El Plan Presupuestario enviado este jueves por el Gobierno a las autoridades europeas constata un ajuste de unos 8.000 millones de euros en el gasto y los ingresos de las comunidades autónomas para los ejercicios 2014 y 2015 (unos 4.000 millones cada año). El Ejecutivo, sin entrar en detalles, habla de "un mayor control de los gastos corrientes en bienes y servicios", algunos de ellos derivados de las compras centralizadas y otros ahorros en gastos de funcionamiento.

Fuentes del Ministerio de Hacienda han puntualizado que los informes enviados este jueves a Bruselas no añaden ningún recorte adicional a los ya explicitados en el Programa de Estabilidad remitido a la Comisión Europea esta pasada primavera. Junto a los ajustes de 0,8 puntos de PIB para las CC AA, se constataba además un ahorro en el gasto de unos 3.000 millones en empleo público, otros 1.000 millones de tijeretazo en gasto social, 2.000 millones en gasto de la Seguridad Social y otro recorte de 8.000 millones en ayuntamientos y administraciones locales. En total, el tijeretazo asciende a 16.092 millones. ¿Pero en qué partidas se concretarán esos ajustes?

A falta de un plan oficial detallado, economistas y analistas consultados por 20minutos apuntan a las partidas de Sanidad y Educación como seguros objetivos de los recortes. "Sanidad supone, de media, el 40% del gasto público de las comunidades autónomas; y Educación alrededor de otro 20%. Quieras o no tienes que recortar de ahí si la exigencia de ajuste es tan grande", señala a este diario un analista de finanzas de una administración autonómica.

"Si se quiere hacer un recorte de verdad, como el que se ha anunciado, te tienes que meter en Sanidad, Educación y Servicios Sociales. Aunque cada comunidad autónoma es diferente, los ahorros que se proponen y se han propuesto en general corresponden a medidas tomadas por la administración central. Las propias CC AA están llevando a cabo medidas como reajustes de personal, pero en general no se han concluido", explica este técnico.

A similares conclusiones llega José Ignacio Conde Ruiz, profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid y subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Aunque tal como señala, la cifra global de recorte enviada a Bruselas es un mínimo; la cantidad definitiva dependerá del cumplimiento del déficit en 2013 (fijado en el 1,3% del PIB para las CC AA).

Pese a que las previsiones del Gobierno siguen manteniendo que se cumplirán los objetivos de déficit público, es probable, según los analistas consultados, que se produzca una desviación de "un máximo de 0,5 puntos de PIB; si esto fuera así el recorte debería ser de hasta unos 5.000 millones adicionales", advierte Conde Ruiz.

Lo más preocupante del recorte es que el margen de actuación es cada vez más limitado. No se puede aplicar más a la inversión porque "ya está en el mínimo, desde el inicio ya ha caído más de un 60%; además, los intereses están subiendo, no como consecuencia de la prima de riesgo, sino porque la deuda es cada vez más elevada", explica Conde Ruiz, para quien una alternativa podría ser aumentar los ingresos, si bien con el actual sistema de financiación autonómico "parece claro que las CC AA no tienen capacidad para aumentar ingresos. Será necesario cambiar el sistema".

La cuantificación de los recortes para las autonomías llega en pleno debate sobre el modelo de financiación de las comunidades autónomas. A las polémicas reclamaciones sobre los altos déficit fiscales mantenidas históricamente por la Generalitat de Cataluña, que pide un modelo propio, se ha unido en los últimos tiempos los ejecutivos regionales de Madrid, Baleares y Comunidad Valenciana, entre otros.

El actual sistema de financiación no parece contentar ni a unos ni a otros; así, comunidades autónomas como Extremadura se han atrevido esta semana a desafiar la autoridad del Gobierno central, anunciando bajadas en el IRPF y ayudas a la natalidad.

El propio Ejecutivo de Mariano Rajoy prevé publicar próximamente las célebres balanzas fiscales (ejercicios teóricos que reflejan los flujos positivos o negativos entre los impuestos que se pagan y las inversiones e ingresos que se reciben en cada territorio), pese a las críticas explícitas de barones populares como José Antonio Monago y Juan Vicente Herrera, presidentes de Extremadura y Castilla y León, respectivamente.