Ser extranjera en el lugar en el que ha nacido y en el que tiene construida su vida. Ese es el calvario de Fátima Khaiar. Una circunstancia que la mantiene en permanente estado de incertidumbre. Más aún, en una situación que califica de "infierno". Y sus temores no son infundados: entre los 20 y los 23 años figuró como inmigrante irregular y se llegó a determinar su deportación. "Vivo con miedo de que me expulsen a Marruecos, un país completamente desconocido para mí, en el que no tengo nada. De hecho, no sé ni escribir ni hablar el árabe", afirma.

En España hay cerca de 400.000 solicitudes de nacionalidad española pendientes de resolución. La Administración tiene un plazo de un año para dar respuesta a estas peticiones pero actualmente existen importantes retrasos. Fátima, que presentó la documentación a principios de 2017 y aún no tiene ni número de expediente, es una de las víctimas de dicho colapso. El desconocimiento por parte de su familia primero y la posterior espera a tener una estabilidad económica por miedo a que estando en paro se la denegasen la ha llevado a tardar tanto tiempo en pedirla.

Esta joven llegó al mundo en 1986 en el Hospital O'Donnell de Madrid, en el seno de un matrimonio marroquí que se separó al poco tiempo. Él regresó a su pueblo natal y ella se ocupó de la pequeña sin ninguna ayuda. "Era una mujer inmigrante, que no tenía idea de nada, y no me registró hasta dos años después, cuando murió mi abuela, tuvo que llevarme a Marruecos y no me dejaron pasar porque no tenía papeles. Entonces le dieron el libro de familia y le dijeron que, al ser menor de edad, con eso valía", relata.

Así ocurrió hasta que pasó a Secundaria y le reclamaron el Número de Identidad de Extranjero (NIE). Los trámites para su obtención se alargaron durante más de tres años y cuando le fue concedido ya había cumplido los 15. "Al tener menos de 18 debía depender de alguien que trabajase y esa persona fue mi padrastro", explica. Los problemas regresaron cuando a los cinco años le tocó renovarlo. Superada la mayoría de edad, y al no encontrarse ni trabajando ni estudiando, le fue denegado: "Me dejaron como ilegal en el país en el que he nacido".

En ese instante comenzaron los tres peores años de su vida. Llegó a dejar de salir a la calle por miedo a que la Policía la identificase y perdió el acceso a la sanidad pública. La fatalidad quiso que en esa época sufriera un aborto espontáneo y le exigieron 200 euros por la asistencia en Urgencias, dinero que se negó a pagar. "Mi madre también lo pasó muy mal. Se echaba la culpa de no haberlo hecho bien", añade.

Fátima ahora tiene trabajo y recuperó el NIE pero no puede evitar seguir viviendo en la incertidumbre porque su estancia en España depende de que se lo renueven, algo que lleva esperando desde septiembre. Este impás está obstaculizando por ejemplo que el banco le dé un préstamo con el que quiere comprarse un coche.

Con el NIE "teóricamente prorrogado" y sin saber en qué fase se encuentra su solicitud de ciudadanía, esta madrileña ha perdido la cuenta de cuántas veces ha tenido que defender que es española: "Me pertenece el pasaporte español. Yo he nacido aquí". Hasta el momento, sin embargo, nadie le da ese derecho.

"Estoy seguro de que pasaré el resto de mi vida aquí. Yo venía de una dictadura, vivía muy mal, y en España estoy perfectamente desde el principio. A este país lo considero el mío", responde Othman Kadmiri cuando se le pregunta por qué quiere la nacionalidad española.

Este marroquí de 45 años reside en España desde junio de 2005. En un primer momento vino solo. Siete años después lo hicieron su mujer y su hija mayor, y ahora son dos más en la familia. Su periplo burocrático empezó en 2015, cuando, tras cumplir la década de residencia continuada necesaria para solicitar la ciudadanía, el registro civil de la localidad madrileña de Fuenlabrada le citó para entregar los documentos –"20 o 30 folios"– nueve meses después. Es por ello que en su petición consta la fecha del 8 de julio de 2016. 

Entre esos papeles figura la nota de una prueba de español "muy difícil", incluso para él, licenciado en Literatura Alemana y que sabe cinco idiomas. "El DELE A2 es un examen académico. Muchos de mis paisanos hablan español pero les cuesta escribir. Como mucho aprobaría el 30%", lamenta. Él lo superó pero lleva "dos años y medio sin ni siquiera el número de expediente". "¿Y si se hubiera perdido? No puedo hacer un seguimiento. Y lo peor es que no veo la luz al final del túnel".

Othman es consciente de que interponiendo un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional podría obtener un resolución en cuestión de un par de meses pero se niega a tener que pagar los al menos mil euros que le supondrían el abogado, el procurador y el poder para pleitos: "El 60 o el 70% de los extranjeros justo llegan al salario mínimo. No pueden asumir ese gasto. Yo me lo podría permitir porque mi mujer y yo trabajamos. Pero no lo voy a hacer. Por principios. No tengo que pagar por un derecho que la ley me otorga". 

A Silvia Liliana Tejeda tener la nacionalidad española le permitiría poder viajar sin trabas a Estados Unidos y reencontrarse con su hija y su nieto, a los que no ve desde hace cinco años. "Si pedimos el visado como cubanos no nos lo van a dar. Siendo españoles sería distinto", explica, a la vez que incide en que tanto ella como su marido, ambos inmersos en el proceso, se sienten completamente integrados en España en general y en Sant Boi en particular, la localidad barcelonesa en la que residen junto a su otra hija y un segundo nieto.

"Mi esposo llegó en 2007 y podía haberla solicitado mucho antes, pero en aquel momento trabajaba intermitentemente y, por cuestiones económicas, no la presentó. Cuando yo llegué en 2011 empezamos a trabajar los dos y fue cuando optamos a pedirla el 26 de abril de 2016", relata. Silvia habla de "cuestiones económicas" porque los trámites ordinarios pueden llegar a tener un coste superior a los 800 euros, que en su caso se duplican. 

Como originarios de un país iberoamericano, este matrimonio solo necesitaba dos años de residencia en España para poder iniciar los trámites y como hispanohablantes, no tuvieron que hacer el examen de español. Pero sí el de conocimientos constitucionales y socioculturales del país. "Lo aprobamos con la nota máxima, pero desde que hice la carrera no había vuelto a estudiar así", afirma con humor esta licenciada en Administración de la Salud. 

Desde entonces, prácticamente cada semana, esta mujer de 59 años introduce su número de expediente en la web del Ministerio de Justicia y se topa con el mismo mensaje: "Abierto, en tramitación". La demora está empezando a hacer mella, hasta el punto de que ella sí se plantea acudir a la vía contencioso administrativa e interponer el recurso ante la Audiencia Nacional. "Es un descaro que pagando 1.000 euros el tema se resuelva en uno o dos meses. Pero no nos va a quedar otra".