El Pleno del Congreso debatirá y votará este martes una moción del PSOE en la que se demanda al Gobierno tomar las medidas necesarias para derogar la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada en 2015, bautizada por sus detractores como 'Ley Mordaza', y a promover en su lugar una nueva normativa "más respetuosa con los derechos y libertades fundamentales" recogidos en la Constitución.

La iniciativa, consecuencia de la interpelación que el PSOE dirigió al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, el pasado miércoles en la primera sesión de control de esta legislatura, incluye la petición para que se presente en el plazo de tres meses un nuevo plan operativo para reducir el robo con fuerza en viviendas y explotaciones agrícolas, así como medidas para frenar el incremento de la siniestralidad vial.

El PSOE reclama un "compromiso inequívoco con la seguridad pública" a través del "incremento sustancial y sostenido" de las plantillas policiales, para quienes reclaman medios más modernos. En lo referente a la Guardia Civil, se insta al Ejecutivo a reformar el Código Penal Militar de enero de 2016 para que sólo se aplique en situaciones extraordinarias.

La moción socialista, permitirá de nuevo al Congreso pronunciarse sobre la 'Ley Mordaza', impulsada por el exministro Jorge Fernández Díaz y contestada por toda la oposición. En la anterior legislatura, el pasado 5 de abril, la Comisión de Interior del Congreso ya aprobó una iniciativa similar a instancias de ERC, que salió adelante con el único voto en contra de los 'populares', mientras que Ciudadanos se abstuvo.

Ahora el asunto se someterá de nuevo a debate, esta vez en el hemiciclo, donde los grupos también discutirán sobre la exigencia de una mayor transparencia sobre los centros de internamiento de extranjeros (CIE), un recurso que los socialistas quieren restringir a "supuestos imprescindibles y que no supongan más limitaciones a los internos que los indispensables, asegurando sus derechos y asistencia sanitaria con supervisión judicial".

La moción del PSOE incluye finalmente un punto sobre el refuerzo de la plantilla de trabajadores de Instituciones Penitenciarias, especialmente los que están sin funcionamiento por falta de efectivos, entre los que se cita los casos la Unidad Terapéutica y Educativa (UTE) de Asturias y el módulo para madres jóvenes internas de Alicante.