El 20 de octubre de 2011 a las 19 horas, ETA daba un paso más anunciando el abandono definitivo de la violencia, un camino que había iniciado diez meses antes, en enero de 2011, declarando un alto el fuego permanente y verificable. Dos años después, ETA se encuentra en una especie de punto muerto decidiendo aún cómo gestiona y escenifica algún tipo de desarme (que no será total), a la espera de ver qué pasa con sus presos. No hay avances significativos, y transcurridos estos dos años queda claro que el anuncio del cese de la violencia fue un paso determinante, pero no definitivo.

En este tiempo, ETA no ha desmantelado sus estructuras ni entregado sus armas. Su capacidad operativa ha quedado reducida a mínimos. No solo por la presión policial (el último golpe de mayo de 2013 fue casi mortal), sino porque la propia banda ha reducido sus aparatos en pequeños grupos relacionados y muy estancos. "No necesita más, ni tiene muchos más miembros para tener una estructura más grande", señalan fuentes antiterroristas. Para vivir en la clandestinidad solo necesita un aparato logístico que proporcione documentación falsa, viviendas y coches robados. El dinero escasea, por eso su estructura en Francia y en otros países europeos ha quedado reducida a su mínima expresión. No obstante, señalan las mismas fuentes, la banda ha captado nuevos militantes de "manera puntual".

Todo gira ahora en torno a los zulos, sus depósitos de armas y explosivos. Todos esperan en breve un gesto de desarme, incluido la propia abertzale, que presiona a la dirección de la banda para que siga dando pasos y entregue las armas. Como ya publicó 20minutos.es a finales de septiembre, la intención de ETA es entregar entre siete y diez zulos, la mayoría ya quemados por las operaciones policiales. La disolución ya ni se contempla, inviable en estos momentos hasta que no se inicie un proceso de diálogo para hablar sobre los presos.

El Gobierno, por su parte, solo transmite un mensaje inequívoco: sigue firme en su posición de no dialogar con ETA, obviando los requerimientos de la banda para negociar los aspectos "técnicos" del desarme, que la organización terrorista desea tratar directamente con el Ejecutivo de Mariano Rajoy. De nada han servido las intermediaciones de los verificadores internacionales (a los que el Gobierno central no reconoce), alguna ONG y miembros de la Iglesia vasca.

La Comisión Internacional de Verificación (CIV), que dirige Ram Manikkalingam, y que llevaba dos años realizando labores de mediación con ETA y que había amenazado a la banda con dejar de hacer estas funciones en septiembre si esta no daba más pasos importantes, decidió seguir hablando con los interlocutores etarras. Pero esta comisión no quiere ser quién reciba las armas. Un escollo más.

En el ámbito de la política penitenciaria tampoco se han producido novedades en los últimos meses, en los que el Gobierno mantiene la fórmula que presentó en abril de 2012: facilitar la reinserción individual de los presos de ETA, bajo la condición de que se separen de la banda y se arrepientan, unas premisas que no acepta el colectivo de presos de ETA (EPPK). Pendientes de la resolución definitiva del recurso contra la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra la doctrina Parot, que podría excarcelar en un plazo pequeño de tiempo a unos 130 presos etarras. Interior y Justicia no han levantado la presión sobre las estructuras próximas a los reclusos, como demuestra la operación contra la plataforma Herrira del pasado 30 de septiembre.

En el plano político, dos destacadas piedras en el camino. Una ya vieja, la del líder de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi, que sigue encarcelado. Otra, el nuevo juicio que ha comenzado contra muchos de los dirigentes abertzales acusados de un delito de pertenencia a banda armada por la financiación de ETA a través de las "herriko tabernas".

De nada han servido los foros y las iniciativas de diálogo surgidas, que no han desbloqueado el 'proceso de paz'. En mayo, el Foro Social para Impulsar el Proceso de Paz, en el que intervinieron entidades y partidos como Sortu y el PNV, estableció un itinerario para intentar propiciar nuevos pasos tanto por parte de ETA como del Gobierno. Para ello, emplazó a la organización terrorista a acometer un proceso de desarme y desmantelamiento de sus estructuras militares, sin intervención del Estado, y abogó por la "reintegración" en la sociedad de los reclusos etarras de forma individual, tras renunciar a la violencia y reconocer el daño causado.

Mientras, los partidos vascos han intentado avanzar en acuerdos que construyan las bases de la convivencia futura, un afán que también ha quedado en suspenso. La Ponencia de Paz y Convivencia del Parlamento Vasco ha quedado aparcada después de que se descolgaran el PP y UPyD, primero, y el PSE-EE después, debido a que la izquierda abertzale no ha aceptado de manera expresa los principios pactados por los partidos en la legislatura anterior, plasmados en el llamado "suelo ético": reconocer la injusticia de la violencia, el daño causado, la dignidad de las víctimas y que el futuro sólo será posible con la desaparición de ETA.

Todas las miradas se siguen dirigiendo a Francia, donde se esconde la cúpula de ETA. ¿Qué pasos dará ahora la organización? Solo caben especulaciones, y la interpretación de algunas de sus palabras de su último comunicado: "No podemos aceptar que tengamos que renegar de nuestra trayectoria de lucha y asumir el relato de los opresores". De momento, se espera un nuevo comunicado de ETA en breve anunciando algún tipo de oferta de desarme.