El PNV ha arañado de Rajoy la concesión más preciada por los cinco millones de pensionistas que este año, pese a las multitudinarias protestas en la calle, iban a perder poder de compra por decisión del Ejecutivo.

Las pensiones no subirán finalmente ese 0,25% decretado por el Gobierno para 2018 por quinto año consecutivo. Lo harán el 1,6%; es decir, la inflación esperada este año. La subida en 2019 se acompasará también al IPC. En otras palabras, lo mismo que reclamaba la oposición de izquierdas durante meses en propuestas que el Congreso vetaba alegando que el coste superaba los 2.000 millones y que desataría el déficit público.

Todos ganan con esta jugada sorpresiva del presidente del Gobierno. Lo hacen, en primer lugar, los pensionistas porque su prestación no perderá valor los dos próximos años; también los nacionalistas vascos, que alivian así la presión de los jubilados sobre su Ejecutivo regional –las concentraciones en Bilbao son habituales– ; pero sobre todo triunfa Rajoy que, a cambio de la subida, arranca del PNV su rechazo a las enmiendas a la totalidad que se presentarán este juves a sus Presupuestos.

El pacto con el PNV tiene más aristas. Las pensiones de viudedad subirán por encima de lo previsto en el proyecto de Presupuestos: la base reguladora se ampliará este año al 56% y no al 54% que dibujó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Supone cuatro puntos más que el 52% actual, lo que en la práctiva supone una revalorización del 7,7% en la prestación que cobrarán este año las viudas. Las pensiones mínimas, en cambio, sí mantienen la subida prevista del 3%, superior a la inflación.

Finalmente, se retrasará cuatro años la aplicación del factor de sostenibilidad que se introdujo en la reforma de las pensiones aprobada en 2013 y que suponía un recálculo de la pensión según la esperanza de vida del país. Iba a entrar en vigor en 2019, en pleno año de elecciones europeas, locales y autonómicas... pero finalmente lo hará en 2023. Los expertos calculan que este factor devaluaría las pensiones un 5% cada 10 años desde su aplicación al sistema.

"No hay derecho a que se use a pensionistas como mercancía política", le espetó ayer a Montoro el portavoz económico del PSOE, Pedro Saura. "Es una bofetada en la cara de Ciudadanos", analizó por su parte Joan Baldoví, de Compromís. Ambos grupos votarán el jueves devolver los PGE junto a Bildu, Unidos Podemos, Nueva Canarias ERC y PDeCat, pero sus votos suman 175 y no llegarán a una mayoría para frenar su tramitación.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, explicó ayer que el acuerdo se fraguó el martes en una reunión de Rajoy con el presidente jeltzale, Andoni Ortuzar. Otra cosa es que en mayo apoyen las cuentas. Ahí pesará el art.155 aplicado en Cataluña. Esteban expresa la "preocupación" de su grupo porque siga en vigor, pero valora que Rajoy muestre un "compromiso firme" en que desaparezca en cuanto haya un nuevo Gobierno catalán.

La subida de las pensiones al ritmo de la inflación era una de las exigencias de los sindicatos, que han echado a la calle a miles de personas en las últimas semanas para protestar por la subida del 0,25% que ellos tildaban como aumento "de mierda".

Los líderes de los sindicatos mayoritarios, Pepe Álvarez (UGT) y Unai Sordo (CC OO), se apostaron ayer ante el Congreso e iniciaron una campaña de firmas que pide "blindar en la Constitución" el alza de las pensiones al IPC y derogar el factor de sostenibilidad. "Llevarlo a 2023 significa que el problema sigue ahí pero aplazado en el tiempo", lamenta CC OO.

Álvarez y Sordo recogen firmas por las pensiones en la puerta del Congresos. (EFE/Javier Lizón)

"La movilización es el único camino para revalorizar las pensiones, asegurar la viabilidad del sistema público y mover el Gobierno", ha asegurado Álvarez, que ha defendido avanzar a una pensión mínima superior a 1.000 euros. Sordo, por su parte, dice que seguirán "dando la lucha" hasta que se derogue la reforma de 2013, lo que hará "desde las propuestas, desde la calle y el próximo 1 de mayo".