El Gobierno ha tramitado este viernes en Consejo de Ministros el Plan Presupuestario de 2017 que, al estar en funciones, prorroga el presupuesto del año anterior "sin cambios de política económica", según ha confirmado la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior a la reunión.

El informe de los ministerios de Economía y Hacienda que se ha estudiado este viernes en el Consejo de Ministros contemplaría un déficit público para 2017 del 3,6%, medio punto sobre el objetivo fijado con Bruselas, así como un crecimiento económico del 2,3%. "Será el nuevo Gobierno el que deba aprobar los presupuestos de 2017", ha asegurado la vicepresidenta. Este nuevo presupuesto provisional, por lo tanto, requeriría la introducción de nuevos ajustes estructurales equivalentes al 0,5% del PIB, unos 5.000 millones de euros.

El calendario que maneja el Gobierno es que Mariano Rajoy pueda ser investido presidente del Gobierno a finales de este mes, siempre que se confirme la abstención del PSOE, lo que le permitiría contar con un nuevo Presupuesto a finales del próximo año, donde sí se incluirían ya las medidas suficientes para cumplir con el déficit del 3,1% del PIB comprometido con la Comisión Europea para 2017.

"Si no hay investidura, se prorrogarían automáticamente los presupuestos de 2016 a 2017, pero al ser un Gobierno de actuación limitada tendríamos que ver el modo de realizar los ajustes", ha dicho Sáenz de Santamaría, que no ha detallado qué tipo de recortes se llevarían a cabo para adaptarse a los límites de déficit que marca la Comisión Europea.

"Si la hubiera, problamente se aprobarían en noviembre los objetivos de Estabilidad Presupuestaria y el techo de gasto de todas las administraciones, como paso previo a la elaboración de los nuevos PGE y la elaboración de un Decreto ley con las nuevas medidas presupuestarias", ha zanjado la vicepresidenta.

La remisión a Bruselas del borrador presupuestario de 2017 se realizará este sábado, 15 de octubre, fecha límite también para informar sobre las medidas de Acción Efectiva para corregir el déficit de las cuentas públicas de este año, que debe cerrar con un desfase del -4,6% para evitar una posible multa de Bruselas.

Entre esas medidas se encuentran el Acuerdo de No Disponibilidad adoptado a mediados de este año, así como el aumento del tipo mínimo de los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades que pagan las grandes empresas, ya en vigor, que permitirá recaudar este año 8.300 millones más y que se prorrogará también en 2017. El objetivo de déficit para 2018 es del - 2,2%.