El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha impuesto una fianza solidaria de responsabilidad civil de 8,1 millones de euros para el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y para su exsocio, Diego Torres, atendiendo así a la petición de la Fiscalía y del Sindicato Manos Limpias.

En un auto, de más de 500 páginas, se habla de "una actividad delictiva premeditada" al Instituto Nóos, el argumento que esgrimió el fiscal al solicitar la fianza. El magistrado les da un plazo de cinco días para el pago, desde el día siguiente a la notificación, si no, les embargará sus bienes. El magistrado ha acordado fijar la fianza para cubrir posibles responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse en su contra en esta pieza separada del caso Palma Arena.

El auto señala que el duque de Palma y su exsocio crearon la entidad porque si se presentaban mediante una compañía mercantil privada les estarían vedadas las opciones de acceder a financiación pública. Al aparentar que no perseguían fines lucrativos, el instituto permitía además al duque de Palma y a su exsocio "rodearse del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas", y evitar suspicacias por parte de terceros al financiarse básicamente con fondos públicos.

Castro considera además que los responsables de las administraciones públicas, de común acuerdo con los representantes de Nóos, tomaron decisiones administrativas "arbitrarias e injustas", que se adoptaron al margen de cualquier expediente administrativo para evitar obstaculizar la consecución ilícita de beneficiar a personas concretas. Los convenios firmados con Nóos obviaron deliberadamente la utilidad e interés público que debe presidir cualquier actuación administrativa, según el juez.

Según la agencia Servimedia, el juez atribuye a Urdangarin seis delitos — falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude a la administración y prevaricación— que podrían acarrear al yerno del Rey una condena de hasta 20 años de cárcel, además de multas e inhabilitaciones.

La fianza está destinada a garantizar que los imputados cumplen con la responsabilidad civil derivada de la hipotética condena que se derive del proceso judicial, pero también servirá para investigar el origen de ese dinero.

La cifra se ajusta a los 8.189.448 euros que habían solicitado la Fiscalía y la acusación popular que ejerce el Sindicato Manos Limpias. Por su parte, la abogacía de la comunidad autónoma de Baleares había solicitado que se fijara una caución de 3.498.014,81 euros. En el mismo auto, el juez solicita que Urdangarin y Torres indiquen si tienen antecedentes penales y, además, indica a la Comunidad valenciana la posibilidad de adherirse a la reclamación de fianza.

En el escrito en el que solicitó la fianza, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach atribuyó al duque de Palma y a su exsocio "una actividad delictiva premeditada" dirigida a apropiarse de fondos públicos mediante los convenios suscritos con los gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciana entre los años 2004 y 2007.

Horrach sostiene que Urdangarin y Torres deben resarcir a las arcas públicas por "la totalidad de los fondos públicos percibidos por el Instituto Nóos", más un tercio de esa cantidad, como es habitual en el cálculo de las responsabilidades civiles por posibles intereses y costas del proceso, hasta alcanzar los 8.189.448 euros.

El abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, alegó en contra de las peticiones de fianza y negó que en la instrucción se hayan detectado indicios de que su defendido haya cometido ningún delito ni de que se haya lucrado o causado "daño patrimonial de ninguna clase".

Pascual Vives entregó además al juez un informe pericial elaborado por un abogado del Estado que indica que los convenios firmados por el Instituto Nóos con las administraciones públicas se regían por el derecho privado y no requerían concurso público, de manera que cuestiona los posibles delitos de prevaricación y malversación.

Por su parte, la defensa de Torres calificó de "desatinada" la petición de fianza de las acusaciones y negó en sus alegaciones que el Instituto Nóos o sus responsables hayan cometido "acto ilícito de suerte alguna".

El desglose de la fianza que ha impuesto el juez y que se detalla en el auto es el siguiente:

Los convenios mencionados, según el juez, "son fruto de decisiones arbitrarias adoptadas mediante un ejercicio abusivo de poder, cuya finalidad era únicamente  beneficiar a una determinada entidad, al margen de  cualquier consideración de utilidad o necesidad pública".