Ceuta
Algunos inmigrantes llegan a un Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). REDUÁN / EFE

Colapsado. Esa es la palabra que mejor se adecúa a la situación actual del CETI de Ceuta, después de la llegada este jueves de 602 migrantes que lograron saltar la valla que separa la ciudad autónoma y Marruecos.

A pesar de que el mensaje del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que la situación está "controlada" y que el Gobierno pondrá "todos los medios" para resolverla, lo cierto es que el CETI está con 500 plazas por encima de la capacidad que tiene: acoge a unos 1.200 migrantes cuando solo tiene capacidad para poco más de 700.

España, que ya se había convertido en la principal vía de llegada a Europa a través del mar, también tiene que seguir haciendo frente a los saltos por tierra. El Ejecutivo de Sánchez ha llegado a pedir ayuda al Ejército para controlar la situación.

De hecho, en el CETI de Ceuta se han tenido que habilitar tiendas de campaña para despejar un poco el colapso y también se ha acondicionado un centro hípico situado en los aledaños de las instalaciones.

La de este jueves se convirtió en la llegada más masiva de la década, muy cerca de la ocurrida en 2014, cuando lograron cruzar la frontera otros 500 migrantes.

Grande-Marlaska ha defendido la actuación de los agentes en las fronteras españolas y ha asegurado que las devoluciones de inmigrantes ilegales nunca se realizan en territorio español porque si así fuera "por supuesto que se tomarían medidas".

En cambio, el Defensor del Pueblo no comparte esa postura. El organismo asegura que los métodos de detención deben mejorarse, ya que en muchos casos no se respetan los derechos de los migrantes. Considera necesario proponer una revisión de los actuales mecanismos de recepción y detención de personas migrantes, especialmente en el caso de las que acaban de ser rescatadas en el mar.

Estos cambios han de realizarse, asegura, con el objetivo de "garantizar, por un lado, los derechos que corresponden a dichas personas y, por otro lado, asegurar el cumplimiento de las obligaciones jurídicas contraídas por España".

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