Una vuelta a los orígenes y a la socialdemocracia clásica. Eso es lo que pretende el PSOE de Pedro Sánchez de cara a las elecciones generales del 20 de diciembre. Así se desprende del borrador de su programa económico, que recoge medidas clásicas en esta línea como la recuperación del impuesto sobre el patrimonio, el aumento de gravámenes para las grandes empresas y un tipo impositivo mínimo estatal para el impuesto de sucesiones.

Estas y otras medidas están recogidas en el documento Agenda para una recuperación justa, que van a presentar este jueves el secretario general, Pedro Sánchez, y el responsable económico del grupo de expertos del partido, Jordi Sevilla. El programa económico socialista se articula sobre dos pilares fundamentales: una profunda reforma fiscal que afectaría a la mayoría de los tributos y la luche contra el fraude fiscal.

En cuanto a la reforma fiscal, el objetivo es "reformar de manera integral la tributación de la riqueza" y obtener una mayor progresividad a través del establecimiento de cuotas mínimas en varios impuestos. Destaca, por ejemplo, el caso del impuesto sobre sociedades, donde el PSOE propondrá una tasa mínima del 15% sobre el beneficio de las empresas.

La propuesta en este capítulo está pensada para las grandes corporaciones, que son las que acusarían la subida de gravámenes. Actualmente, las grandes empresas están muy lejos de pagar el 28% de tipo impositivo que quedó fijado en la última reforma fiscal (antes era del 30% y será del 25% en 2016). Las pequeñas y medianas empresas cotizan en torno al 20%, pero las principales empresas del Ibex-35, en cambio, acaban pagando al final en torno a un 5% gracias a deducciones, créditos fiscales y otros malabarismos.

Lo que pretende el PSOE es "reformar en profundidad el impuesto de sociedades" y revisar las "múltiples exenciones y bonificaciones, muchas de ellas de escasa justificación" que reducen su tributación real (el tipo nominal será del 25 % en 2016).

En cuanto a Patrimonio y Sucesiones, no se detalla en el documento a qué tipo mínimo tributarían, pero sí que debe haber una legislación básica que afecte a todo el territorio nacional, ya que en la actualidad son competencia de las comunidades autónomas que aplican retenciones diferentes. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones es practicamente inexistente dentro del ámbito familiar (padres, hijos, cónyuges y parejas de hecho), gracias a la bonificación del 99% de la cuota del Impuesto.

Otros impuestos que se crearían serían de tipo medioambiental, sobre las emisiones de CO2, los óxidos nitrosos, o de vehículos de motor (para el que fusionarían matriculación y circulación). También se establecerían tributos sobre los residuos industriales tóxicos o peligrosos y los residuos de envases, embalajes y bolsas.

En caunto al fraude fiscal, los socialistas pretenden que las entidades financieras tengan la obligación de notificar a las autoridades los clientes con cuentas en paraísos fiscales, así como prohibir por ley "de forma absoluta" que las amnistías fiscales se apliquen de manera general o individualizada, y también quieren desvelar el nombre de los defraudadores acogidos a la que puso en marcha el PP.

El PSOE también sugiere establecer un mayor control de las SICAV (vehículos de gestión de grandes fortunas que solo tributan al 1%) mediante el establecimiento de un porcentaje de participación máxima para cada inversor, un periodo de permanencia máximo de las plusvalías acumuladas sin que tributen, y la dotación a la agencia Tributaria de competencias para supervisarlas e inspeccionarlas.

Por otro lado, los socialistas proponen crear una "excedencia para emprender", con reserva de puesto de trabajo para todas aquellas personas que inicien un proyecto empresarial, así como acercar la cotización a la Seguridad Social y el sistema de pago de impuestos de autónomos, de forma que coticen por los rendimientos netos que reciben.

Sobre el gasto público, pretenden dotar de "más recursos e independencia" a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, llevar a cabo una auditoría del gasto público y reformar la ley de contratos públicos, de forma que el precio no sea el único criterio de valoración en las licitaciones. Además, los socialistas abogan por "eliminar las licencias innecesarias" para el empresario y extender el silencio administrativo positivo, así como impulsar la armonización de permisos en todo el país.