El desalojo de una mujer víctima de violencia de machista previsto en Tarazona (Zaragoza) para este viernes, tras presentar una denuncia su marido sobre el que pesa una orden de alejamiento, ha sido suspendido por la comisión judicial que debía llevarlo a cabo ante la presencia de decenas de personas.

La mujer, que reside en la vivienda con su hija de ocho años, iba a ser desalojada este viernes a las 12.30 horas por orden judicial al presentar su marido, quien tiene una orden de alejamiento de 200 metros, una reclamación de desahucio por ocupación ilegal de la casa.

Fernando Escribano, de Stop Desahucios de Tarazona, ha dicho que se ha producido "una pequeña victoria temporal" y que la comisión judicial ha renunciado al desalojo al considerar que no tenían dotación policial suficiente ante la presencia de casi un centenar de personas ante la puerta de la vivienda.

Rogia, una mujer de origen sudanés, igual que su marido, ha recibido la notificación de la suspensión con gran emoción, según ha destacado Escribano. "Estoy muy contenta", ha dicho la mujer frente a su casa tras conocer que se cancelaba su desahucio. "Yo no trabajo ni tengo ingresos de nada", añadió.

Este caso ha generado una gran espectación en la localidad y en la vivienda, un bajo situado en el número 6 del Grupo de Viviendas Inmaculada, se han concentrado numeros medios de comunicación, ante los que los representantes de la plataforma Stop Desahucios han lamentado que desde hacía dos meses han intentado sin éxito buscar una salida para esta situación.

Rogia ha estado hasta el último momento, con el apoyo de la plataforma, viendo la forma de que se paralizara el desahucio en el juzgado, que ahora, tras esta suspensión, deberá fijar una nueva fecha.

En este caso se puede producir una singular situación, ya que la mujer, contra la que presentó su marido la reclamación de desalojo el pasado verano cuando ella se encontraba en Sudán para traer a su hija a España, donde nació, podría ser desahuciada y en unos dos meses volver a ocupar legalmente la vivienda.

Según los representantes de Stop Desahucios, el próximo mes de febrero está previsto que se celebre el juicio por el proceso de divorcio que lleva a cabo el matrimonio y, según han remarcado, lo normal es que la justicia le reconozca la residencia en la vivienda que compartían ambos con su hija.

"Esto es lo que suele pasar" en este tipo de asuntos, han indicado desde la plataforma, tras recordar que el juzgado que firmó el desahucio es el mismo que decretó la orden de alejamiento que pesa sobre el hombre por un presunto caso de violencia de género. "Es un caso atípico", ha señalado Escribano, quien ha explicado que el marido presentó una denuncia "de desahucio en precario", como si la mujer fuera una "okupa".

Este representante de la plataforma ha indicado que lo que piden es que cualquier decisión se aplace hasta febrero del año próximo, cuando se firme el divorcio, un proceso judicial en el que cuando hay niños menores de edad, ha añadido, la custodia de ellos suele darse a la madre al igual que la residencia en la vivienda familiar.

El Ayuntamiento de Tarazona había habilitado un piso para que "no quedaran en la calle" esta mujer y su hija en el caso de que se hubiese ejecutado el desalojo, han indicado fuentes del consistorio.

Rogia será realojada en un piso de este mismo municipio hasta el próximo mes de febrero, cuando se celebre el juicio de divorcio.

La mujer ha declarado a Efe que "ni siquiera" ha tenido la oportunidad de "hablar con la juez o tener un abogado" para defenderse del lanzamiento, que le fue comunicado en varias ocasiones a su domicilio, pero que ella no recibió porque, según ha defendido, había ido a Sudán "para buscar a su hija".

La mujer, que consideró esto "una pesadilla que es mejor olvidar", ha asegurado que interpuso una primera denuncia por malos tratos contra su marido en 2008, que retiró porque su hija "era pequeña", y otra segunda en mayo de 2013, a partir de la cual pesa esta orden cautelar de alejamiento.

Ha manifestado que "desde el principio, la juez tenía que ver la situación" en la que está y no decidir echarle de casa, a raíz de una denuncia que interpuso su marido, aprovechando "que había ido a Sudán para buscar a su hija", que estaba con la familia materna.

El matrimonio se casó en Sudán y primero vino el esposo a España y más tarde, hace nueve años, ella. Ambos tienen una niña que estaba con la familia de ella en Sudán, porque "siempre había problemas" con su marido de "malos entendidos y discusiones", ha dicho.

Cuando fue a por su hija, estuvo un mes, ha reconocido la mujer, que ha afirmado que "iba para menos tiempo" pero tuvo problemas para "sacar a la niña" dado que no contaba con el permiso paterno.

En estos momentos reside en Tarazona con su hija, no tiene trabajo y su marido no le pasa pensión alguna, por lo que subsiste con una prestación social de poco más de 400 euros.

El próximo lunes espera que le comuniquen "cuántos días" tiene para abandonar la casa, en la que vive con su hija, y trasladarse a un piso que le facilitará el ayuntamiento de Tarazona a la espera del juicio de divorcio.

Ante la gran repercusión del caso, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha hecho pública una declaración, en la que precisa que el lanzamiento ordenado por el juzgado, jurídicamente denominado "desahucio en precario" y que ha sido paralizado este viernes de forma temporal, fue ordenado ya que la "demandada ocupa la casa sin autorización legal alguna".

El tribunal explica que, cuando la mujer, de origen sudanés igual que su marido, presentó en 2013 la denuncia por malos tratos, la jueza dictó una medida cautelar en la que acordaba una orden de alejamiento sobre su esposo, en la que "no hacía mención a la hija" de 8 años del matrimonio, que residía en Sudán por entonces.

Aclara que tampoco se le adjudicó la vivienda, ni se estipuló pensión alguna, ni para la madre ni para la hija, y que la titular del juzgado de instrucción de Tarazona envió diversas citaciones a la mujer, que salió un "tiempo" de España, para que se personara en el juzgado con el fin de seguir adelante con el procedimiento de desahucio y no respondió.

La jueza ignoraba su paradero, hasta el punto que fue puesta en rebeldía, señala el TSJA, que resalta que la mujer ni compareció, ni pudo solicitar asistencia jurídica gratuita, una petición que hizo en noviembre "cuando habían finalizado los plazos legalmente establecidos para ello".

La orden de protección a víctimas de malos tratos supone que la víctima tiene la obligación de comunicar al juzgado cualquier cambio, recuerda el alto tribunal aragonés, que precisa que este caso no puede ser contemplado dentro de los supuestos establecidos en el convenio suscrito entre el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno de Aragón y la Federación de Municipios y Provincias.

Este acuerdo, añade, está contemplado para casos de desahucios derivados de ejecuciones hipotecarias o por impago de rentas de alquiler.

Se trata del tercer lanzamiento ordenado judicialmente habiéndose suspendido hasta el momento los tres, uno el 19 de septiembre, el 28 de noviembre y 12 de diciembre.