Un mes después de que el presidente Ángel Garrido anunciara que recurriría a la vía judicial si el Ayuntamiento no paralizaba Madrid Central, el portavoz regional, Pedro Rollán, ha confirmado hoy que el ejecutivo presentará esta semana dos recursos por la vía del contencioso-administrativo contra la medida. Pese a lo esperado de la noticia, el PP no termina de disolver el suspense. Sol ha decidido dejar cualquier concreción para la rueda de prensa "monográfica" que se organizará mañana a partir de las 13 horas en la sede de la Presidencia y en la que el jefe del ejecutivo explicará la demanda junto a su equipo.

Tras la reunión del Consejo de Gobierno, el también vicepresidente solo ha pormenorizado que un recurso irá contra la aprobación en pleno de la ordenanza de movilidad del 5 de octubre y el otro contra el acuerdo que la desarrolló en Junta de Gobierno el día 29.

Rollán ha advertido de que hay "razones, motivos y argumentos" suficientes en sus demandas, ya que parten de un "análisis" de la normativa sobre la que se asienta Madrid Central gracias al que han identificado "cuestiones que no han quedado debidamente justificadas". Pese a la insistencia de la prensa, el portavoz ha rechazado explicitar poco más. Por ejemplo, se desconoce si esos dos recursos -que siguen al que interpuso ya el grupo municipal del PP- harán referencia a los tres informes que hace una semana el ejecutivo indicó que echaba de menos en la documentación remitida por el Consistorio tras el requerimiento de Garrido y que no satisfizo sus exigencias.

Aunque parece probable, el vicepresidente no ha detallado si en el escrito solicitarán como medida cautelarísima la paralización judicial de la puesta en marcha de esta gran APR, prevista para el día 30, fecha irrenunciable para la edil Inés Sabanés. Rollán tampoco ha concretado si se ha diseñado un plan de contingencia por si finalmente hay que reforzar el Metro en diez días, pero ha insistido en reclamar "sentido común" a la concejala: "No nos resignamos a que el Ayuntamiento lo reconsidere".

Con este ofrecimiento, la Comunidad ha vuelto a tender la mano al Consistorio en un nuevo episodio del ultimátum permanente en el que se ha convertido la trifulca política sobre esta medida estrella que Manuela Carmena quiere convertir en aval para su reelección. Ambas administraciones han acercado y alejado sus posiciones en las últimas semanas, hasta el punto de que Garrido llegó a insinuar que no iría a los tribunales. Sin embargo, con el anuncio de hoy, el presidente parece dar un paso más en la línea más dura de su discurso. El movimiento le otorga cierta resonancia interna a semanas de que su partido, muy beligerante contra la iniciativa, decida si apuesta finalmente por él para 2019.

Tras conocer la noticia, Carmena ha afirmado que espera que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) resuelva "muy pronto" y de forma positiva para el Ayuntamiento el recurso que presentaron a finales de octubre los concejales del PP y que su resolución haga "desistir" al presidente, informa Europa Press.

Más drástica ha sido Sabanés, quien ha contestado que no tiene tiempo "para pensar" en Garrido y le ha dicho que "haga lo que le parezca oportuno". Además, ha vuelto a justificar que el Consistorio aplica con Madrid Central lo mandatado por la Unión Europea y el Estado, con el objetivo de evitar una sanción anual al país de 200 millones de euros. Así, ha apremiado a Garrido a confrontar igualmente con esas administraciones.

La controversia llega después de que hoy, el director General de Gestión y Vigilancia de la Circulación del Consistorio, Francisco López Carmona, haya reconocido que los paneles informativos que se colocarán para informar de las plazas libres en los aparcamientos del distrito Centro no estarán operativos, como pronto, hasta el próximo mes de mayo.