Un año. Es lo máximo que la Administración debe tardar en resolver las peticiones de nacionalidad por residencia. Así lo establece la ley, pero los plazos no se están cumpliendo. Bien lo saben Fátima Khaiar, Othman Kadmiri o Silvia Liliana Tejeda. Ellos son solo tres de los casi 400.000 solicitantes que viven pendientes de un dictamen.

En respuesta a una cuestión formulada en el Congreso, el Gobierno reconocía en abril que en aquel momento se trabajaba en la resolución de los expedientes presentados en 2015. "En su mayoría pendientes de recibir informes preceptivos de  la Policía", agregaba. Guillermo Morales, director del despacho de abogados Legalteam, confirma que "no se ha resuelto ningún expediente de 2016 ni de 2017", y puntualiza: "Por la vía ordinaria porque mediante un recurso contencioso ante la Audiencia Nacional la concesión se logra en mes y medio".

Acudir a la justicia reduce drásticamente los plazos pero aumenta sustancialmente los costes. A los más de 800 euros que pueden llegar a sumar la tasa por el servicio de tramitación, los derechos para hacer la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España y la de español ­–esta solo para los no hispanohablantes– y la obtención del certificado de antecedentes penales en el país de origen, se unen los al menos mil euros de abogado, procurador y poder para pleitos.

"El 60 o el 70% de los extranjeros justo llegan al salario mínimo. No pueden asumir ese gasto. Yo me lo podría permitir porque mi mujer y yo trabajamos. Pero no lo voy a hacer. Por principios. No tengo que pagar por un derecho que la ley me otorga", se enfada Othman. "La mayoría de los inmigrantes son de clase media-baja y muchos tienen que hacer un esfuerzo entre familiares y amigos para poder pagarlo", comparte Morales. "Pueden decir que a mí me conviene, porque mi despacho está ganando dinero, pero me niego a que se tengan que interponer estos recursos, aunque me repercuta en ganancias. Nosotros hemos presentado más de 500, la mayoría ya resueltos. Pero es un dinero que no gusta ganar porque es injusto", añade este experto en inmigración, extranjería y nacionalidad.

El procedimiento para obtener el pasaporte español por residencia cambió en noviembre de 2015. Se introdujeron entonces la obligatoriedad de hacer los citados exámenes y curiosamente, el plazo de un año para la resolución de la solicitud. En aras de agilizar los trámites, se estableció también la petición telemática. Eso ha aligerado al menos el proceso de entrega. Las largas listas de espera que existían en los registros civiles para presentar los papeles han dado paso a un proceso informático que se completa en cuestión de minutos.

A partir de ahí, hay que cargarse de paciencia. Un año, dos, tres... meses y meses que se hacen muy largos, sobre todo si, como le ocurre a Fátima, todo su mundo se tambalea. Sus padres son marroquíes pero ella nació en Madrid, y en Madrid ha residido siempre. Sin embargo, nunca ha podido votar, ha llegado a perder la cobertura sanitaria y en el banco le han denegado un préstamo porque su Número de Identidad de Extranjero (NIE) está en vías de renovación, algo por lo que lleva esperando desde septiembre.

Cuando tenía 20 años le denegaron la renovación de su primer NIE al no estar trabajando ni estudiando. "Me dejaron como ilegal en mi propio país", recuerda con indignación y le preocupa que algo similar pueda volver a ocurrir. Ahora tiene un empleo, pero no puede evitar vivir con incertidumbre. Esta joven solicitó la nacionalidad hace casi dos años. Siendo menor su familia desconoció durante años que tuviera que nacionalizarla y ya cumplida la mayoría de edad, ella quiso aguardar a tener una estabilidad económica, por miedo a que si estaba en paro no se la concediesen.

Con tantas trabas no es de extrañar que en 2017 la solicitud de nacionalidades por extranjeros residentes en España sufriese un desplome interanual del 56%, hasta las 66.498. Según datos a los que ha tenido acceso Legalteam, desde el cambio de procedimiento en 2015, cerca de 215.300 personas la han pedido, pero solo 548 han visto resuelto su expediente, "casi todas tras interponer un recurso contencioso", denuncia el bufete.

El Gobierno ha anunciado un plan de choque para afrontar el colapso. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, avanzó en noviembre la intención de contratar a cien personas pero poco más se sabe. Fuentes del ministerio se limitan a decir a este diario que todavía se están definiendo las medidas que se utilizarán para gestionar los expedientes pendientes. Los afectados  desconfían. "Esa promesa ya nos la hicieron hace más de seis meses", denuncia Silvia.

"Hasta que no lo vea...", coincide en dudar Morales, quien, a colación de las últimas informaciones sobre la caída de la natalidad en España a mínimos históricos, se plantea "cómo un país con esos datos bloquea a tantas personas que son el futuro de las pensiones".