El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia de Jaén que condenó a un año y medio de prisión a un activista antidesahucios que recorría España por estafar 16.500 euros a un matrimonio con un hijo en estado vegetativo afectados por la estafa bancaria conocida como Madoff.

En una sentencia el Supremo explica que la Audiencia declaró probado que el acusado, José Luis B.F., que pertenecía a una plataforma antidesahucios, mantenía un litigio con el Banco de Santander por el que había realizado una serie de protestas contra la entidad y era conocido por la prensa.

Añade que en 2011 realizaba una ruta por diversas ciudades de España para recoger información de casos de afectados por el banco y elaborar un documental cuando contactó con el citado matrimonio que había invertido una indemnización de 300.000 obtenida por el accidente de tráfico que sufrió su hijo en productos financieros como preferentes ofrecidos por el Banco de Santander en 2004.

Agrega que el matrimonio no pudo recuperar el dinero cuando quiso en 2008 someter a su hijo a un tratamiento experimental en Alemania.

La sentencia relata que el condenado decidió apoyar la causa del matrimonio e inició una campaña de difusión y denuncia como perjudicados de la "estafa Madoff" con manifestaciones y huelgas de hambre en Barcelona y ante el Congreso de los Diputados en Madrid.

Según la resolución se fraguó una relación de mucha confianza entre Jose Luis B.F. y el matrimonio al que puso en contacto con el despacho de abogados madrileño que le asistía en su litigio con el banco y que aceptó hacerse cargo de este otro asunto sin cobrar honorarios.

Los abogados interpusieron una querella contra los directores del banco en los juzgados de Jaén en los que se llegó a un acuerdo el 21 de diciembre de 2012 por el que la entidad bancaria devolvía al matrimonio los 200.000 euros.

El Supremo relata que unos días después de haber recibido los componentes del matrimonio el dinero del banco les engañó diciéndoles que debían ingresar en una cuenta bancaria 16.500 euros para pagar a los abogados, cantidad que aquellos le transfirieron el 18 de marzo de 2013 y que ahora el condenado les tendrá que devolver.

"Dicha cantidad la hizo suya el acusado sin que en realidad los abogados hayan cobrado honorario alguno al haber intervenido de forma gratuita en el procedimiento", concluye el Supremo.