Extremadura dio este miércoles luz verde a su ley de Grandes Instalaciones de Ocio. La norma –dirigida a facilitar la instalación de grandes proyectos de ocio, deporte, residencial y entretenimiento en la Comunidad– se aplicará a los proyectos que garanticen una inversión mínima de 1.000 millones de euros en territorio extremeño, creen al menos 2.000 puestos de trabajo directo y 3.000 plazas de alojamiento hotelero.

La norma –que se tramitó a iniciativa del PSOE– se aprobó con los cambios introducidos por 16 enmiendas de Podemos, siete del propio PSOE y dos de Ciudadanos. En cualquier caso, en la votación final solo la apoyó el grupo socialista y un diputado no adscrito, mientras PP y Ciudadanos se abstuvieron y Podemos votó en contra al argumentar que es "un traje a medida de casinos".

Entre las enmiendas más relevantes aprobadas se encuentra la reducción propuesta por los socialistas de 1.000 a 300 hectáreas de superficie mínima exigidas a estas iniciativas.

El portavoz del grupo socialista, Valentín García, defendió la necesidad de esta ley ante la "ausencia de una norma en la comunidad para amparar grandes instalaciones de ocio".

Hace un par de semanas, la portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, explicaba que había "cuatro" grandes grupos interesados en la región, si bien tanto ella como el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, han insistido en que la ley "no se ha hecho para nadie".

El diputado popular Víctor del Moral argumentó que con su abstención no pretendía "bloquear" la nueva ley, aunque consideró que esa norma "no servirá para nada". Además, agregó que el informe del Consejo de Estado, que conllevó la modificación de múltiples artículos de la ley, supuso un "varapalo de tal calibre" que ha obligado al PSOE a presentar enmiendas a su propio texto.

En este sentido, la norma es la primera que ha sometido a consulta Extremadura al Consejo de Estado, tras la supresión del órgano regional.

La diputada de Podemos Jara Romero consideró que esa iniciativa pretende convertir a Extremadura en "un paraíso fiscal" en el que la "fiscalidad justa brilla por su ausencia". Asimismo defendió que sus enmiendas pretendían arreglar la "auténtica chapuza jurídica" de la propuesta socialista.

María Victoria Domínguez, diputada de Ciudadanos, se mostró también muy crítica con la nueva ley, aunque acabó absteniéndose. Según indicó, lo hizo porque porque, aunque no se opone a la llegada de nuevas inversiones a Extremadura, no quiere que se base en leyes "hechas con calzador" y con "un marco jurídico adaptado" a proyectos determinados.