La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional tiene previsto detener a entre 70 y 90 políticos y empresarios en una nueva fase de la 'Operación Edu'. Los arrestos se van a llevar a cabo en las provincias de Cádiz, Málaga y Almería. Fuentes de la investigación han informado a Europa Press de que ya se han producido 16.

Las mismas fuentes han señalado que esta nueva fase está dirigida sobre todo contra las personas vinculadas a las empresas que se beneficiaron de las subvenciones paras realizar cursos de formación. La Policía investiga supuestas irregularidades en la concesión esas ayudas a empresas para la realización de cursos dirigidos a personas desempleadas.

La denominada 'Operación Edu Costa' se ha iniciado a primera hora de este martes y se puede prolongar varios días con arrestos y registros. Entre los imputados se encuentra la exalcaldesa socialista de Jerez de la Frontera Pilar Sánchez, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.

La exregidora, que no está arrestada, ha testificado "durante cinco minutos". Según ha explicado ella misma a la agencia de noticias, la Policía le pidió este lunes que acudiera a "testificar" este martes en calidad de expresidenta de Mercajerez. Sánchez ha señalado que el interrogatorio se ha centrado en saber "si conocía los cursos que se daban allí". Ella ha afirmado que "no tenía ni idea" de cualquier asunto relacionado con ese extremo, ya que "todas las competencias estaban delegadas en el gerente".

Pilar Sánchez fue condenada en octubre a dos años de prisión por desviar fondos del Plan E para el pago de gastos corrientes municipales y recientemente fue juzgada por supuestas irregularidades en la adjudicación de una ayuda a una empresa.

Otro de los imputados es el concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) y vicesecretario de la Agrupación Local, Juan Fernando Ortega Paniagua, quien ha trasladado este martes que va a materializar de forma "inmediata" su baja de militancia y que va a proceder a entregar su acta de edil.

Ortega Paniagua se lo ha hecho llegar al secretario general de los socialistas roqueteros, Manuel García, después de haber comparecido en la mañana de este martes en sede policial citado por agentes de la UDEF.

Así lo ha indicado el líder de PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, quien ha comentado que esta decisión, "que se va a materializar hoy mismo para desvincularse del partido", la adopta para "que nadie pueda o pretenda utilizar este asunto políticamente cuando solo se refiere a su actividad profesional".

Ortega Paniagua está imputado por la presunta comisión de delitos de falsedad documental, fraude en subvenciones públicas y fraude a la Seguridad Social y ha sido puesto en libertad tras personarse ante los agentes encargados de la investigación bajo la coordinación del Juzgado de Instrucción 4 de Almería, según han informado fuentes cercanas al caso.

El político y empresario se había mostrado dispuesto a declarar en sede policial aunque finalmente no lo ha hecho al desconocer el contenido de las actuaciones, que se encuentran bajo secreto. En concreto, la jueza instructora dictó auto el 9 de enero por el que prorrogaba por séptima vez el secreto de sumario al considerar que su levantamiento podría ser "perjudicial" para las pesquisas. También han quedado en libertad tras ser citados su exmujer, su hija y una profesora.

Por este presunto fraude en los cursos de formación hay abiertas diligencias en juzgados de todas las capitales andaluzas, excepto Jaén, y los imputados están acusados de presuntos delitos de falsedad, malversación de fondos públicos y fraude en subvenciones.

En abril pasado, la Fiscalía Superior de Andalucía repartió entre diferentes juzgados andaluces las diligencias abiertas por el uso de las ayudas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), en las que se habían detectado irregularidades "numerosas, persistentes y graves".

La Fiscalía afirmó que la gestión de esas ayudas "no cuenta con un procedimiento de concesión, justificación y liquidación homogéneo y estandarizado", abre la puerta a "posibles y habituales irregularidades" y hay "una ausencia de control y seguimiento" del SAE a pesar de las recomendaciones recibidas en 2004.

En Sevilla también hay diligencias abiertas en el juzgado de instrucción 9, que en junio detuvo y dejó en libertad a 16 personas, entre ellos el extesorero de UGT-A Federico Fresneda y otros dirigentes sindicales por las presuntas facturas falsas del sindicato para justificar subvenciones.

La jueza Mercedes Alaya también investiga presuntos fraudes en los cursos de formación y ha imputado a dos exconsejeros andaluces, Ángel Ojeda y Antonio Fernández.