El Govern se propone controlar la transmisión de licencias de taxis y vehículos de alquiler con conductor (VTC) y se plantea crear un fondo económico, sustentado con algún tipo de tasa, para regular el mercado de licencias y afrontar la reforma del sector.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Govern, el conseller de Territori de la Generalitat, Damià Calvet, ha asegurado este martes que quiere que la futura ley catalana de regulación integral de los servicios de transporte de viajeros en vehículo turismo (taxi y VTC) se someta a consulta pública "antes de abril", para iniciar acto seguido su tramitación.

La idea del Govern es que la transmisión de una licencia de taxi o de VTC, que ahora depende del acuerdo entre dos particulares, pase a estar regulada por la administración catalana, de manera que cuando el propietario de alguna de estas licencias se jubile y quiera transmitir su licencia, esta pase a manos de la administración.

Salvando las distancias, Calvet ha dicho que sucedería igual que con los carnés del FC Barcelona. "Cuando un socio lo deja, el club lo recupera para volverlo a ofrecer", una fórmula que frenó "la especulación", ha argumentado.

De esta forma, la administración debería tener en cuenta, por ejemplo, el precio pagado por esa licencia por el propietario y otras cuestiones como la amortización.

Calvet también ha dejado claro que la ley catalana debe abordar aspectos como cuántas licencias debe haber en Cataluña -ahora hay 14.000 de taxis y 2.400 de VTC-, y ha admitido que el conflicto entre taxis y VTC ha acelerado la preparación de esta ley catalana.

En cuanto a la advertencia de las empresas de VTC de llevar a cabo despidos por la entrada en vigor del decreto del Govern que obliga a reservar un vehículo de este tipo con 15 minutos de antelación, Calvet ha afeado a estas empresas que anuncien un "ERE preventivo".

"No se puede anunciar despidos antes de que el decreto se apruebe. Creemos que los 15 minutos de antelación con que se deberá contratar el servicio de un VTC son razonables", ha dicho el conseller, que ha señalado que no tenía constancia de que ningún expediente de regulación estuviera ya "en marcha".

"No nos parecería bien que se suprimieran puestos de trabajo si no hay un efecto directo sobre las empresas", ha añadido el conseller, convencido de que la precontratación de 15 minutos aprobada este martes por el Govern es una medida "proporcional".

El Gobierno catalán ha aprobado este martes el decreto que obliga a precontratar el servicio de un vehículo de alquiler con conductor, los llamados VTC, con una antelación mínima de 15 minutos, una normativa que entrará en vigor en Cataluña ya este viernes.

Asimismo, el decreto, cuyo incumplimiento comportará multas de hasta 1.400 euros, habilita legalmente al Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y a los ayuntamientos catalanes a ampliar ese tiempo de reserva de un VTC más allá de esos quince minutos previstos por el Govern.

Los taxistas de Barcelona acordaron la madrugada del pasado 24 de enero poner fin a la huelga que mantenían a cambio de que el AMB, con el aval del Govern, impusiera a las empresas de VTC, que operan con plataformas como Uber o Cabify, un plazo mínimo de una hora de precontratación.

El decreto del Govern no menciona ese plazo de una hora prometido por la AMB, pero sí establece los 15 minutos anunciados desde un primer momento y habilita ahora a la AMB a imponer ese margen extra de tiempo de acuerdo a sus competencias específicas. En concreto, el decreto ofrece esta posibilidad al AMB y a los ayuntamientos alegando que estos entes tienen competencias sobre utilización del dominio público viario, gestión del tráfico urbano, protección del medio ambiente y prevención de la contaminación atmosférica.

En rueda de prensa tras la reunión del Gobierno catalán, el conseller de Territorio de la Generalitat, Damià Calvet, ha asegurado que el Govern "no regula a favor de unos y en contra de otros", sino que "aclara las reglas del juego" entre taxis y VTC. Calvet ha presentado el plazo mínimo de precontratación de 15 minutos como una propuesta "responsable" y "proporcional", y "una oportunidad para la convivencia" entre taxistas y vehículos VTC.

El conseller ha dejado claro que el decreto no hace excepciones ni para el caso del aeropuerto de Barcelona ni para otros grandes equipamientos, por entender que los 15 minutos de precontratación son "perfectamente anticipables para el usuario".

Otra novedad del decreto es que cuando un ciudadano quiera desplazarse con un vehículo con licencia VTC —un Uber o un Cabify, por mencionar las plataformas más conocidas—, la geolocalización de la aplicación no podrá estar activa hasta que se haya contratado el servicio, aunque el Govern dejará "un mes" de margen a las empresas de VTC para adaptar sus sistemas tecnológicos.

Para controlar que se cumple el decreto, el Govern pondrá en marcha esta misma semana un registro de VTC donde las empresas del sector deberán darse de alta e informar de los servicios que están prestando sus vehículos diariamente, así como del origen y destino de los trayectos.

Otro aspecto destacado del decreto, que el Parlament deberá convalidar en el plazo de un mes, es que permitirá a los Mossos d'Esquadra y a las policías locales, entre ellas a la Guardia Urbana de Barcelona, imponer sanciones que pueden llegar a los 1.400 euros. Calvet ha precisado que saltarse el período de precontratación de 15 minutos se considerará una falta "grave" e implicará una multa de 1.001 euros.