Un informe jurídico de la Comunidad de Madrid da la razón a aquellos vecinos que durante el último año y medio han intentado ejercer en los plenos de sus ayuntamientos el derecho a la información amparado por la Constitución (artículos 20 y 21).

Según el texto, los vecinos pueden asistir a las sesiones municipales cámara en mano, en contra de las prácticas prohibicionistas adoptadas por numerosos alcaldes no solo de la región, sino de toda España.

Para justificarlo, se apoya en el derecho a la información recogido en la Constitución Española, la doctrina del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia establecida por, entre otros, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que el 27 de enero de 2009 garantizó "el derecho de los ciudadanos a poder grabar las sesiones del pleno", según la Comunidad.

Las únicas restricciones, insiste el informe, son aquellas relativas al respeto al derecho al honor, la intimidad y la propia imagen.

En concreto, recalca que los ciudadanos deberán tener garantizados sus derechos de acceso, cancelación y oposición y que los datos personales que lleguen a grabarse deberán ser "adecuados, pertinentes y no excesivos", según establece la Agencia de Protección de Datos regional. También recomienda que se avise de que los plenos van a ser grabados o retransmitidos a través de Internet.

Los argumentos y referencias legales que utiliza la Comunidad son los mismos que la plataforma Graba Tu Pleno viene utilizando para demandar una mayor transparencia.

El texto ha sido elaborado por la Dirección General de Cooperación con la Administración Local de la Consejería de Presidencia y Justicia en respuesta a la petición del concejal de Pelayos de la Presa (2.512 habitantes) Mario Cuéllar (PSOE).

El edil, miembro de este colectivo, llegó a ser expulsado del pleno por querer registrar la sesión. El pasado 19 de septiembre, consiguió su objetivo. La situación se ha repetido en otras ciudades madrileñas como Tres Cantos o Pinto, donde se amenaza a los asistentes con multas. En esta última localidad, miembros de la asamblea del movimiento 15-M decidieron denunciar a la alcaldesa por impedir la entrada a los vecinos con sus aparatos de grabación.

A juicio de Cuéllar, y aunque el informe de la Comunidad tiene solo carácter de "asesoramiento" a los municipios, el pronunciamiento sienta las bases de una mayor transparencia democrática.

"Muchos alcaldes tienen miedo a ser grabados porque sus ciudadanos pueden ver que se comportan como auténticos caciques. Lo que queda claro, y que venimos defendiendo desde Graba Tu Pleno, es que la Constitución garantiza a los españoles que no puede haber ningún tipo de censura previa. Si luego hay un mal uso de las imágenes, que se denuncie, pero no se puede prohibir a priori", comenta satisfecho.