La excusa de la falta de Gobierno ha caducado. Ahora que España ya no tiene su economía 'en funciones' y que tiene ministros de Economía y de Hacienda, Bruselas espera del nuevo Ejecutivo español que se pongan a la faena y expliquen cuanto antes cómo van a implantar los ajustes presupuestarios exigidos.

El ministro De Guindos volvió este lunes a una reunión del Eurogrupo y por primera vez en diez meses lo hizo sin la coletilla de 'en funciones'. Su mensaje a sus colegas comunitarios fue claro: el tope de déficit se cumplirá en 2016 y una parte del desfase de cinco décimas —unos 5.500 millones— que el Gobierno admitió en el borrador presupuestario para el próximo año se corregirá a través de un crecimiento económico mayor del estimado.

"Tenemos un cuadro macroeconómico con un crecimiento este año del 2,9% y del 2,3% para el año próximo, pero los datos muestran que las cifras van a ser superiores", ha afirmado el titular de Economía, Industria y Competitividad antes de entrar en la reunión y tras charlar previamente con el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici. Este lunes el BBVA le daba la razón: el PIB subirá un 3,3% y un 2,5% respectivamente.

Aunque no era un tema agendado —en esta jornada se debate la reforma bancaria y la privatización de BMN y Bankia— las finanzas españolas volvieron a la mesa del Eurogrupo. España tiene hasta diciembre para enviar a Bruselas sus presupuestos actualizados de 2017 y debe especificar la ruta fiscal a seguir para no rebasar el -3,1% de desfase en las cuentas públicas.

"El 4,6% de déficit para este año se cumplirá holgadamente", ha asegurado el ministro, que lo garantiza por el mayor crecimiento económico y la recaudación extra de 8.300 millones que proporciona el adelanto del Impuesto de Sociedades. Serían cinco décimas de ajuste gracias a ese apretón impositivo a las grandes empresas que ha recaudado en octubre 1.000 millones más de lo previsto, según ha informado Hacienda este mismo lunes.

España habría ajustado ya cinco décimas. Pero, ¿y el año que viene? El borrador enviado por el Gobierno el pasado 15 de octubre, al estar en funciones, apenas se limitaba a prorrogar el del año anterior. Aquellas cuentas mostraban un desfase del -3,6%, cinco décimas más del límite que impuso Bruselas para 2017. España, de este modo admitía la necesidad de ajustar 5.500 millones entre recortes de gastos y aumento de impuestos.

Guindos ha subrayado este lunes que el Ejecutivo realizará ese esfuerzo estructural y que "en las próximas semanas" presentarán a Bruselas "todas las medidas necesarias". El ministro apunta que "existen diferentes alternativas", pero confía en que el crecimiento "seguramente superior" acorte el agujero.

Fuentes del Gobierno citadas por Europa Press, la mejora del crecimiento en 2017 se convertirá en una mayor recaudación que evitará recortar esos 5.500 millones. El Gobierno no explica aún qué crecimiento piensa alcanzar en 2017, pero según argumentó Guindos recientemente en La Vanguardia, si fuera del 2,8% (medio punto superior al 2,3% estimado ahora) el ajuste de 5.500 millones podría reducirse a la mitad.

El argumento del crecimiento, sin embargo, ya lo usó repetidamente De Guindos para asegurar que España cumpliría con el déficit de 2015. "Somos más optimistas que Bruselas en cuanto al crecimiento, que será más que suficiente para cumplir con el 4,2%", decía entonces el ministro. Al final no solo no se cumplió, sino que se elevó al 5,1%, tres décimas más del 4,8% que esperaba Bruselas.

Por eso Bruselas no se fía de la nueva promesa. El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, insinuó este lunes que los ajustes de 5.500 millones debían ir aparte de las expectativas de un mayor crecimiento. Y advirtió a España de que "los compromisos sobre déficit estructural deben cumplirse".

En los próximos días el Gobierno tendrá que decidir dónde mete la tijera, pero los socios comunitarios podrían necesitar antes esa información. Este mismo martes, Luis de Guindos tiene que comparecer en la Eurocámara para evitar la posible congelación del 50% de los fondos estructurales a España (unos 1.300 millones) por haber incumplido el objetivo de déficit de 2015.

La mayoría de los partidos políticos de la Eurocámara rechazan esta congelación de fondos y piden al brazo ejecutivo de Bruselas que reconsidere cualquier acción coercitiva contra España, alegando que si bien es cierto que incumplió el mandato comunitario —cerró el año pasado con un desfase del -5,1% frente al -4,2% requerido— también lo es que la reducción del déficit en toda la legislatura fue de casi cinco puntos porcentuales.

Bruselas está obligada a presentar una propuesta de castigo tras considerar  la "falta de acción efectiva" contra el déficit, pero no lo hará hasta haberlo debatido con el Parlamento Europeo. Pero tienen un límite de plazo: la sanción deberá decidirse por la Comisión Europea y el Eurogrupo antes del 8 de diciembre.