El Consejo de Ministros ha acordado este viernes una subida de las pensiones del 1,6% para el año que viene, así como un incremento de la base mínima de cotización para los trabajadores autónomos, a cambio del incremento de sus prestaciones sociales, entre ellas, del paro y de las bajas por enfermedad.

A partir del 1 de enero, las pensiones generales subirán un 1,6% y las mínimas y no contributivas un 3%, según un decreto ley con el que el Gobierno ha puesto así fin al método implantado por el PP en 2013. La pensión máxima para 2019 será de 2.659,41 euros mensuales.

El Ejecutivo ha derogado parte de la reforma de las pensiones llevada a cabo unilateralmente por el Gobierno de Rajoy en 2013, que, dependiendo del crecimiento de la economía, suponía una subida máxima del 0,25%, no vinculada al IPC.

Con la nueva fórmula, las pensiones subirán a comienzos de cada año de acuerdo a la variación media prevista del IPC teniendo en cuenta la inflación interanual en cada uno de los meses comprendidos entre diciembre del año anterior y noviembre del ejercicio en que se aplica la revalorización.

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha confirmado este viernes el acuerdo que firmaron este jueves la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, y las asociaciones de trabajadores autónomos para incrementar la tarifa plana, la cotización mínima, a cambio de más prestaciones sociales.

Así, las aportaciones de los autónomos para el próximo año se incrementarán en un 1,25% en la base mínima de cotización, que quedará fijada en 944,40 euros anuales. El tipo de cotización será de 30% en 2019; 30,6% en 2021 y 31% en 2022.

La tarifa plana pasará a ser durante los 12 primeros meses de 60 euros (51,50 por contingencias comunes y 8,50% o contingencias profesionales y a partir del mes 13 al 24 se aplicarán reducciones sobre la cuota que correspondería.

A cambio, mejorarán las prestaciones sociales de los autónomos, tal y como este jueves explicaron Valerio y las asociaciones profesionales. El subsidio de desempleo pasará de un mínimo de dos meses y un máximo de doce a un mínimo de cuatro a un máximo de 24 meses; no pagarán cuota de Seguridad Social a partir del segundo mes de baja por enfermedad o incapacidad temporal hasta el alta y tendrán derecho a acceder a la formación continua.

Asimismo, las trabajadoras autónomas no tendrán que cesar de su actividad, y por tanto darse de baja de la tarifa plana y a sus empleados durante su baja de maternidad y el nuevo sistema extiende las bonificaciones a los autónomos con una discapacidad de al menos 33% no sólo desde el comienzo de su actividad, sino también para casos en los que la minusvalía sea posterior, "sobrevenida".

El real decreto ley que ha aprobado este viernes el ministros en materia laboral y de seguridad social también incluye un incremento de las multas a las empresas que conviertan a sus trabajadore en "falsos autónomos", algo que Valerio admitió este jueves que pueden tener la "tentación" de hacer, dado que la tarifa mínima de cotización (994,40 al años) es inferior a la de un trabajador del régimen general de la Seguridad Social (1.050 euros).

Se ha incorporado "un nuevo tipo de infracción laboral grave" en estos casos, con multas entre 3.126 y 10.000 euros por cada empleado convertido en autónomo de forma irregular.

También aumenta la penalización para las empresas que hagan contratos laborales de entre 1 y 5 días mediante un incremento de la cuota que deben pagar a la Seguridad Social, que pasa del 36% al 40%. Se mantiene la cuota en el 36% para los contratos de seis días de duración.

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha acordado este viernes reducir hasta 90 kilómetros por hora la velocidad a la que se pondrá circular por carreteras convencionales,que, según la Dirección General de Tráfico, "son las carreteras con altas tasas de siniestralidad".

Con esta medida, el Gobierno quiere reducir el número de accidentes en estas vías, que se cobran 7 de cada 10 siniestros, con un balance total de muertos al año de un millar de personas.