La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin
Los duques de Palma, paseando por las calles de Barcelona, en una imagen reciente. GTRES

El juez José Castro ha llamado a declarar a la infanta Cristina como imputada, por segunda vez, en el 'caso Nóos'. En un auto de 227 páginas, muy extenso para los cánones de imputación de una persona, el magistrado acusa a la hija del Rey de los delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales. Castro le tomará declaración el próximo 8 de marzo, en lo que supondría la primera declaración ante un juez de un miembro de la familia real española. Estos son las claves de la imputación:

1. ¿En qué consiste el 'caso Nóos'?
En el 'caso Nóos' se investiga desde 2011 por malversación de fondos públicos, falsedad documental, fraude y delitos fiscales al yerno del rey, Iñaki Urdangarin, y a su exsocio Diego Torres. Ambos están acusados de embolsarse 5,8 millones de euros a través de su Instituto Nóos (que se definía "sin ánimo de lucro") en sus 'negocios' con los Gobiernos de la Comunidad Valenciana y de Baleares, ambos del PP. Urdangarin puede ser condenado a penas que suman 23 años de cárcel y a una multa de 3,5 millones. Ni Urdangarin ni su socio hicieron frente a los 8,1 millones de fianza de responsabilidad civil que les puso el juez, que inició entonces el embargo de sus bienes, entre ellos el palacete que los Duques de Palma tenían en Barcelona.

2. ¿Por qué se imputa a la infanta?
El juez ha imputado a la infanta los delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal derivados del manejo del dinero procedente de los negocios de su esposo. La infanta Cristina poseía al 50% junto a su marido la sociedad Aizoon, a la que la investigación considera destinataria de un millón de euros del Instituto Nóos. Con cargo a Aizoon, por ejemplo, se pagó parte de la reforma del palacete de Pedralbes que la infanta y Urdangarin compraron en Barcelona. Durante la investigación, la Agencia Tributaria reveló que la infanta firmó un contrato de alquiler fraudulento en el que ella misma era arrendataria y arrendadora del palacete para generar gastos falsos de Aizoon y desviar fondos públicos del instituto Nóos. Todo esto se ha descubierto porque el juez ha estado nueve meses centrado en reconstruir una radiografía financiera y fiscal de la infanta. Se han rastreado cuentas corrientes, tarjetas, facturas, propiedades y declaraciones de la renta entre 2002 y 2012. Castro pone más ejemplos. ¿Para qué necesitaba Aizoon una vajilla de 1.700 euros?. Según el juez, "no resultará fácil convencer" de la conexión. 

3. ¿Qué penas conllevan los delitos imputados a la infanta?
El Código Penal señala que el blanqueo de capitales puede suponer una pena de cárcel de hasta seis años y una multa que puede ascender al triple de la cantidad del dinero blanqueado. El delito fiscal puede suponer un máximo de cinco años de prisión y una sanción económica de hasta el séxtuplo de la cantidad distraída a Hacienda.

4. ¿Por qué se la vuelve a imputar por segunda vez?
La duquesa de Palma no tiene un foro especial ante los tribunales. Esta es la segunda vez que el juez Castro la cita como imputada. La primera fue en abril de 2013. Entonces, el auto solo fue de 19 páginas y revelaba 14 indicios de complicidad entre la infanta y los gastos opacos y pocos transparentes de la sociedad patrimonial Aizoon. José Castro argumentó la necesidad de investigar y tomar declaración a Cristina de Borbón desde dos reflexiones: "Evitar que la incógnita [sobre el papel de la Infanta] se perpetúe" y no desdecir la máxima que establece que la "justicia es igual para todos". La Fiscalía recurrió esa imputación ante la Audiencia Provincial de Palma, que dejó sin efecto esa imputación, pero apuntó nuevas líneas de investigación para averiguar si la infanta pudo incurrir en posibles delitos fiscales y de blanqueo desde la empresa Aizoon. Es lo que ha hecho el juez desde entonces: conseguir nuevas pruebas que motiven el nuevo auto de imputación, de 227 páginas. Ahora, si la Audiencia de Palma no vuelve a bloquear la imputación y desautorizar de nuevo al juez, la infanta comparecerá en el juzgado número 3 de Palma el 8 de marzo.

5. ¿Qué nuevas pruebas aporta ahora el juez que no estaban claras en el primer auto de abril de 2003?
El juez instructor sostiene que la contabilidad de Aizoon, que en estos momentos preside la duquesa de Palma, "distaba mucho de ajustarse a la realidad". Y tilda de "fiscalmente opaco" el reparto de dividendos entre los dos titulares de la empresa familiar: la infanta y Urdangarin. Además, el auto deja claro que la infanta nunca tributó en sus declaraciones del IRPF los ingresos procedentes del reparto de dividendos fiscalmente opacos. Todo esto, más la reforma del palacete; los gastos de mobiliario y  particulares de la infanta, como un safari, cargados a la sociedad; la carta que Urdangarin envió el 7 de marzo de 2007 a su mujer en la que le decía que debía hacer constar en su declaración de patrimonio que las acciones de Aizoon valían 589.000 euros, y la emisión de facturas mensuales del autoalquiler del palacete, hacen pensar al juez que la infanta tuvo una participación "directa y consciente" en Aizoon.

6. ¿Qué argumenta el juez para su imputación?
El juez deja claro que es imprescindible escuchar a la infanta en sede judicial. "El anticipar que doña Cristina Federica de Borbón desconocía las actividades de su marido y la trascendencia penal de su actuar propio es tan precipitado como afirmar inexorablemente lo contrario, y en este momento procesal, lo único que se pretende es brindar a aquella la posibilidad de que personalmente, no a través del filtro de su dirección letrada, facilite explicación sobre determinados indicios objetivos de criminalidad, no fruto de una caprichosa lucubración", subraya contundente el magistrado.

Es decir, que el juez Castro apunta que Urdangarin "difícilmente" pudo haber defraudado a Hacienda "sin, cuando menos, el conocimiento y aquiescencia" de su mujer "por mucho que de cara a terceros" mantuviera "una actitud propia de quien mira para otro lado". Una forma de actuar que el magistrado considera irregular "por omisión", recalcando que no podría entenderse que la Duquesa de Palma no estuviera "alertada" del proceder de su marido, tanto por su "sólida formación" como por una intervención parlamentaria, en referencia a la efectuada a principios de 2006 por el diputado socialista Antoni Diéguez, en la que "se suscitaron dudas sobre las irregularidades del Instituto Nóos por beneficiarse de contrataciones públicas".

7. ¿Apoya el fiscal la imputación de la infanta?
No. Ni lo hizo en abril de 2013 ni lo hace ahora. El juez ha llamado a declarar a la infanta con la oposición abierta de la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y obviamente el abogado de Urdangarin y la defensa de Cristina. De hecho, el juez explica en el propio auto que ha tenido que hacer una argumentación especial de la imputación de la infanta, algo que no se exige con resto de ciudadanos. A su vez, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha apoyado al fiscal Horrach y ha explicado en varias ocasiones que no hay indicios para imputar a la Infanta y que no existe un trato de favor hacia ella.

8. ¿Por qué se opuso el fiscal?
El Fiscal Anticorrupción Pedro Horrach se quiso adelantar al juez y a mediados de noviembre registró un escrito, de 30 páginas, en el que sostenía que no existían indicios de delito en la actuación de la infanta en relación con los negocios de su marido. La "imposibilidad de concretar unos hechos con una mínima apariencia delictiva derivada de la inexistencia de elementos de prueba que la vinculen a los hechos objeto de investigación, sigue vigente a día de hoy. Si nada hay, nada se puede contar", señaló. La Fiscalía ya recurrió en la primavera de 2013 la primera imputación de la infanta.

9. ¿Qué argumentó el fiscal para negarse a la imputación de la infanta?
El fiscal ha negado que existan pruebas que avalen que la infanta conociera que Aizoon, la empresa común con su marido, era utilizada por este como una "sociedad pantalla" para defraudar. "Se trata de una especulación huérfana de sostén indiciario, que tendría cabida solo en el ámbito de la rumorología", señaló. Según el fiscal, la infanta empezó a hacer uso de los ingresos de Aizoon a partir de 2006, dinero que procedía de los cobros de Urdangarin por su participación y consultoría en consejos de administración de distintas empresas multinacionales y españolas. Por tanto, argumentó Horrach, la infanta no estaba gastando un dinero que procediera de actividades ilícitas. Es más, Horrach entiende que para imputar a la hija del Rey por un delito de blanqueo de capitales sería necesario un "mínimo indicio incriminatorio de que conocía el origen delictivo de los fondos de Aizoon".

10. La oposición del fiscal, ¿ha supuesto un enfrentamiento con el juez Castro?
Que las relaciones entre ambos se han deteriorado ya es público. En su auto de este martes, José Castro considera que Pedro Horrach ha perdido "las formas" en su alegato contra la imputación de la infanta Cristina al reprocharle a él, antes incluso de pronunciarse, guiarse por motivaciones ajenas a la legalidad. El juez asegura que ha tenido en cuenta "indicios objetivos de criminalidad" y no "caprichosas lucubraciones", y se queja de que para imputar a la infanta ha tenido que escribir "poco menos que un tratado de derecho procesal", cuando los juzgados de España realizan a diario millares de imputaciones sin que nadie se escandalice.

11. ¿Conocía la infanta que los fondos de Aizoon procedían de actividades ilícitas?
En el auto, el juez deja entrever que sí, al relatar que la infanta y su marido eran los dos únicos partícipes, al 50%, de Aizoon, que los dos únicos socios son cónyuges, que ambos se repartían temporalmente la presidencia de la entidad, que ambos contrataban personal a sabiendas de que los contratados nunca habrían de prestar servicios para la sociedad, que a esta se cargaban gastos personales del matrimonio, que compartían tarjetas de crédito y que el domicilio social se residenciara en el propio del matrimonio.

12. ¿Qué otras evidencias contra la infanta relata el juez Castro en su auto?
En primer lugar, el juez atribuye a la infanta la contratación "en negro" de su servicio doméstico y destaca que ella misma participaba en la selección del personal: "Si hemos de creer a los testigos, empleados del hogar familiar del matrimonio, y no hay de momento razón alguna para no hacerlo, en su contratación intervino personalmente Doña Cristina de Borbón y Grecia anunciando a los aspirantes, cuya situación irregular en España conocía aquella, que de ser contratados se les abonarían sus salarios en negro". Y en segundo lugar, el auto habla de las facturas referidas a la organización de eventos de carácter familiar como la fiesta de cumpleaños de uno de los hijos del matrimonio, una comunión o el aniversario de la misma Infanta. Según el juez Castro, "todo indica que Doña Cristina Federica de Borbón y Grecia debió participar activamente, como no puede ser de otro modo, en la organización y presupuestos de esos eventos de incontestable afección personal, si ella no los abonó de su propio peculio y debiera saber que tampoco lo hizo su marido, no pudo pasársele por alto que lo fueron por la entidad mercantil participada por ambos".

13. ¿Qué otras declaraciones han pesado sobre la imputación de la infanta?
El juez no solo hace referencia a los trabajadores de su servicio doméstico. También recuerda que la participación de la infanta en Aizoon con el 50% del capital tenía como objetivo, en palabras del notario que intervino en su constitución, "tener un escudo frente a Hacienda". Sería, sugiere Castro, "de una ingenuidad imperdonable que a Doña Cristina de Borbón se le ocultase [ese objetivo] y ni que decir tiene que, para ese caso, ella no lo adivinase y prestase a ello su tácita conformidad".

14. ¿Y las facturas de Aizoon que Hacienda dio por buenas y libraba a la infanta del delito fiscal?
El juez también ha criticado en su auto el papel de la Agencia Tributaria en este caso. La Agencia Tributaria, en un informe del 14 de noviembre, daba por buenas tres facturas falsas emitidas en 2007 por Diego Torres a Aizoon, que libraba a la infanta del delito fiscal. Lo más llamativo es que estos tres justificantes (por un importe total de 69.990 euros) Hacienda los había considerado "ficticios" en otro informe de junio de 2013. El juez Castro sostiene ahora que estas tres facturas son "falsas" y cuestiona claramente la actuación de la Agencia Tributaria por haberlas dado por buenas: "Este instructor no puede compartir el criterio de la Agencia Tributaria de calificar como deducibles, a efectos de liquidación del Impuesto de Sociedades correspondiente al ejercicio de 2007, gastos que sólo vienen pretendidamente amparados por documentos en los que concurren serias y graves irregularidades, indiciarias de delito".

15. ¿Tienen peso las imputaciones contra la infantas si no las avalan la Fiscalía y la Abogacía del Estado?
No mucho. Ni la Abogacía del Estado ni la Fiscalía apoyan la acusación. Al ser estos los perjudicados directos (la Abogacía defendiendo al Estado y la Fiscalía los intereses de los ciudadanos) de los supuestos delitos cometidos, si estos piden el archivo de la causa en lo que concierne a la infanta, la hija del rey podría librarse de sentarse en el banquillo de los acusados. Es lo que se llama 'doctrina Botín'. Fue dictada por el Tribunal Supremo en diciembre de 2007, cuando decidió avalar la decisión de la Audiencia Nacional y limitar así la acción de las acusaciones populares, a las que no se considera legitimadas para pedir la apertura de juicio oral cuando la Fiscalía y los perjudicados solicitan el sobreseimiento de la causa. "No puede abrirse juicio oral solo a instancias de la acusación popular, sino que es necesario que lo inste bien el Ministerio Fiscal, bien el acusador particular, el perjudicado directo", señaló entonces la Audiencia Nacional.

Botín y otros cuatro directivos del Santander estuvieron imputados por numerosos delitos fiscales como consecuencia de la comercialización por el banco de las denominadas cesiones de crédito. El juez apreció en 2004 que los hechos imputables a Botín y los otros responsables de la entidad eran "constitutivos de 138 delitos fiscales por cooperación necesaria o inducción, así como del delito de falsedad continuada en documento oficial”. Ninguno de los delitos estaba castigado con una pena superior a 9 años, por lo que el proceso tenía que tramitarse por el procedimiento abreviado en lugar del procedimiento ordinario. En el procedimiento abreviado no se puede llevar a juicio y condenar a un imputado solo con la acción popular, ya que es necesario que acuse el fiscal o una acusación particular. Lo que entonces exoneró al banquero Emilio Botín de ser juzgado puede salvar ahora a un miembro de la Familia Real.

16. ¿Qué va a hacer la defensa de la infanta?
Todas las partes tienen cinco días para recurrir. Miquel Roca, abogado de la infanta, ha señalado que presentará un recurso de apelación ante la Audiencia de Palma para evitar que Cristina tenga que acudir a declarar el próximo 8 de marzo. No todos piensan igual. El abogado penalista Jesús Maria Silva, que también defiende a la Infanta Cristina junto a Miquel Roca, ha abierto la puerta a no recurrir esta segunda imputación. "No descarto la posibilidad de que a lo mejor no recurramos, si tantas ganas tiene el juez de oír las explicaciones de la Infanta", ha aseverado Silva en declaraciones a los medios a las puertas del bufete de Roca i Junyent en Barcelona.

17. ¿Y la Casa Real?
La Casa del Rey ha expresado este martes su "respeto a las decisiones judiciales" tras enterarse "por los medios de comunicación" del auto de imputación de la infanta. El 5 de enero, en la entrevista concedida a TVE con ocasión del 76 cumpleaños de Juan Carlos I, el jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, afirmó que prefería no "especular" sobre el desenlace del caso Nóos, pero pedía que el juez Castro terminara pronto la instrucción de un sumario que "lleva ya tres años largos abierto" y cuya prolongación, según subrayaba, resulta "un poco un martirio" para la Corona.

La imputación de la infanta agrava aún más la perdida de apoyo ciudadano que ha sufrido la Monarquía en los últimos tres años, desde que conociera la apertura de la instrucción del caso. En el último CIS que se preguntó por la institución, los españoles la suspendieron con un 3,68. Otros sucesos, como la caída del rey en una cacería en Botsuana, de la que tuvo que pedir públicamente perdón, o los correos atribuidos a Urdangarin que aluden a supuestas gestiones del rey Juan Carlos ante empresarios y políticos a favor del Instituto Nóos, han dañado notablemente a la Monarquía. La mala salud del rey, patente en el último discurso de la Pascua Militar, unidos a otros escándalos como su amistad con la alemana Corinna o la supuesta herencia del rey en Suiza, tampoco han ayudado a mejor la imagen de la Corona.

18. ¿Cómo han reaccionado los partidos políticos al auto de imputación?
Ni el Gobierno ni el PP han querido hacer más comentarios más allá del respeto a "las decisiones judiciales". IU ha pedido que el Gobierno no ponga más "zancadillas" a través de la Fiscalía y que la infanta pueda declarar. CiU ha defendido la presunción de inocencia de la infanta y ha subrayado que "imputada no significa culpable". La portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, ha dicho que la "justicia debe ser igual para todos", lo que incluye el "derecho a la defensa".