Rocío, Marta, María y Pilar conviven con la pobreza infantil. Son trabajadoras de Save The Children en un centro de atención a población vulnerable de Madrid. Las cuatro tratan a diario con esos niños y niñas que están entre los 1,4 millones de infantes en situación de pobreza severa o los 3 millones en riesgo de exclusión social. La situación en la que viven esos niños se resume en hacinamiento, obesidad, bullying y violencia en el seno de la familia.

"El problema más grave que tienen ahora mismo los niños y niñas es que les están intentando echar de sus casas, porque los precios del alquiler han subido muchísimo. No están accediendo a las viviendas públicas, ni siquiera cuando están en la situación más grave y cumplen todos los requisitos, y tienen que recurrir a la ocupación de infraviviendas. Ahí comparten cuatro y cinco personas una misma habitación", resume una trabajadora social. "Algunas familias arrastran deudas muy importantes, lo que genera mucha ansiedad en los adultos y otros problemas graves derivados de la salud mental que afectan a sus hijos e hijas".

Los niños que ellas atienden no siguen una dieta alimenticia completa y equilibrada, porque les donan sobre todo arroz y legumbres. Están escolarizados, pero tienen muchísimas dificultades para seguir el ritmo de la enseñanza bilingüe, porque no pueden pagarse una academia. El fracaso escolar  "daña su autoestima y conlleva serias dificultades en la adolescencia".

"Nos estamos dando cuenta de un claro aumento de la violencia intrafamiliar, hay muchísima violencia en estos hogares, lo vemos casi todos los días. También hay mucha violencia de  género y bullying en las escuelas", remachan.

Este es el panorama que deberá afrontar el Alto Comisionado para la Pobreza Infantil, un puesto anunciado por el gobierno de Pedro Sánchez, que se encargará de coordinar las políticas de todos los ministerios y reportará directamente al Presidente. La tarea no es baladí, las estadísticas señalan a España como el tercer país de la UE en mayores tasas de pobreza infantil (32%), una población que además se ha empobrecido durante la crisis.

La socióloga Marga Marí-Klose, de la Universidad de Barcelona, es una de las mayores especialistas en pobreza infantil. De la mano de su hermano, el también sociólogo Pau Marí-Klose, han llevado a cabo numerosas investigaciones, principalmente en el ámbito urbano barcelonés. Marí-Klose tira de estadística para describir que estos menores viven habitualmente en hogares donde no se puede hacer frente a ningún gasto imprevisto, es decir, que no tienen un margen de 650 euros a final de mes con el que arreglar, por ejemplo, una lavadora rota. Como tampoco pueden mandar en verano a los niños de campamento. Además, duermen en invierno pasando frío, y eso tiene efectos acumulativos, como el sufrir más infecciones y tener que faltar más a clase. Marí-Klose también destaca que "sus padres viven constantemente preocupados. Y eso revierte negativamente en la relaciones intergeneracionales".

Miles de niños en España no estrenan ropa nueva, no tienen dos pares de zapatos adecuados para cada época del año, no comen fruta fresca o verdura al menos una vez al día, ni se pueden permitir sus padres llevarles a extraescolares deportivas o artísticas. No viajan con el colegio de excursión, ni con la familia de vacaciones. Muchos no pueden ni celebrar su cumpleaños con amigos.

El responsable de infancia en dificultad social de Cruz Roja se llama Carlos Chana y explica que la crisis económica ha tenido un impacto muy importante en una buena parte de la infancia del país, "porque los niños son víctimas de la situación financiera de sus padres". España siempre ha tenido altas tasas de pobreza relativa, que se agudizó con la destrucción de empleo y la reducción de las políticas sociales. "Ahora la recuperación es lenta en lo económico, pero muchos de los padres de estos niños siguen sin empleo o en trabajos precarios y las políticas sociales locales no se han recuperado y son determinantes".

Por su experiencia con familias vulnerables Chana sabe que los niños de hogares más depauperados viven en familias formadas o por una mujer que asume sola y por entero las cargas familiares, o bien de la prórroga de los subsidios de sus progenitores y algunos ni siquiera eso, de las pensiones no contributivas de sus abuelos.

En cuanto se supo que la pobreza infantil iba a ser una política prioritaria del nuevo Gobierno, las ONG que trabajan por los derechos de la infancia lanzaron una petición como la más urgente y prioritaria: la necesidad de incrementar de 24,5 euros actuales hasta 100 euros al mes la prestación por hijo con carácter universal, aunque empezando con las familias en pobreza severa. Gabriel González, pertenece a Unicef. Su organización ha estudiado el impacto que tendría esta medida y lo ha cifrado en una reducción del 30% de la pobreza más severa. "La estimación es que sacaría a unos 280.000 niños de la pobreza, y con ellos a 600.000 adultos que viven con ellos".

El coste de afrontar esta ayuda, que no se ha incrementado en los últimos siete años, sería de 2.600 millones de euros, según Unicef. "Parece mucho dinero, pero es preciso poner esa cantidad en el contexto de las políticas sociales, como el sistema de pensiones, que cuesta unos 115.000 millones, o el desempleo, 17.000 millones anuales. Lo que no puede ser es que los niños en España en la situación actual se beneficien más de la prestación de desempleo que a través de políticas enfocadas a las familias". González recuerda que esta política ha funcionado en Europa, y pone el ejemplo de Irlanda, que tiene tasas de pobreza similares a las españolas si se mide sin contar con las ayudas públicas, pero que con la intervención logra reducir mucho más.

Los expertos consultados, desde las trabajadoras sobre el terreno de Vallecas, pasando por las ONG o la socióloga Marí-Klose consideran que toda ayuda a la infancia debe considerarse "inversión". Como explica la académica, no invertir en infancia no anticipa nada bueno, porque los niños y niñas se convertirán con los años en adultos "con menos probabilidades de trabajo fijo o en desempleo, que consumen más recursos públicos, ya sea en salud, en servicios sociales o penales, efectos costosos para ellos personalmente y para la sociedad en su conjunto".