El Gobierno ha aprobado este viernes dar el paso definitivo para que las comunidades autónomas y los ayuntamientos asuman la gestión y regulación de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), las empresas como Uber y Cabify, en sus territorios, tal como ha confirmado el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros.

Ábalos recordó que el taxi está regulado en el ámbito urbano por las administraciones autonómicas y municipales, mientras que las VTC están regulados por el Estado tanto a nivel urbano como interurbano. Eso es lo que se pretende corregir porque "realizan la actividad en el mismo ámbito". El decreto ley deja a las VTC en una "situación similar" al taxi: tendrán una licencia autonómica para el transporte urbano y una estatal para el interurbano.

"Antes se desconocía el origen y el trayecto de las VTC y se usaba en ocasiones esporádicas, pero ahora con la aparición de las plataformas digitales tiene que coexistir con el taxi", comentó. "Lo que pretende este decreto es ajustar la actividad", dijo el titular de Fomento, pero esgrimió que la idea es "acabar con el conflicto sobre todo en las grandes ciudades". Dejó claro que el Ejecutivo "no transfiere nada" porque las CCAA ya condecía las autorizaciones, pero ahora se hace posible que también "las puedan regular en función de las necesidades".

La medida supondrá un nuevo hito en la 'guerra' abierta desde hace años entre este nuevo modo de transporte urbano surgido al calor de las nuevas tecnologías y el tradicional sector del taxi.

La iniciativa ha sido demandada durante meses y aplaudida por los taxistas, pero el gremio considera excesivo el plazo de varios años que, según indican a Europa Press en fuentes del sector, el texto dará a las regiones para adecuar su normativa a la regulación de las VTC. La moratoria que establece el Gobierno, eso sí, es de cuatro años, algo que rechaza el sector, que pedía un máximo de tres.

De su lado, las VTC rechazan de plano la medida al considerar que conllevará restricciones a su actividad mediante la obligación de solicitar segundas licencias para operar en determinadas ciudades, como la que Barcelona quiso articular el pasado verano.

Asimismo, tampoco cuenta con el beneplácito de todas las comunidades autónomas, especialmente las gobernadas por el PP, que estiman que solo supondrá traspasar un problema o "multiplicarlo por 17".

El diputado de Podemos Rafael Mayoral ha asegurado este viernes que su partido fijará su posición con respecto al nuevo real decreto ley "en lo que decidan" los trabajadores del sector del taxi.

"Nuestra posición vendrá fijada en esta medida en lo que planteen y en lo que decidan también la gente que ha sido la que ha empujado al Gobierno a sacar este real decreto, que fueron los miles de trabajadores y trabajadoras del sector del taxi, que hicieron la huelga de este verano", ha dicho.

Por su parte, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha criticado este viernes que el Gobierno de Pedro Sánchez regule las VTC, "como casi todo", de "espaldas a las comunidades".

En declaraciones a los medios de comunicación, el dirigente popular ha señalado que esperará a ver el texto del Ejecutivo sobre la materia para valorarlo. "Cuando llegue lo recibiremos y lo veremos. Desde luego no vamos a consentir que quiera traspasar los problemas que se encuentran", ha comentado.