Las viviendas vacías son un reclamo para los ocupadores ilegales. En unos casos, quienes pegan la patada a la puerta son familias necesitadas de un techo. En otros, son grupos de personas que quieren ahorrarse el pago de un piso. La crisis ha acentuado el fenómeno de la ocupación ilegal. Y el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), con cientos de casas sin habitar por toda la región, se ha convertido en la diana perfecta. Hasta el punto de que el organismo público, dependiente de la Comunidad de Madrid, se está viendo desbordado por la ocupación masiva de pisos de su propiedad.

Decenas de edificios promovidos por el Ivima están siendo víctima de asaltos, según denuncia la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (Fravm). "Las comunidades de vecinos afectadas están cansadas de reclamar al Ivima, porque en muchas ocasiones las personas que ocupan provocan molestias, pero al final las quejas se quedan en nada y el Ivima no se responsabiliza, pese a que son sus propietarios", protesta Vicente Pérez, responsable de Vivienda de la Fravm. "La pasividad del Ivima es indignante. Nos dicen que no pueden hacer nada y, mientras, nosotros sufrimos los problemas de convivencia", explica Rosa María Pérez, de la asociación de vecinos de PAU de Vallecas.

Precisamente, este barrio nuevo de la capital es uno de los más castigados por la ocupación ilegal. Pero el fenómeno se extiende a cualquier punto de la región donde haya promociones del instituto regional. La mayoría de quejas proceden del Triángulo del Agua (Puente de Vallecas), Alto de San Isidro y Comillas (Carabanchel), Orcasur (Usera) o alrededores de los antiguos poblados A y B de Fuencarral; y de los municipios de Parla y Alcalá de Henares, según los testimonios de sus asociaciones de vecinos.

La desesperación vecinal llega al punto de que los habitantes de varias fincas están tapiando puertas y ventanas de casas vacías, con el objetivo de evitar que se metan allí a vivir. Es el caso, entre otros, del edificio situado en el número 22 de la calle Llano Castellano (Fuencarral). "El Ivima no se responsabilizaba de nada y veíamos que estaban entrando en todos los edificios de los alrededores. Así que no nos quedó otro remedio que poner ladrillos y hierros en las puertas. Así no entra nadie", apunta la presidenta de la finca, Paloma Hernández.

El propio Ivima es consciente de la entrada ilegal de personas en sus viviendas, pero reconocen que el número de ocupaciones les está desbordando. "Se intenta prevenir que entren y para ello hay equipos de vigilancia encargados de hacer rondas por edificios con viviendas vacías. Pero es una labor muy difícil: no puedes poner un vigilante en cada puerta", explica una portavoz de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda. En cualquier caso, se niegan a dar la cifra de pisos ocupados o vacíos, "para evitar el efecto llamada".

Una vez que se produce la ocupación, el Ivima tiene la obligación de denunciarlo, como propietario del inmueble. "Se presenta la demanda para pedir al juez el desalojo. Pero se trata de un trámite judicial demasiado lento. Depende de cada caso, pero pueden pasar meses e incluso años hasta que el juez dicta una orden de desalojo", relatan en el Ivima. Mientras tanto, la Comunidad "envía a los edificios con problemas de convivencia a los técnicos del Asivecam", un servicio encargado de mediar entre los vecinos y los ocupantes conflictivos.

El Ivima asegura que ellos son los primeros perjudicados por las ocupaciones ilegales, ya que "destrozan las viviendas y hay que gastar mucho dinero en reformas para poder adjudicarlas", según la portavoz regional. De hecho, la Comunidad ha encontrado una solución para reutilizar estas viviendas: un millar de ellas se van a ceder a Cáritas, que las repartirá entre familias desahuciadas de la región por un alquiler barato (unos 50 euros de media).