La huelga de taxistas de Barcelona, a la que se han sumado los de Madrid, La Rioja, Alicante y Valencia, no es la primera que colapsa las calles de la Ciudad Condal. El sector del taxi lleva años pidiendo que se regule la actividad de los vehículos de transporte con conductor (VTC), operados por Uber o Cabify.

Sus reivindicaciones se centran en que no se cumple la normativa del Gobierno por la que se estipula una licencia de VTC por cada 30 de taxi. El origen está en un vacío legal entre 2009 y 2015, que concedió más licencias a estos vehículos, que han llegado a triplicar lo permitido: así, por cada 64.000 licencias de taxi hay 7.000 de VTC. Estos últimos mantienen que cumplen con la legalidad.

El detonante de lo ocurrido estos días ha sido precisamente el asunto de las licencias. El pasado mes de junio, el Área Metropolitana de Barcelona aprobó un reglamento —que entraría en vigor en agosto— por el que debía cumplirse la normativa de una licencia de VTC por cada 30 taxis.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) lo ha suspendido con medidas cautelares por "invadir" —asegura— competencias estatales.

A pesar de que desde el ministerio que dirige Jose Luis Ábalos han convocado sendas reuniones con ambas partes para buscar una solución al conflicto, el colectivo ha optado por mantener las protestas de forma indefinida, hasta que el Gobierno recoja las peticiones del Área Metropolitana de Barcelona.