Las 16 personas detenidas en toda España por las presuntas facturas falsas de la UGT-Andalucía para justificar subvenciones han quedado libres sin fianza y el juez únicamente ha impuesto la personación en el juzgado cada 15 días al extesorero del sindicato y a la exsecretaria de Gestión Económica.

Los tres sindicalistas y trece empresarios fueron detenidos en una operación simultánea de la Guardia Civil desarrollada en Sevilla, Madrid, Tenerife,

Alicante y Jaén, dentro de la investigación del juez de instrucción 9 de Sevilla sobre las presuntas facturas falsas presentadas por la UGT para justificar subvenciones de la Junta de Andalucía para formación.

Federico Fresneda, vicesecretario de Administración de la UGT-A entre 2005 y 2013, ha declarado al juez que él no era el encargado de solicitar las subvenciones y que las facturas le llegaban ya elaboradas con el cargo y el programa correspondiente.

Fuentes del caso han informado que el sindicalista ha declarado no saber nada de facturas infladas y ha precisado que la Comisión Ejecutiva de la UGT-A era informada de todo lo que se hacía en la gestión del sindicato.

Antes que Fresneda quedaron libres María Charpín, exsecretaria de Gestión Económica de la UGT-A, quien ha reconocido que era la responsable del equipo que gestionaba las subvenciones pero ha afirmado que siempre se hizo "cumpliendo la ley y el correspondiente reglamento andaluz".

Charpín, en la actualidad miembro de la comisión federal de garantías de la UGT, ha declarado que no sabe nada de las operaciones conocidas como "rappel" y "bote", con las que supuestamente en las compras de grandes cantidades se conseguían unos descuentos que no eran reflejados en las facturas y que quedaban a disposición del sindicato.

También compareció ante el juez de instrucción 9 de Sevilla Dolores Sánchez Montaño, encargada de compras en la UGT-A, quien ha explicado que su trabajo consistía en recibir el listado de necesidades, comprobar si existía presupuesto y encargar los correspondientes servicios.

La imputada ha explicado que en ocasiones podía existir una factura conjunta, aunque por materiales suministrados en distintas entregas, según las fuentes.

El juez Juan Jesús García Vélez ha imputado a estos tres sindicalistas delitos de falsedad y fraude en subvenciones, los mismos que imputó ayer miércoles a los diez empresarios de Sevilla, Jaén y Madrid que suministraban a UGT, quienes alegaron que siguieron instrucciones del sindicato, que creyeron actuar legalmente y que esperan demostrar documentalmente sus afirmaciones.

Algunos de ellos reconocieron haber cambiado conceptos en las facturas, pero no haberlas "inflado" en su cuantía.

Fuentes judiciales han informado de que las dos empresarias detenidas en Agost (Alicante) como responsables de la compañía Carpetas Abadías también han quedado hoy en libertad tras comparecer ante el juez de la localidad alicantina de Novelda.

También ha quedado libre, sin necesidad de ser trasladada a Sevilla, una tercera persona detenida en Madrid en relación con la empresa Siosa, una de las registradas en la Operación Cirene-2.

El juez mantiene bajo secreto sumarial este caso que, según la Guardia Civil, consistía en un fraude en las subvenciones recibidas por la UGT-A de la Junta que se hizo "de manera sistemática año tras año" hasta perfeccionarse y convertirse en "la vía más importante para la financiación de este sindicato".