El partido en el Gobierno, el PP, ultima una normativa en materia hipotecaria que pondrá fin a los llamados índices de referencia hipotecaria (IRPH) el próximo 1 de noviembre. La nueva norma, incluida en una enmienda dentro de la ley de emprendedores, contempla que tanto el IRPH de las cajas como el de los bancos dejen de estar vigentes y, en caso de que los contratos de los particulares no incluyan un tipo alternativo aún vigente, se sustituyan por el genérico IRPH para entidades.

A este nuevo tipo sustitutivo se añadirá además "un diferencial equivalente a la media aritmética de las diferencias entre el tipo que desaparece y el citado anteriormente", tal como refleja el texto de la enmienda al que ha tenido acceso este diario (ver documento adjunto). Es decir, que cualquier posible ahorro conseguido por el hecho de que este nuevo índice sea más bajo, se anula por el diferencial impuesto.

Esta medida "trata de evitar grandes modificaciones en el tipo final efectivo aplicable", explican desde la Asociación de Usuarios de Banco Adicae, que a su vez denuncian que en el caso de las hipotecas referenciadas al tipo de interés de la CECA (confederación de cajas) los usuarios se verán obligados a pagar intereses mucho más altos. Así, la eliminación de los IRPH, que en teoría implicaría intereses "mucho más bajos para el deudor", no supondrá ninguna ventaja en la práctica.

Así, según Adicae, aquellos deudores que tuvieran su hipoteca referenciada con el IRPH de la CECA y no tuvieses sustitutivo o éste también desaparezca pasarán a tener un tipo de IRPH de entidades, que actualmente está en el 3,2% y al que se le sumará un diferencial de entre el 1 y el 2. Un diferencial "no solo descabellado para ese índice sino completamente inusual en las hipotecas referenciadas al IRPH de Cajas o Bancos", explican. Esta imposición de un diferencial adicional ha sido calificado como una "puñalada barriobajera" por parte del colectivo de afectados por el IRPH, que lo tildan de una nueva posibilidad de "hacer caja" para las entidades.

La medida del Gobierno pone fin a una situación de "limbo" legal en la que se encontraban cientos de miles de hipotecados que tenían créditos referenciados a alguno de estos índices. Pese a que se había dado la fecha de caducidad al pasado 29 de abril, el Ejecutivo no había dispuesto aún un índice alternativo que fijara una cierta seguridad jurídica. Así, el próximo 1 de noviembre habrán pasado 552 días en los que los usuarios habrán estado pagando "índices ficticios", tal como los define Adicae.

Los usuarios de banca reclaman que, en el actual contexto de crisis, se aproveche la ocasión para establecer como sustitutivo el euríbor (tipo de referencia más habitual en las hipotecas) al que se le sumaría un diferencial "razonable de en torno al 1%". En esta misma línea se han expresado desde la asociación de afectados por el IRPH, con más de 5.000 miembros, y que han mostrado su "repudia absoluta" a la enmienda del PP y exigen el euribor+1.

"El IRPH de entidades, al igual que el de cajas, bancos y CECA es un índice manipulado. Desde la agrupación hemos denunciado esta situación a parlamentos, ayuntamientos, administraciones públicas, bancos, Gobierno... Nadie nos escucha y encima el Ejecutivo pone un diferencial que se embolsa el banco", denuncian desde la plataforma de afectados.