Los madrileños podrán retirar sus recetas en todo el país antes de 2019

Hace tres años, una farmacia canaria dispensó a un paciente los medicamentos que le habían prescrito en Extremadura. Lo hizo sin ningún papeleo extra, en el mismo momento, solo pasando la tarjeta sanitaria por el lector y evitando al usuario tener que acudir a centro médico alguno. Se tejía así la primera conexión del mapa de interoperabilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), la red impulsada por el Gobierno central desde comienzos de década para poner en común las historias clínicas y las recetas electrónicas. Desde aquella pionera transacción, todas las comunidades han ido adaptándose para materializar su adhesión a ese sistema. Andalucía y Cataluña han sido las últimas en entrar. Ahora queda Madrid, la otra de las tres grandes, aunque aquí los 6,5 millones de habitantes tendrán que esperar un par de meses más.

En su estreno ante la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Congreso de los Diputados, la ministra María Luisa Carcedo anunció la pasada semana que la Comunidad –junto a Ceuta y Melilla, dependientes de su propio Ministerio– sería interoperable de forma "inminente". Completar el proceso forma parte de las prioridades de su mandato, iniciado tras la dimisión de Carmen Montón.

Fuentes de la Consejería de Sanidad templan esa inminencia. "El sistema ya está montado, pero está en pruebas, una exigencia del Ministerio", explican desde la oficina de Enrique Ruiz Escudero. "La previsión es que estemos incorporados antes de final de año", añaden.

La razón de esta demora es técnica, según relató recientemente en la Asamblea el director general de Sistemas de Información Sanitaria, José Antonio Alonso. Antes de unificar con el resto del país, en Madrid había que empezar por unificar puertas adentro. El Ejecutivo ha optado por desarrollar "un módulo único de prescripción" (MUP) para que los sanitarios receten con la misma herramienta tanto en atención primaria como en atención hospitalaria y a través del Summa. Este software se empezó a ensayar hace un mes en el Hospital Infanta Cristina y en el Centro de Salud San Blas. Ahora, ha llegado a todos los ambulatorios y el Ejecutivo quiere extenderlo "por bloques" a los hospitales. Ya está en marcha en la zona sur y, una vez que se compruebe que funciona en todos los ordenadores del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), se podrá enganchar a la red nacional.

Ahora bien, ni el calendario ni el proceso en sí disuelven las críticas. Al "vamos tarde" de la diputada de Podemos Mónica García lanzado al director general se suman hoy los reproches de su compañera de filas Carmen San José. "Todo esto deriva de la problemática de no tener un sistema propio, de haberlos ido comprando. Por ejemplo, cada hospital ha tenido un programa y se han ido poniendo parches entre ellos", resume. En este sentido, la Asociación de Profesionales de Informática de Sanidad de la Comunidad de Madrid (Apiscam) subraya la vinculación entre la lentitud del caso madrileño con la demora en la llegada de la mera receta digital. Por su parte, el socialista José Manuel Freire advierte de la "desastrosa implementación" del MUP.

Con todo, Comunidad y Gobierno central confían en tomar las uvas con la tarea resuelta. Desde 2015, más de dos millones de medicamentos han sido retirados en boticas de otras comunidades gracias a esta vía. El pico se registró en agosto, con más de 232.000 pacientes atendidos. La interoperabilidad de la receta electrónica favorece, principalmente, a crónicos, que pueden llevar sus prescripciones programadas en su tarjeta y recogerlas por todo el país sin pasar por su lugar de residencia.