Las quejas investigadas

• Educación: La Defensora recibió en 2012 un aluvión de quejas por las bajas sin cubrir de profesores en centros educativos. También se ha hecho eco de la supresión de oferta formativa en institutos de Secundaria y FP, del "injusto" proceso de admisión de alumnos y de la polémica prueba de conocimientos y destrezas que se realiza a los alumnos de 6º de Primaria y 3º de Secundaria. Mientras, el informe realiza una mención aparte a las reclamaciones provocadas por el aumento de tasas para la matriculación de estudiantes, sobre todo por el tasazo en las escuelas infantiles.
• Sanidad: La mayor inquietud de los pacientes madrileños son las elevadas listas de espera para conseguir un diagnóstico del especialista o para entrar al quirófano. También protestan por la falta de pediatras, médicos y enfermeros en algunos centros de salud de la región; y por las restricciones en la fecundación in vitro en hospitales madrileños.
• Dependencia: Decenas de ciudadanos madrileños han pedido amparo a la Defensora por las deficiencias en la aplicación de la ley de dependencia. Entre otros asuntos, se quejan por el retraso en la recepción de las ayudas, las demoras en la valoración del grado de discapacidad o la excesiva burocracia en los trámites para acogerse a la subvención. De hecho, la institución realizó una petición oficial a la Comunidad para que agilice el papeleo.
• Vivienda: El Ivima (de la Comunidad) y las empresas municipales de la vivienda se han ganado el descontento de muchos ciudadanos. El Defensor ha recogido quejas por los desperfectos en pisos de protección pública, por la existencia de viviendas vacías sin adjudicar, el impago de las derramas por parte de los organismos públicos o la dejadez en el control de sus promociones a la hora de evitar que sean ocupadas ilegalmente. La eliminación del cheque-vivienda también ha suscitado la indignación de los vecinos.
• Pobreza y exclusión social: En Madrid, aumentan las personas sin techo y muchas familias se ven obligadas a ocupar casas vacías o a vivir en infraviviendas. Con este panorama, la Defensora abrió investigaciones por los desalojos de los poblados chabolistas de Puerta del Hierro y El Gallinero. Finalmente, reprendió al Ayuntamiento de Madrid por derribar infraviviendas sin prever la atención a sus habitantes y sin darles otra opción de realojo. Por otro lado, se hizo eco del cierre de centros para drogodependientes y de las dificultades de muchas familias para cobrar la Renta Mínima de Inserción (RMI).
• Contaminación y ruidos: En las reclamaciones destaca el hartazgo de los madrileños por los ruidos provocados por infraestructuras (como el caso de la A-5 al pasar por Batán), por terrazas de bares y restaurantes (más en el centro de la capital), y por locales e industrias que actúan sin licencia. Becerril pide a los ayuntamientos que tomen medidas para acabar con las actividades molestas. Sobre la contaminación por dióxido de nitrógeno, la Defensora sugirió a Botella que restrinja el tráfico en el centro y le recordó que debe colocar las estaciones medidoras en lugares donde haya polución, no en parques. El olor del vertedero de Valdemingómez es otra reclamación que nunca llega a solucionarse.
• Justicia: Los usuarios de los registros civiles continúan sufriendo largas esperas y el colapso del sistema, sobre todo en Torrejón, Getafe y Villalba, a juzgar por las reclamaciones ciudadanas. La Defensora exige que se implante ya un sistema eficaz de cita previa. También advierte sobre la precariedad de los juzgados, la saturación por falta de funcionarios y los recortes en la asistencia jurídica gratuita.
• Transporte: Los sucesivos tarifazos llevados a cabo por el Consorcio han molestado a los madrileños, a lo que se unen las quejas por el cierre de vestíbulos, la reducción del servicio y las dificultades en el canje de billetes. Otras protestas son la falta de ejecución de una estación de Cercanías en Soto del Henares o la construcción de un barrio en Getafe sin infraestructuras viarias básicas.