Poblado gitano en Córdoba, donde la Policía ha detenido a una pareja por obligar a su hija de 16 años a casarse por tercera vez.
  • La madre y el padrastro obligaban a su hija a casarse por el rito gitano, después de que hubiera sido forzada a casarse otras dos veces con anterioridad en Rumanía.
  • La primera vez que la obligaron contaba con tan solo 12 años.
  • Cuando era repudiada, volvía al domicilio paterno y los progenitores volvían a concertar un matrimonio a cambio de otra dote.
  • La menor ya tiene un hijo, fruto de su segundo matrimonio.
Una niña yemení, rodeada de mujeres con la indumentaria islámica integral.
  • Fue la propia familia de la niña de tan solo ocho años la que se la entregó al hombre que la violó  como esposa para deshacerse de ella y no tener que mantenerla.
  • Las autoridades yemeníes ya se han pronunciado y rechazan abrir una investigación por la muerte de la menor.
  • Este suceso no es aislado: en Yemen muchas familias obligan a casarse a sus hijas cuando son unas niñas para no mantenerlas y ganar dinero.
Cada año crecen los casos de matrimonios de conveniencia en España.
  • Todos los detenidos realizaban los enlaces a cambio de una remuneración económica de unos 13.000 euros.
  • Los matrimonios se realizaban en juzgados de Paz de localidades de Madrid y Toledo entre ciudadanos egipcios en situación irregular y ciudadanas españolas.
  • Con estos arrestos, el número total de detenidos en el marco de la 'operación Faraón' asciende a 157 desde 2015.
  • La Policía Nacional ha desmantelado una trama de matrimonios de conveniencia en Almería entre ciudadanos comunitarios y extracomunitarios en una operación que se ha saldado con la detención de seis personas y 33 investigados cuyo objetivo era solicitar el permiso de residencia de familiar comunitario de la Unión Europea para extranjero en situación administrativa irregular.
Una imagen del Registro Civil de Valencia.
  • Mujeres españolas recibían hasta 4.000 euros por casarse con nigerianos para regularizar su situación al contraer matrimonio con una ciudadana comunitaria.
  • Los inmigrantes pagaban entre 6.000 y 10.000 euros a la banda criminal.
  • Si alguno de los nigerianos no hablaba español, era suplantado en el Registro Civil por otro inmigrante que se le pareciera y sí hablara el idioma.
  • Los agentes se percataron de que en la mayoría de documentos coincidían tres domicilios de Valencia como lugar de empadronamiento.

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