El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha afirmado que se escandalizaría si la Agencia Tributaria (AEAT) no pudiera investigar a personas con relevancia social, "como ocurrió en ocasiones anteriores".

Así lo ha asegurado en el debate en el Congreso del real decreto ley por el que se convocan nuevas plazas de empleo público, entre otras para la AEAT.

Esta semana se ha conocido que el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato podría ser uno de los 705 contribuyentes que se acogió a la amnistía fiscal en los que la Agencia Tributaria detectó "indicios de blanqueo".

Montoro ha incidido en la autonomía e independencia de la Agencia Tributaria y ha recalcado que el Gobierno sólo interviene para tratar de mejorar sus medios, para apoyarla en su labor, cuando se la ataca desde fuera, y para estimularla en su trabajo en la lucha contra fraude.

"Y se les dice que deben acudir allí donde detecten posibles bolsas de fraude o indicios de delito, sin que les tengan que preocupar lo más mínimo los nombres de los posibles defraudadores, ni su actividad profesional, ni su relevancia social ni su afiliación política", ha precisado, sin mencionar ningún nombre.

El titular de Hacienda ha insistido, a renglón seguido, en que en la lucha contra el fraude "el respeto a la ley y el interés general están por encima de todo", incluyendo "los intereses políticos o electorales, los compañeros y los rivales, los amigos y los enemigos". "Que cada cual responda de sus actos", ha apostillado.

En este punto, ha criticado a quienes "se escandalizan" al conocer actuaciones de la Agencia Tributaria que implican a "personas de relevancia social". "A mí lo que me escandalizaría es que esas actuaciones no se hicieran, y que esas personas no pudieran ser investigadas, como ocurría en ocasiones anteriores", ha añadido, provocando un aplauso de sus compañeros de bancada.

Así, ha reiterado su convicción "firme" de que el Estado debe "poner todos los medios" a su disposición para "controlar y sancionar las conductas fraudulentas y delictivas, sean quienes sean las personas o empresas, entidades o instituciones, que las cometan".

Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha considerado "prematuro" acusar al exministro Rato de que el patrimonio por el que se acogió a la amnistía fiscal tuviera un origen "ilícito", ya que "de momento" no se sabe nada sobre la procedencia de ese dinero.

"Lo que se está investigando por el servicio de prevención de blanqueo de capitales es si el origen de esas rentas regularizadas es lícito o ilícito", ha dicho.

"De momento no sabemos nada; si tuviera un origen lícito pues no habría más que decir; si tuviera un origen ilícito seguramente se abriría una investigación de orden ya penal que tendría otra naturaleza, pero anticipar esa circunstancia es un poco prematuro", ha añadido.

El ministro de Justicia ha explicado que la regularización fiscal es un ejercicio de afloramiento de rentas sin prejuzgar el origen de ese dinero, aunque "es evidente" que "no excluye en su caso la responsabilidad penal que pudiese haber por el origen de los fondos".

En la regulación fiscal a la que se acogió Rato hubo "hasta 705 personas de lo que se considera, de acuerdo con la ley de blanqueo de capitales, personas expuestas políticamente, que son personas que tienen que ver con la política, con las instituciones públicas".

Según Catalá, él mismo, como todos los ministros o secretarios de Estado o cualquier ciudadano, cuando abre una cuenta en un banco la entidad "emite un informe al servicio de blanqueo de capitales para decir que este señor ha abierto una cuenta con 2.000 euros y ahí le pagan la nomina todos los meses".

"Lo normal -ha dicho-, lo cotidiano, es objeto de informe porque tenemos una legislación muy rigurosa para que las personas que estamos cercanas al ámbito de lo público tengamos una especial supervisión, hay una exigencia de transparencia y de ética singular". Catalá ha asegurado que "ese es el contexto en el que está el señor Rato en este momento".