Granados, Marjaliza, De Pedro, Victoria, Fraile... ¿quién es quién en la 'operación Púnica'?

Granados, Marjaliza, De Pedro, Victoria, Fraile... ¿quién es quién en la 'operación Púnica'?

Imputados en la 'Operación Púnica'
De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Francisco Granados (PP), Marcos Martínez (PP), José María Fraile (PSOE), Gonzalo Cubas (PP), Salvador Victoria (PP), José Carlos Boza (PP), Lucía Figar (PP) y Agustín Juárez (PP), imputados (y algunos detenidos) en la 'operación Púnica', que investiga el cobro de comisiones ilegales por adjudicar obras públicas en distintas CC AA y ayuntamientos. (EFE / EUROPA PRESS / ARCHIVO)
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Un total de 51 personas fueron detenidas el pasado mes de octubre en Madrid, Valencia, León y Murcia en la macroperación contra una trama de corrupción a nivel municipal y regional en la que fue arrestado el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados. Meses después, y tras las elecciones municipales y autonómicas, la investigación continúa con cinco nuevas imputaciones: las de los consejeros madrileños Salvador Victoria y Lucía Figar, así como de otros dos diputados 'populares' en la Asamblea de Madrid y un consejero murciano, también del PP.

Los implicados otorgaban supuestamente adjudicaciones públicas a empresarios a cambio del cobro de comisiones ilegales. La trama firmó sólo en los dos últimos años adjudicaciones públicas por valor de 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegales, según ha señalado la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado.

El objetivo era conseguir el lucro personal de los políticos implicados, pertenecientes a tres partidos distintos —PP, PSOE y los independientes de la UDMA— y no la financiación de sus respectivas formaciones, según han informado fuentes jurídicas.

En concreto a la trama se le imputan los delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación , revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la administración y organización criminal.

¿Quién es quién en la trama?

La trama incluye a funcionarios y políticos de ayuntamientos y comunidades autónomas de Madrid, Valencia, León y Murcia, así como a empresarios del sector de la construcción:

Madrid

Francisco Granados. El exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados, detenido este lunes en una operación contra la corrupción, dejó la política hace ocho meses, cuando dimitió como diputado en la Asamblea de Madrid y como senador, tras la polémica suscitada con una presunta cuenta en Suiza que podría ascender a 1,5 millones de euros.

Tras esta decisión, Granados, que también fue alcalde de Valdemoro y consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Esperanza Aguirre, estuvo durante un tiempo conservando la presidencia del PP de Valdemoro, que finalmente abandonó. Tras su salida de la política, se fue a trabajar a un banco de inversión francés.

Granados ostentó tres consejerías en los Gobiernos de la expresidenta regional y presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, con la que en los últimos dos años ha discrepado en muchas cosas, según ha reconocido él mismo. Fuentes del PP de Madrid han destacado que Granados dejó la presidencia del Partido Popular de Valdemoro "muy poco tiempo después" de dimitir como diputado regional y como senador. Lo hizo "por iniciativa propia", han remarcado las mismas fuentes. Se encuentra en prisión incondicional.

Salvador Victoria. El consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid ha sido citado en calidad de imputado para declarar el 26 de junio por supuestos delitos de corrupción en el marco de esta causa, en la que se investigan las "redes clientelares de tráfico de influencias" entre la red Púnica con la Administración Pública. Cuarenta días de las pasadas elecciones municipales y autonómicas anunció un "paréntesis" en su vida política y que no concurriría en ninguna lista electoral. El jueves 4 de junio, dos días después de su imputación, presentó su dimisión.

Victoria fue una de las sorpresas del último gabinete de Esperanza Aguirre, donde ocupó el puesto de consejero de Asuntos Sociales, y dio el salto a consejero de Presidencia y Justicia del Ejecutivo autonómico cuando González ocupó el cargo de presidente de la Comunidad de Madrid tras la salida de Aguirre. Desde entonces, Victoria destacó, sobre todo, por su faceta de portavoz autonómico y de 'hombre fuerte' de Ignacio González. Diputado autonómico desde 2008, ha sido presidente del Comité Jurídico del PP de Madrid desde 2008 hasta abril de 2012, cuando fue nombrado presidente del Comité Electoral y actualmente es consejero en funciones de Presidencia y Justicia, portavoz del Gobierno y presidente del Canal de Isabel II.

Lucía Figar. La consejera de Educación de la Comunidad de Madrid también ha sido imputada y citada por el juez Eloy Velasco para declarar el día 26 de junio por supuestos delitos de malversación y prevaricación. Al igual que Victoria, Figar no se presentó en las listas del PP para la candidatura que lideró Cristina Cifuentes a la Comunidad en las pasadas elecciones del 24 de mayo. Fue el pasado mes de marzo cuando anunció que dejaba la primera línea de la política "por motivos personales" tras casi veinte años de carrera política y haber sonado en las quinielas para ser cabeza de cartel en los pasados comicios.

Figar (Madrid, 1975) es consejera de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid desde junio de 2007 y miembro de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular. Además de su condición de consejera autonómica, es secretaria de Comunicación y portavoz del PP de Madrid. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por el CUNEF de la Universidad Complutense de Madrid, ha sido asesora del Gabinete de la Presidencia del Gobierno (1998-1999, durante el mandato de José María Aznar), jefa de gabinete del secretario de Estado de Organización Territorial (2000-2003) y secretaria general de Asuntos Sociales (2003-2004). Fue jefa de la asesoría del grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados (2004-2005) e inició su trayectoria en la Comunidad de Madrid como consejera de Inmigración, cargo que ocupó entre 2005 y 2007.

Mario Utrilla. Utrilla, hasta ahora diputado del PP en la Asamblea de Madrid, es miembro del Consejo Territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde del municipio madrileño de Sevilla La Nueva desde 2007, donde su partido presentó a otro candidato, Asensio Martínez, en las elecciones del pasado 24 de mayo. Ha sido citado a declarar como imputado para el 11 de junio y tampoco estará en la nueva Asamblea de Madrid.

José María Fraile. Era alcalde de Parla por el PSOE desde 2008, en sustitución del exsecretario general del PSM, Tomás Gómez, quien le consideraba su mano derecha. Fraile está actualmente procesado por un caso de prevaricación, por supuestamente despedir de manera irregular al jefe de la Policía Local en 2009.

Un mes antes de su detención anunció que no se presentaría como candidato a laspasadas elecciones municipales del 24 de mayo en una decisión "personal" que, sin embargo, desvinculó de ese caso judicial. Tras su detención en el marco de la 'Operación Púnica', el PSOE le suspendió de militancia, dimitió como alcalde y pagó una fianza de 60.000 euros para eludir la cárcel

Dimitido de su cargo, como regidor participó en los órganos de contratación del Ayuntamiento y sería conocedor de los pagos comprometidos por Cofely (la principal adjudicataria de los contratos de la trama), que obtuvo un contrato de 54 millones de euros. Se detectó que se había seleccionado como empresa auditora a Ruta Energética (vinculada a Marjaliza), que encubrió el pago de la comisión pactada por la adjudicación, y la entrega de cohechos a autoridades y funcionarios del Ayuntamiento que han intervenido en el contrato.

Avelino Pérez. Cargo de confianza como asesor de la Concejalía de Obras Públicas del Ayuntamiento de Parla, departamento del que está al frente Victoria Muñoz. Fue nombrado por IU, pero cuando su partido rompió el pacto de gobierno con el PSOE, en 2011, Pérez se mantuvo en su puesto. Tras conocerse su detención, la Dirección de IU-Parla decidió suspenderle cautelarmente de militancia. Encargado de la supervisión del contrato de 54 millones de euros adjudicado a Cofely en este municipio e intermediario en los pagos y la partida presupuestaria del contrato. En libertad bajo fianza de 20.000 euros con comparecencia mensual.

En Parla, también fueron detenidos Antonio Borrego Fortea, jefe de Gabinete del alcalde y Elena Fernández Pérez, ingeniera municipal.

José Miguel Moreno. Este diputado del PP en la Asamblea de Madrid ha sido citado a declarar el 18 de junio en calidad de imputado. Antiguo militante de Alianza Popular, fue alcalde de Valdemoro desde diciembre de 2003 hasta junio de 2011, una localidad en la que impulsó el Plan de Movilidad Urbana Sostenible y regentó las áreas de Urbanismo y Obras cuando fue teniente de alcalde del equipo encabezado por Francisco Granados. En 2011, Moreno anunció que no se presentaría a la reelección a la alcaldía de Valdemoro y Esperanza Aguirre le incluyó en la lista del PP a la Asamblea de Madrid. No formará parte de la nueva Asamblea de Madrid, cuya formación de la Cámara madrileña está prevista para el 9 de junio. Además, Moreno ya estuvo imputado en 2013 por una presunta adjudicación irregular realizada en 2008, durante su época de alcalde de Valdemoro.

José Carlos Boza. Hasta su imputación era alcalde de Valdemoro por el Partido Popular. Tomó posesión el 11 de junio de 2011, aunque ya había formado parte del equipo de gobierno anterior, dirigido por José Miguel Moreno, como primer teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Seguridad, Personal y Régimen Interior.

Boza se afilió al PP en 2005 y se forjó como político de la mano de Granados, como el propio Boza recordó en su discurso de investidura agradeciéndole el haber sido "el responsable de que yo me hiciera en política".

Dimitió días después de su imputación. Durante su mandato existen indicios de que se han favorecido de manera continuada a empresas vinculadas a Marjaliza y otros empresarios en materia de contratación pública y promoción urbanística, mediante adjudicaciones irregulares, revelación de información y otras conductas que han subordinado el interés público y la objetividad e imparcialidad de la administración a los intereses particulares de ciertos empresarios. Ingresó en prisión, aunque en diciembre fue puesto en libertad tras pagar la fianza de 25.000 euros impuesta por el juez Velasco de la Audiencia Nacional.

Javier Hernández. Concejal de Hacienda de Valdemoro. Desde 2007 forma parte del equipo de gobierno, donde ha sido también segundo teniente de alcalde y concejal de Mantenimiento Urbano y Medio Ambiente y posteriormente de Urbanismo y Obras.

Anteriormente, desde 2004 desempeñó las funciones de asesor del Gabinete de Alcaldía y Jefe de Recursos Humanos, según consta en su perfil de la web municipal. "En la pasada legislatura también ocupó la presidencia y vicepresidencia de diversas comisiones y organismos y, en representación del alcalde, participó en programas y proyectos internacionales relacionados con el transporte, el fomento empresarial, la cultura y la cooperación", añaden en la web. Supuestamente, favoreció de manera continuada a empresas vinculadas a Marjaliza y a otros empresarios. Se encuentra en libertad tras pagar la fianza de 60.000 euros impuesta por el juez para eludir la cárcel.

Del Ayuntamiento de Valdemoro también han sido detenidos José Luis Navarro Soto, arquitecto municipal y Alfredo Ovejero López, jefe de Gabinete.

David Rodríguez Sanz. Alcalde del PP de Casarrubuelos, el municipio más pequeño de la Comunidad de Madrid. Arrebató la Alcaldía a Álvaro Sánchez Vara, de IU, en junio de 2012 tras una moción de censura orquestada entre los cuatro concejales populares y los dos de la Agrupación Vecinal de Casarrubuelos (AVC).  

El PP justificó su decisión basándose en la "gravísima" situación económica del municipio tras 16 años de gestión de IU, formación que hasta la moción de censura gobernaba en minoría. El ahora alcalde daba el paso después de que, a su entender, el Gobierno local remitiese al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el Plan de Ajuste con el voto presuntamente 'falseado' del Pleno municipal. Días antes de ser investido como alcalde, Rodríguez Sanz declaró que primaría "el hacer las cosas dentro del marco legal y respetando las normativas".

Se puso totalmente en manos de Pedro García y Marjaliza para la redacción de los pliegos de un contrato de eficiencia energética, lo que le facilitó a Cofely un conocimiento e influencia privilegiados sobre el contrato de cara a su adjudicación. Quedó en libertad sin pasar por prisión ni tener que abonar ninguna fianza, pero con la obligación de comparecencia mensual.

Agustín Juárez. Hasta su imputación era alcalde del PP de Collado Villalba. Tomó posesión con mayoría absoluta en junio de 2011, en unas elecciones municipales que pusieron fin a cuatro años de gobierno local de los socialistas, con José Pablo González como primer edil. Juárez, vecino de la ciudad, estuvo al frente del grupo popular en la oposición, desde enero de 2007, y como concejal, desde ese mismo año hasta que se presentó como candidato a la alcaldía.

Hay evidencias de que adjudicó un contrato a Cofely por 39 millones de euros y, a cambio, los miembros de la Corporación local implicados recibirían al menos de la multinacional francesa varios pagos de 70.000 euros, materializados en un sistema de facturas falsas entre el grupo de empresas de Marjaliza y Cofely. Dimitió de su cargo y quedó en libertad bajo fianza de 40.000 euros con comparecencia mensual.

Gonzalo Cubas Navarro. Era alcalde del PP de Torrejón de Velasco, un municipio madrileño de 4.200 habitantes, con una amplísima mayoría —8 de 11 concejales—, hasta su imputación en la trama Púnica. Llegó a la alcaldía tras las elecciones de mayo de 2011. En una entrevista en la Cadena Ser cuando era candidato, aseguraba sobre la corrupción: "Hay políticos corruptos pero la mayoría son gente de bien que dedica su tiempo a los demás y los 'chorizos' deben de estar fuera de la política automáticamente".

Es cuñado de David Marjaliza. Seguía las instrucciones de Marjaliza sobre cuándo y a quien facturar, manteniéndole puntualmente informado de este y otros aspectos que atañen a sus sociedades. Estaría articulando un procedimiento para adjudicar a una empresa del grupo de Marjaliza unas obras subvencionadas para la rehabilitación de un río de la localidad. Fue de los primeros en dimitir de su cargo. Quedó en libertad tras pagar una fianza de 60.000 euros.

Antonio Sánchez Fernández. De Unión Demócrata Madrileña, dirigía hasta poco después de su detención la localidad de Serranillos del Valle después de que su partido alcanzara un acuerdo de gobierno con el PSOE en mayo de 2011. Ese mismo año denunció a la anterior regidora, Olga Fernández (PP), por supuestos "delitos de malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y prevaricación administrativa", según el propio alcalde. Dimitió de su cargo una semana después de ser detenido.

El juez decretó su ingreso en prisión un día después de ser sorprendido cuando intentaba llevarse documentación del Ayuntamiento, eludible bajo fianza de 60.000 euros, que no fue capaz de pagar. Posteriormente, el juez rebajó la fianza a 25.000, una cantidad que sí abonó y que tras la cual quedó en libertad.

También fue detenido en este ayuntamiento Marco Durán Benítez, técnico municipal.

Alejandro de UtrillaAlejandro de Utrilla. Concejal Adjunto de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Móstoles (PP), fue trasladado para declarar a raíz de esta investigación anticorrupción por un contrato firmado este mismo año con Cofely, una de las principales empresas sobre la que pivotaba la trama. El alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz (PP), anunció poco después su cese cautelar en sus funciones. Días después, dimitió de su cargo. Está imputado por dar ventaja a la empresa en la adjudicación de un contrato por valor de 72 millones. Según los pinchazos telefónicos que obran en el procedimiento, Cofely se comprometió a entregarle 240.000 euros que se justificaron en otros conceptos.

Quedó en libertad sin pasar por prisión ni tener que abonar ninguna fianza, aunque con la obligación de comparecencia mensual.

José Martínez Nicolás. Era el Consejero Delegado de la Agencia Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, cargo del que dimitió poco después de ser detenido en el marco de la 'operación Púnica'. Estaba al frente de esta agencia, dependiente de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Ejecutivo, que dirige Salvador Victoria, también imputado en el marco de la misma operación. Fue nombrado para este cargo en diciembre de 2007, y entre otras funciones de las que es responsable figura la "prestación de los servicios informáticos y de comunicaciones a la Comunidad de Madrid, mediante medios propios o ajenos", según figura en su perfil publicado en la web de la Comunidad.

Participó en la trama de facturas falsas que se empleaban para pagar los trabajos realizados por Alejandro de Pedro de reputación de altos cargos de la Comunidad de Madrid. Quedó en libertad sin necesidad de abonar fianza, pero con la obligación de comparecencia mensual.

José Manuel Casado. Técnico municipal del Ayuntamiento de Collado-Villalba.

Posteriormente fueron detenidos Víctor Manuel Ortega Martínez y José Manuel Casado, responsable económico el primero, y comercial, el segundo, del diario El Faro de Guadarrama. Supuestamente participaron en el pago de los cohechos vinculados al contrato de eficiencia energética de Collado-Villalba por valor de 39,4 millones de euros, actuando de interlocutores entre el Ayuntamiento y Cofely. En libertad con cargos y fianzas de 6.000 euros.

Entre otros detenidos se encuentran Antonio Cándido Ruiz García, administrador y socio de empresas vinculadas a David Marjaliza; David Rodríguez Sanz, alcalde de Casarrubuelos (PP), Alejandro Utrilla Palombi, concejal de Medio Ambiente de Móstoles; y Marco Durán Benítez, técnico municipal del Ayuntamiento de Serranillos del Valle (PP).

Daniel Ortiz. Es el exalcalde de Móstoles y actual diputado del PP en la Asamblea de Madrid. La Guardia Civil lo considera responsable de delitos de cohecho y fraude por influir para que Cofely lograra un concurso público valorado en 75 millones de euros. Además de ser miembro de la Asamblea de Madrid, Daniel Ortiz sigue activo en el Ayuntamiento de Móstoles, donde ejerce de portavoz del grupo municipal del PP. Así consta en un informe remitido por los investigadores de la Guardia Civil al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y que aparece en los tomos de la 'trama Púnica' sobre los que se ha levantado el secreto sumarial. La investigación revela que Ortiz, que es aforado, había adquirido un compromiso para dar un contrato de 75 millones a Cofely antes de la publicación del mismo

León

Marcos Martínez. En el momento de su imputación era el presidente de la Diputación de León y alcalde de la localidad leonesa de Cuadros por el Partido Popular. Marcos Martínez ocupaba en sillón de mando en la Diputación de León desde el pasado 30 de mayo en sustitución de Isabel Carrasco, la dirigente 'popular' que fue asesinada el día 12 del mismo mes. Habría puesto en marcha varios procedimientos negociados de contratación vinculados a la estación de esquí de San Isidro en los que únicamente fueron invitadas empresas vinculadas al "conseguidor" Alejandro de Pedro a cambio de que este hiciera uso de su red de influencias entre altos cargos del PP para continuar como presidente de la Diputación. Tendría participación en alguna de las empresas que resultarían adjudicatarias de los concursos.

Martín Marcos Martínez nació en Sariegos (León) en 1957, es ingeniero técnico agrícola y funcionario de Justicia. Desde 1991 ocupaba la alcaldía del municipio de Cuadros, del que fue concejal Isabel Carrasco. En 2007 fue nombrado diputado provincial y ostentaba hasta su implicación en la Púnica la vicepresidencia primera, así como el cargo de delegado para las áreas de Educación y Apoyo a la Emigración.

Su salida de la Diputación de León no fue fácil: ante su negativa dimitir y una vez ingresó en prisión, el PP anunció a principios de noviembre mociones de censura tanto en la Diputación como en Cuadros, ya que veía "absolutamente inviable" gobernar una institución desde la cárcel. Dimitió días después de su cargo como presidente de la Diputación, así como del de alcalde de Cuadros, pero decidió mantener sus actas de diputado y concejal.

El pasado mes de diciembre quedó en libertad tras abonar una fianza de 30.000 euros para poder salir de prisión. Después de salir de la cárcel, volvió al pleno de la Diputación que presidió para ocupar uno de los escaños reservados para el grupo de los no adscritos.

Manuel Jesús López Sánchez. Interventor de la Diputación de León, fue imputado en la operación Púnica por haber favorecido a sociedades del empresario valenciano Alejandro de Pedro en la estación de esquí de San Isidro. "Se trata de un problema de gastos pero desconozco más detalles, a mí sólo me han informado de esta decisión a los efectos de que nombre abogado pero de momento nada más, que yo sepa", aseguró tras su imputación al diario ileon.com. Fue puesto en libertad el pasado mes de febrero con la imposición de una fianza de 30.000 euros.

Entre los detenidos también se encuentra el empresario Francisco Eduardo Ruiz Valenzuela, imputado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y fraude como "conocedor y cooperador necesario". Fue puesto en libertad con la obligación de comparecencia mensual.

Murcia

José Antonio Alonso. El exalcalde socialista de Cartagena (Murcia) José Antonio Alonso fue otro de los detenidos en marco de esta operación. Fue alcalde de Cartagena entre 1991 y 1995, así como diputado en el Congreso entre 1989 y 1996.

Tras su detención, el PSOE le suspendió de militancia por su presunta implicación en la trama: "La dirección regional ha solicitado desde el minuto uno a la federal que sea suspendido cautelarmente de militancia hasta el momento en que se aclare su situación legal", indicó la secretaria de Organización del PSRM, Presen López.

En un comunicado, López precisó que Alonso era "únicamente militante de base del PSOE y no ocupa desde hace muchos años cargo orgánico alguno en el partido".

Según la investigación, Alonso era el supuesto 'cabeza' de un entramado de tráfico de influencias, se concertó con autoridades en Madrid, Murcia y León para la adjudicación de contratos públicos o para la facturación de trabajos a la administración a través de contratos públicos adjudicados a terceras empresas. Junto a Alejandro de Pedro, participó en su estrategia de mejorar la reputación en Internet de políticos. Quedó poco después de su detención en libertad con cargos.

Juan Carlos Ruiz. El consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación en funciones de la Región de Murcia fue citado a declarar en calidad de imputado por delitos relacionados con la corrupción el 22 de junio. Tras conocerse su imputación, dimitió de su cargo. En octubre, cuando dimitieron por la misma trama sus directoras del Instituto de Fomento de la Región (Info) y del Instituto de Turismo, así como jefe de Gabinete de la Consejería, Ruiz aseguró no haberse planteado dimitir, "lo haría si me afectara a mí", así como que está en el cargo "para solucionar los problemas" y si entendiera que su labor no ayuda a solucionarlos, "entonces me iría a su casa". Asimismo, declaró que esta trama no puede hacer daño a la Región y al partido porque "no hay trama".

Jesús Norberto Galindo. Secretario técnico del Instituto de Turismo de la Región de Murcia. Su carrera vinculada a la administración pública comenzó a finales de los ochenta, siendo director del Patronato Municipal de Turismo del Ayuntamiento de Los Alcázares. Después ha sido director de la empresa pública Región de Murcia Turística S.A., adscrita a la Consejería de Turismo; miembro del Consejo Asesor de Turismo de la Región; director del Centro de Cualificación Turística de Murcia, y gerente del Plan de Formación Turística, entre otros cargos. Además, ha colaborado en varios proyectos internacionales para el fomento del turismo. Tras conocerse su detención, fue suspendido de militancia en el PSOE.

Se encargaba de materializar el procedimiento público de contratación concertado para ser adjudicado a Alejandro de Pedro, articulando con éste la presentación de ofertas y la justificación del contrato, que son redactadas y facilitadas por él. Quedó en libertad con la obligación de comparecencia mensual.

Mariola Martínez. Es la directora del Instituto de Turismo de Murcia. Fue detenida por la Guardia Civil por su presunta implicación en esta trama. Su arresto se suma en la región de Murcia al del exalcalde de Cartagena entre los años 1991 y 1995 José Antonio Alonso, expulsado del PSOE. Martínez fue además edil del PP en Molina de Segura. Además, los agentes de la Benemérita habrían intervenido un documento del Instituto de Turismo de la Región sobre un contrato de una cuantía "no muy elevada". Quedó en libertad el mismo día de la detención tras declarar ante la Guardia Civil en la comandancia de Murcia. Un día después de su detención, presentó la renuncia a su cargo.

José Fidel Saura. Jefe de gabinete del consejero autonómico de Industria y Turismo de la Región de Murcia. También fue concejal del PP en el Ayuntamiento de Cartagena. El Gobierno regional aseguró que "que si fruto de la investigación iniciada desde el Ejecutivo regional o fruto de las actuaciones judiciales se deriva que alguna persona ha actuado fuera de la ley, será castigada contundentemente en el ámbito político y esa contundencia no es otra que la destitución". Al igual que Mariola Martínez, quedó en libertad el mismo día en que fue detenido tras declarar ante la Guardia Civil de Murcia. Un día después, renunció a su cargo.

Reyes SamperReyes Samper. Directora del Instituto de Fomento de la Región de Murcia. Fue citada a una comparecencia en las dependencias de la Guardia Civil de Murcia "para que aclarara algunos extremos referentes a las indicadas actuaciones", pero según su abogado "no está imputada en el procedimiento penal abierto, ni pesan cargos sobre ella, o al menos no se le ha notificado la existencia de los mismos". Con todo, dimitió de su cargo.

Samper salió de las dependencias de la Guardia Civil "en libertad, como en libertad había acudido y que no puede calificarse de provisional, pues es la misma que tiene cualquier ciudadano en plenitud de derechos", añadió su abogado.

Empresarios

David Marjaliza. Empresario vinculado a la gestión inmobiliaria se define en su página web como una persona "trabajadora, profesional, esforzada y sacrificada". Está considerado como el "conseguidor" de la trama y se encuentra en prisión incondicional.

'Cabeza' de un amplio entramado empresarial, núcleo de la organización criminal desmantelada. Se benefició de sus relaciones personales y políticas para lograr adjudicación irregulares para sus empresas y las de otros, por lo que recibía también comisiones. Creó un complejo entramado empresarial para ocultar los beneficios lícitos y delictivos de su actividad empresarial. Con ello intentaba dificultar que se le vinculara con las adjudicaciones que recibía en concierto con autoridades públicas y funcionarios corruptos.

"A pesar de los años continúo con la misma energía y ganas de mejorar cada día, de ahí surge esta web en la que os informaré de todos mis movimientos, negocios e inversiones", argumenta Marjaliza en su web, quien destaca la "profesionalidad" y  el "trabajo" como "las constantes que han marcado" su vida.

Ha sido gestor de lo mercantil y administrador de las empresas Centro de Radiología y Resonancia Magnética Abierta de Valdemoro S.L., Centro Médico Valdemoro Plaza S.L., Tiare Inizia S.L., Zambra Patrimonio S.L., Anahid Gestión S.L., Thupkal Games S.L., Herederos de Riaza S.L., Arauna Corporación y Consulting S.L., Inversiones y Estudios Urbanos S.A., Adema Gestión S.L., Servicios Logísticos Inmobiliarios S.L. y Lizamar S.L., según consta en su página web. En este espacio, el empresario indica que comenzó su carrera, "muy vinculada a la gestión inmobiliaria", a finales de los ochenta.

Dentro de las empresas controladas por Marjaliza también han sido arrestados su secretaria, Ana María Ramírez; sus administradores Antonio Cándido Ruiz y Antonio Serrano Soldado; el administrador de Walter Music José Luis Huerta Valbuena y el empresario de obra civil Eduardo de la Peña.

Alejandro de Pedro Llorca. Es el otro empresario "conseguidor" de la trama, también arrestado. Ha pasado por compañías como Tissat, Web to Web y Libertas Consultores S.A., todas ellas relacionadas con la consultoría de servicios y soluciones informáticas. En la última fue responsable la delegación en Valencia y de las cuentas de la Administración Pública en Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Teruel y Región de Murcia. Después pasó por otras empresas y en 2010 fundó EICO, una consultoría dedicada a la reputación e identidad digital de personas, organismos públicos y marcas privadas.

Fue responsable de la estrategia de posicionamiento para más de 50 candidatos en las elecciones municipales de 2011. no de los 'conseguidores' de la trama. Es también la 'cabeza' de otro importante entramado de tráfico de influencias alternativo al de Marjaliza. Presta servicios en Internet para 'prestigiar' autoridades políticas que, por no ser susceptibles de contratación administrativa, se pagan mediante procedimientos irregulares, sirviéndose de contratos públicos con otro objeto. Estos trabajos le abrían una red de contactos con autoridades que le facilitarían la contratación en otros sectores (para sí o para otros) en Murcia, León y Madrid. Se encuentra en prisión incondicional.

Dentro del entramado de Alejandro de Pedro han sido detenidos Francisco Javier Bueno González, trabajador de Madiva y el socio de Llorca y exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso Conesa.

Empresa Cofely. Cuatro altos cargos de esta empresa energética han sido detenidos en esta trama de corrupción. Según fuentes de la investigación a la Agencia Efe, los agentes han detenido a los directores general (Didier Maurice) y comercial de la citada empresa, radicada en Madrid, así como a otros dos altos cargos. Se trataría, según las mismas fuentes, de una de las empresas donde "pivotaría" toda la trama de corrupción municipal y autonómica investigada.

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